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Misión

Proporcionar seguridad social a los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, garantizando derechos y beneficios que les permitan mejorar su calidad de vida.

Visión

Ser una Institución transparente, de vanguardia y con solvencia financiera, que garantice prestaciones accesibles y oportunas con calidad y calidez a sus afiliados, pensionados y beneficiarios.

  • Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en este ordenamiento.
  • Elaborar los planes y programas en relación a las prestaciones, servicios y operaciones de el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
  • Determinar y decidir las inversiones, las reservas actuariales y financieras que deban constituirse, para asegurar el otorgamiento de las prestaciones y servicios que establece esta ley.
  • Conceder, denegar, suspender, modificar o revocar las pensiones, en los términos de esta ley.
  • Autorizar las políticas para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios.
  • Examinar, aprobar o modificar, en su caso, el balance anual de la Institución, el que deberá remitir al Congreso del Estado, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, para su examen, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación.
  • Examinar y aprobar los presupuestos de ingresos y egresos de la Institución.
  • Conferir poderes, con las facultades que estime necesarias, y revocarlos parcial o totalmente.
  • Aprobar los reglamentos generales y particulares de la Institución, y de las operaciones que así lo ameriten.
  • Proponer al Ejecutivo del Estado los anteproyectos de reformas a esta ley.
  • Administrar los bienes y negocios de el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con plenas facultades de gestión, representación, administración y dominio.
  • Concertar las bases para la contratación de empréstitos y suscribir, por conducto de su Presidente, Tesorero y Director General, los contratos, títulos de crédito y documentos que se requieran para este fin.
  • Mandar hacer revisiones a las nóminas de las oficinas retenedoras, con el único fin de verificar la exactitud de los descuentos o cualquiera otra situación relacionada contablemente con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
  • En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el mejor gobierno de el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y cumplimiento de sus fines.
  • Cumplir y hacer cumplir la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, los reglamentos, los acuerdos del Consejo Directivo y demás normatividad aplicable.
  • En los términos de la normatividad correspondiente, proponer a la Dirección General las políticas, sistemas y procedimientos aplicables institucionalmente a la administración y cumplimiento de los programas, prestaciones y servicios que les correspondan en el ámbito de su competencia, e igualmente difundir dichas normas y vigilar su cumplimiento.
  • Acordar con el inmediato superior jerárquico sobre la resolución de los asuntos cuya tramitación y despacho se encuentre dentro de la competencia encomendada a su unidad, y proponer la celebración de los acuerdos y convenios que sean necesarios.
  • Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia, así como firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos del superior jerárquico y aquellos que emitan con fundamento en las facultades que les correspondan.
  • Proponer estrategias de información, educación y comunicación a los usuarios y al público, en materia de su competencia.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de pensiones, prestaciones por fallecimiento en activo, pago de gastos de funeral de pensionados, de préstamos de esquema hipotecario, préstamos a corto y mediano plazo, y cualesquiera otras prestaciones establecidas en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de promoción de vivienda en conjuntos, de valuación de inmuebles; de diseño, programación, supervisión y control de obra; de mantenimiento y administración de inmuebles y de control del patrimonio inmobiliario.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos a la administración de personal, la administración y suministro de recursos materiales y servicios y la administración de los centros de servicio de la Institución.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos a la Contabilidad General, Costos y Presupuestos, Administración de Fondos y Cobranza Administrativa.
  • Desarrollar un plan permanente relativo a la investigación de tecnología de punta en materia de informática y telecomunicaciones, así como al desarrollo de proveedores, derivando de ello los proyectos a realizar en el mediano y largo plazo con base en el diagnóstico y definición de las necesidades de la Institución.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos al Sistema de Salud en beneficio del personal, los pensionados y los beneficiarios de ambos, comprendiendo el control de vigencia de derechos y registro de asegurados, la administración de servicios médicos de primer nivel, así como la coordinación y supervisión de los servicios médicos subrogados de segundo y tercer nivel; los procesos administrativos necesarios para el control y validación de la facturación y el pago por los diferentes servicios y suministros.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar ye valuar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos a los estudios y proyectos jurídicos, la atención, manejo y conclusión de los procesos jurídicos y la cobranza jurídica judicial y extrajudicial.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos a los programas de la auditoria contable y la auditoria administrativa, aplicables a los procesos operativos y actuaciones de los servidores públicos de la Institución.
  • Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos al estudio de las variables económicas del país y del estado, los estudios actuariales, las estadísticas sobre los afiliados y pensionados, los estudios económicos y financieros sobre la cartera de inversiones, y los estudios de viabilidad financiera de los proyectos de inversión de la Institución.
  • Coadyuvar con la Dirección General y los niveles directivos a difundir la misión, programas y logros de la Institución entre su personal, las dependencias públicas, los servidores públicos, los pensionados, los proveedores y la sociedad en general.

Historia

Los Orígenes

El término Pensión tiene varias acepciones; por una parte se refiere a una renta anual que se imponía a una finca durante el medievo europeo; también se entendía como una cantidad anual que se otorgaba a una persona por méritos, servicios o por mera gracia que el señor feudal o emperador otorgaba de acuerdo a su voluntad y que en ocasiones incluía un auxilio económico para la realización de estudios científicos, literarios o artísticos, Pensión también podía significar un colegio para alumnas internas, o una casa particular que recibía a personas que pagaban una renta.

En el México Colonial era atribución del emperador español otorgar una pensión a sus colaboradores y vasallos. Sin embargo, fueron pocas las que aplicaron a los funcionarios importantes en virtud de que éstos recibían tierras mercedadas o derechos especiales para participar en diversos giros económicos. Ser español era suficiente para hacerse de bienes y poder retirarse sin agobios a la vida privada.

A partir de la Independencia, el gobierno mexicano asumió la facultad para otorgar pensiones de manera discrecional, sin un estatuto o ley que precisara las modalidades bajo las cuales se asignaría, sujetas a la voluntad del Ejecutivo o del Congreso y por lo tanto modificables de acuerdo a las circunstancias políticas imperantes en un momento dado. De esta manera los gobiernos liberales pensionaban a los familiares afines a su Partido, los conservadores, por su parte suspendían éstas y las otorgaban a los suyos. En general, solo se respetaron las pensiones otorgadas a los descendientes de los primeros héroes de la Independencia, y las de los militares de cualquier bando, en razón de la estructura corporativa que caracterizaba a dicha institución.

A lo largo del siglo XIX, el término Pensión estuvo presente en las leyes de Egresos e Ingresos de la federación y de los estados, y con él se referían a una serie de impuestos directos, como los que se aplicaban a las plantaciones de agave y azúcar, al mezcal, al azogue, a los naipes, a las fábricas textiles, etc., e indirectos para ciertos productos; de tránsito, bodegas, derechos de tercios en las ferias de San Juan, pensión de seguridad pública, sobre hipotecas y herencia, etc.; a través de los cuales se recaudaban los ingresos destinados al sostenimiento de la administración pública.

El primer pensionado por el Gobierno de Jalisco, fue el general Luis Quintanar; sin duda, el más grande impulsor del federalismo jalisciense durante los años de 1822 a 1824; movimiento político que contó con el apoyo de casi todas las provincias del país y cuya influencia fue decisiva para la adopción del sistema republicano, federal y popular. En reconocimiento a sus méritos el Congreso de Jalisco expidió el 24 de enero de 1825, el decreto No. 44 publicado por el vice-gobernador Juan N. Cumplido, el que otorgaba al "Exmo. General de División C. Luis Quintanar una pensión vitalicia de tres mil pesos anuales, como primer Gobernador que fue de este estado y principal caudillo del sistema Federal". El decreto señalaba además que dicho pago se haría en cuanto mejoraran las condiciones económicas del gobierno, y que, a la brevedad posible, se colocaría el retrato del general en el salón de sesiones del Congreso. (Colección de Leyes y Decretos de los Poderes del Estado de Jalisco, Tomo 3 primera serie, p. 451-452 edición Facsimilar, Congreso de Jalisco 1982, en adelante CLD.)

La primera Pensión por enfermedad la acordó el Congreso del Estado el 14 de abril de 1827, para el jefe político de Autlán, a quien por estar incapacitado se le pagaría la mitad de su sueldo; la otra la recibiría el jefe sustituto. (ídem, Tomo III, p. 43).

Los sucesivos cambios de gobierno, producto de los enfrentamientos entre los grupos federalistas y centralistas, y entre republicanos y monárquicos, eran un obstáculo para el buen funcionamiento de la administración pública. El carácter político que adquirían los nombramientos y las remociones de los funcionarios públicos, llevaban a éstos en períodos breves, del poder a las cárceles, y antes de que fueran sentenciados, los regresaban a su puesto, dependiendo de qué bando, en esos momentos apareciera como el vencedor.

Un primer intento para impedir que la incertidumbre política reinante, dejara sin funcionarios a la administración ante el temor de ser perseguidos y no contar con medios para su defensa, lo dio el gobernador José Justo Corro, el 6 de octubre de 1828, al promulgar el decreto 152 que señalaba en su artículo Primero: "Los empleados, procesados por cualquier delito, disfrutarán la mitad del sueldo que gocen, mientras dura su causa, siempre que no exceda del tiempo que debe durar el empleo que sirvan" (CLD, Tomo III, primera serie, p. 297-298).

Más adelante el 30 de abril de 1831 el gobernador José Ignacio Cañedo, al expedir el decreto 392, otorgó mayor seguridad a los empleados públicos, pues las plazas fueron decretadas perpetuas, salvo aquellos en que la Constitución fijaba un término para su duración, y nadie podía ser removido a menos que hubiera causa legal en su contra. Sin embargo, el Congreso previendo que la planta burocrática podría crecer demasiado y convertirse en una carga para las finanzas públicas, se reservó "la facultad de suprimir los empleos, o rebajar sus dotaciones cuando lo crea conveniente al bien del Estado" (CLD Tomo IV primera serie, p. 479-480.)

Durante la primera mitad del siglo XIX, el esfuerzo nacional estuvo enfocado a consolidar al país: Los proyectos liberales y conservadores excluían a la población indígena y la cultura criolla se erigió en hegemónico por sobre un pueblo pobre y analfabeto. A falta de Nación predominó el personalismo y el caudillismo, las estructuras republicanas dependían del apoyo siempre cambiante de los generales; a falta de partidos políticos, las logias yorkina y escocesa eran los instrumentos de lucha política. Epoca de subidas y bajadas del poder, de aplausos y repudios, de cambiantes circunstancias que permitían la fugaz entronización de los caudillos; de conspiraciones, planes y rebeliones militares, de alianzas inconcebibles y de permanente guerra civil, que impedía el desarrollo material del país.

No es de extrañar pues, que Luis Quintanar, el primer pensionado vitalicio del gobierno de Jalisco fuera también, el primero al que se le retira su pensión por razones políticas. En efecto, la crisis que agobiaba al gobierno de Vicente Guerrero, que llegó al poder mediante un golpe militar contra el general Manuel Gómez Pedraza, triunfador en las elecciones de 1828, fue aprovechada por el centralista y conservador, Anastasio Bustamante, para encabezar un movimiento armado que logró expulsar del poder a Vicente Guerrero; fusilando posteriormente al caudillo de la Independencia, gracias a la traición de Francisco Picaluga. Ante estos hechos, el gobierno de Jalisco se declaró en estado de alerta militar y se promulgó por el retorno de Gómez Pedraza a la presidencia de la República. En estos acontecimientos, Luis Quintanar se decidió por la causa de Bustamante y por ello, el gobernador José Ignacio Herrera, promulgó el 13 de febrero de 1822, el decreto 470 que señala:

Habiendo renunciado de hecho el Exmo. Señor General de División D. Luis Quintanar al carácter de caudillo de la Federación, se deroga el decreto número 33 de la Asamblea Constituyente del Estado: en consecuencia cesará de administrársele por la Tesorería del mismo, la pensión de tres mil pesos anuales, y se quitará el retrato que existe en el Salón de Sesiones de este Congreso alusivo al intento. (CLD, Tomo V, primera serie, p. 417-418).

Bustamante, que pretendía la desaparición del régimen republicano federal, no duró mucho en el poder; pronto se levantaron en armas el general Santa Anna en Veracruz, Mejía en Texas y Juan Alvarez en el sur. Por su parte, el gobierno de Jalisco el 14 de julio de 1832 promulgó el decreto 450, a través del cual desconoció a Bustamante; reconociendo a su vez a Gómez Pedraza como presidente de la República; y las fuerzas del estado, formaron tres columnas que atacaron diversas posiciones militares en Guanajuato, Michoacán y Colima. Finalmente Bustamante renunció y el Congreso Nacional llamó a Gómez Pedraza a cubrir los tres meses que le quedaban de su mandato legal.

A causa de esta conmoción militar, murieron en hechos de armas algunos jaliscienses que dejaron desamparadas a sus familias; el gobierno queriendo hacer menos penosa esa situación, expidió el decreto 474, a través del cual se otorgaba una serie de pensiones a las familias de los civiles y militares que perdieron la vida en defensa del estado. En el artículo Primero del decreto publicado por José Ignacio Herrera el 28 de febrero de 1833, señala:

...Que a todos los milicianos civiles del Estado desde la clase de soldados a sargento, que en defensa de los derechos nacionales vulnerados por el intruso gobierno general, y en el sostén del Decreto 450 fallecieron a causa de las acciones de guerra habidas en el año próximo pasado, se les abonaría por el Erario del mismo, las dos terceras partes de la paga de que disfrutaban según la clase en que servían al tiempo de su muerte. (CLD, Tomo V, primera serie, p. 352-353).

En el caso de oficiales de cualquier graduación, la pensión que recibirían sus familiares era la mitad de su salario; a los civiles voluntarios, de acuerdo a los recursos del gobierno se les asignaría una partida que en ningún momento podría ser superior al sueldo de capitán, o menor a la tercera parte de los; haberes de un soldado; los familiares de los empleados del estado recibirían la tercera parte del sueldo que disfrutaban. Las pensiones podrían perderse por traición a la Independencia Nacional y al Régimen Republicano Federal, por desobediencia grave a las leyes, por cambiar de residencia fuera del estado, por presentar documentos falsos para determinar el parentesco o por adquirir bienes suficientes para su mantenimiento.

Tanto Lorenzo de Zavala, como José María Luis Mora y Lucas Alemán, historiadores, críticos y protagonistas de primer orden de la historia de México durante la primera mitad del siglo XIX, coinciden al señalar a la "empleomanía" como uno de los principales problemas que aquejaban a la administración pública, caracterizado por la existencia de una burocracia que disfrutaba a la vez, de varios empleos remunerados. La "empleomanía" señala Mora, fue creada por el gobierno español y después de la Independencia ante el estado permanente de revolución que ha producido la ruina de muchas fortunas "ha hecho que muchos busquen su subsistencia en un empleo, y de aquí ha provenido esa prodigalidad en crear plazas, ese empeño en solicitarlas y esa conducta transgresiva de las leyes en proveerlas en otras que en las cesantes" (México y sus Revoluciones, Tomo I, P. 90, Editorial Porrúa, México, 1950)

La administración pública de Jalisco no pudo sustraerse a esta práctica de acumular empleos y el gobierno de Joaquín Angulo se vio en la necesidad de expedir el decreto 15 del 21 de enero de 1847 que señala que: "el Funcionario que acumulase dos o más empleos o encargos, que no sean incompatibles en su desempeño, de cualquier clase que fuere, no disfrutará de más sueldo que el de mayor dotación entre ellos". (CLD, Tomo, primera serie, p. 68).

La primera vez que en la legislación estatal aparece el término jubilación, fue el 25 de septiembre de 1847, cuando el gobernador Joaquín Angulo publicó el decreto número 66 relativo al Plan General de Enseñanza Primaria, el cual en su artículo 17 señala:

Los preceptores y preceptoras, con título en forma, tienen derecho a jubilarse con la tercera parte de su respectivo sueldo a los quince años de buen servicio; comprobado por el número de alumnos aventajados que hubieran salido de sus escuelas; a juicio y calificación de la Junta Directora, después de haber oído el informe escrito del Inspector General y por tres cuartas partes de votos a lo menos. En los mismos términos se jubilarán a los veinte años, con la mitad; a los veinticinco con dos terceras partes; y con sueldo íntegro a los treinta años. (CLD, Tomo X, primera serie, p. 381-382).

A los profesores que quedaran incapacitados sin tener todavía derecho a la jubilación, se les asignaría la tercera parte de su salario, siempre que así lo solicitara el Ayuntamiento respectivo y fuera avalado por el informe del inspector general, de acuerdo con la Junta Directora.

Resulta interesante en esta ley, que no bastaba haber cumplido ciertos años de servicio para poder disfrutar de la jubilación, sino que además era indispensable demostrar la calidad del trabajo desempeñado; sin este requisito, era improcedente. La intención del Congreso se manifiesta al distinguir entre la mera asistencia formal, y la calidad del trabajo desempeñado por los maestros.

Al año siguiente Joaquín Angulo da un nuevo paso para que el beneficio de la jubilación lo pudieran gozar un mayor número de trabajadores de la administración pública. Por acuerdo del Congreso del Estado del 22 de marzo de 1848, se autorizó al Ejecutivo para que pudiera jubilar a los empleados que habiendo prestado servicios meritorios y se encontraran impedidos para seguir trabajando, se les gratificara con la mitad o las dos terceras partes de su salario, "según su actividad, dando cuenta al H. Congreso con el expediente respectivo para su aprobación". El decreto fue publicado Con el número 76 al día siguiente de este acuerdo. (CLD, Tomo XI, primera serie, p. 104).

Pero una cosa era la buena intención de las Autoridades y otra la realidad económica y política que vivía el país; y la situación en esos momentos era verdaderamente lamentable pues la invasión norteamericana había triunfado y se estaban discutiendo los términos para formar el Acuerdo de Paz, por el cual México habría de perder más de la mitad de su territorio. La crisis que se derivó de esta catástrofe nacional impregnó a toda la estructura social, y la desaparición y pulverización del país fue visto como un hecho inminente. La búsqueda de soluciones de fuerza para mantener unido lo que en apariencia se desunía, hizo posible la instauración de la última dictadura de Antonio "pez de Santa Anna; más adelante ante el triunfo liberal, los conservadores mexicanos buscaron en Europa lo que ellos, consideraban la única posibilidad de salvar al país, la intervención francesa y la entronización de Maximiliano como emperador de México.

Entre tanto, estos hechos se van desarrollando en Jalisco, el gobierno tiene que apelar a un mayor número de impuestos para cubrir los gastos administrativos, incrementados en gran medida por la necesidad de mantener una grande y bien armada fuerza policiaca, en virtud de las innumerables bandas y guerrillas que asolaban al territorio estatal, provocando la alarma no solo de las poblaciones rurales, sino incluso, la misma capital llegó a sufrir la irrupción violenta de varias de estas bandas. El Gobierno de Jesús López tomó diversas medidas para reducir los gastos y una de ellas, el 31 de mayo de 1852, fue la derogación del decreto número 76 que facultaba al Ejecutivo para conceder la jubilación a los empleados de la administración (CLD, Tomo XIII, primera serie, p. 118-119).

Con esta medida todo lo poco que se había avanzado en materia de retiro laboral se perdió. A partir de este año y hasta 1867, la guerra de Reforma y la lucha contra la intervención francesa merecieron toda la atención y los esfuerzos de los mexicanos para recuperar la atención y los esfuerzos de los mexicanos para recuperar su independencia. El epílogo de esta dura experiencia que puso a prueba el carácter y la fortaleza nacional, tuvo como escenario el cerro de las Campanas donde Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados el 14 de junio de 1867 enterrando para siempre los sueños de una monarquía en México.

La paz trajo nuevos y muy graves problemas, pues de pronto había que desmovilizar a miles de mexicanos que habían luchado contra los invasores. El Gobierno Federal no tenía recursos para compensar adecuadamente sus servicios y cuando estos hombres volvieron a sus lugares de origen se encontraron con que no había fuentes de trabajo pues casi toda la estructura productiva se vió afectado por la guerra. De nuevo el campo se pobló de gavillas y el gobierno optó por tomar severas medidas represivas que sólo muchos años después lograron imponer una paz muy relativa.

En este contexto el gobernador de Jalisco, Antonio Gómez Cuervo, consideró que los soldados inválidos en la guerra extranjera merecían el reconocimiento y la atención del gobierno por su papel en la defensa nacional. De esta manera el 25 de diciembre de 1867, se promulgó el decreto 58 que señala:

Mientras se aprueba el presupuesto del Estado para que sean considerados en él los haberes de los inválidos, en las guerras de Reforma y de la Independencia, que ha mandado dar de baja el Gobierno General y que residen actualmente en esta Capital, el estado los adopta como guardia de honor en sus Supremos Poderes, y se autoriza al Ejecutivo para hacer que se suministren a los inválidos referidos, los haberes económicos de que disfrutaban por cuenta de la Federación (LCD, Tomo III, segunda serie, p. 46).

En el presupuesto de egresos del período de 1868-1869, se incluyó una partida de $20,260.80 como pensión anual que sería entregada a los inválidos de guerra; este grupo estaba compuesto por cinco jefes, nueve oficiales y 59 soldados a quienes se les entregaría una partida similar al sueldo que habían percibido en el ejército hasta antes de haber causado baja. El presupuesto incluye además 18 pensionados que en su mayoría eran viudas o madres de jaliscienses muertos en combate. Los nombres y las pensiones asignadas son las siguientes:

Nombres

Pesos

1

Viuda de Patricio Soto

57

2

Carlos Diéguez

600

3

J:M: Fons

600

4

Luisa rivas de Peña

600

5

Damiana Flores de Glez.

197.81

6

Librado Zambrano

98.75

7

Viuda de Virgilio Langlois

600

8

Rita Ortega de Cruz Aedo

720

9

Ignacia Torres Altamirano

300

10

Viuda de Ignacio Herrera y Cairo

2,000

11

Viuda de Sebastián Mercado

300

12

Fransisca Morales Vda. de Encarnación Reyes

360

13

Tranquilina Montes, Vda. de Jesús Sánchez

180

14

Juana Quiñones, Vda. del Cap. Martín Murillo

547

15

Idelfonsa Vázquez Vda. de Cap. Miguel Brizuela

900

16

Josefa Orozco de Ponce, madre de José Ma. Ponce

480

17

Antonio Rojas (Guardia Jubilado)

220

18

Antonia Peña, por el Alferez Francisco Peña Real

1315

Total

9,255.56




(CLD, Tomo II, segunda serie, p. 97 – 99)

El gobernador Antonio Gómez Cuervo, no obstante la severa crisis económica que vivía el estado pudo pagar al menos la pensión de los inválidos, quienes posteriormente se integraron a los pensionados por la Federación, pero no pudo hacerlo con los otros 18 pensionistas. Por su parte el gobernador Félix Barrón, al hacer entrega del gobierno al licenciado Ignacio L. Vallarta, en septiembre de 1871, señalaba como egresos del estado la cantidad de 20,260 pesos por los inválidos de guerra y como deuda del estado hasta el 15 de septiembre la cantidad de 12,996 pesos que no habían sido pagados, a los 18 pensionistas, considerados en el presupuesto. El gobierno de Vallarta (1871-1875) vivió una de las más graves crisis económicas que haya experimentado el estado de Jalisco aunado al hecho de que tanto la rebelión de la Noria, encabezada por Profirió Díaz, como la rebelión indígena de Manuel Lozada, exigieron grandes sumas de dinero para reforzar las fuerzas armadas y provocaron enormes pérdidas económicas a lo largo del territorio estatal. Vallarta gobernó casi todo el tiempo con facultades extraordinarias y en sus informes del gobierno no se mencionó en ningún momento la existencia de una partida de pensionados.

Esta situación angustiante también la vivió Jesús Camarena durante todo su período de gobierno (1875-1879); solo hasta junio de 1879, en el presupuesto de egresos de Fermín L. Riestra volvió a contemplarse una partida para pensionados. Para estos momentos, de los dieciocho considerados en el presupuesto de 1869 solamente quedaban once y todas las pensiones de 600 pesos o más fueron rebajadas a 300 pesos anuales; el resto osciló entre 240 y 198 peso anuales. (CLD, Tomo VIII, segunda serie, p. 291-293)

Sin embargo, en el siguiente presupuesto Riestra (1880) ya no incluyó una partida para pensiones y a partir del fortalecimiento del régimen porfirista, los retiros, pensiones y jubilaciones a los empleados públicos, quedaron a la buena voluntad del gobierno y de las influencias interpuestas; solamente los maestros mantuvieron su derecho a jubilación. Sin embargo, esta no escapó de las trabas que caracterizaron a la burocracia porfirista.

Del período de 1910 a 1914, los gobernantes de Jalisco, tienen a la Revolución como su principal problema y no hay tiempo ni recursos para pensar en un estatuto para los trabajadores públicos. Solamente Diéguez en el año de 1917, incluye en su presupuesto siete nuevas pensiones para maestros. Como la Constitución de 1917 no consideró a los trabajadores al servicio del estado, a partir de este momento, las pensiones a militares y civiles participantes de la revolución se entregarán como una decisión del Poder Ejecutivo de común acuerdo con el Congreso de la Unión, pero todos los casos siempre estuvieron condicionados a la militancia política y se excluyeron de sus beneficios a villistas, zapatistas y en general a todos aquellos que tuvieron diferencias con el bando constitucionalista.

La década de los veintes fue una etapa de resurgimiento de las fuerzas políticas regionales que en Jalisco permitieron el reforzamiento de vigorosos movimientos obreros y campesinos que se aglutinaron alrededor de la figura de Guadalupe Zuno. Fue también época de inestabilidad política de los gobiernos estatales, particularmente durante las administraciones de Basilio Vadillo y Daniel Benítez. Pero sobre todo, fue un período de intensa lucha política de las fuerzas jaliscienses contra los intentos del Centro por retomar el control político, lo que originó graves fricciones que culminaron con la declaratoria por el Senado de la República de la desaparición de los poderes estatales durante los gobiernos de Zuno y de Margarito Ramírez.

En medio de estas circunstancias, el presidente Plutarco Elías Calles, investido por el Congreso de la Unión, con facultades extraordinarias en las ramas de Guerra y Hacienda, expidió el 15 de marzo de 1926 la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales, mediante el cual se ponía remedio cuando menos en parte a la grave situación que vivían los veteranos de la revolución, pudiendo pasar a retiro en condiciones más favorables la tropa y la oficialidad que por sus servicios o su edad se acogieran a los beneficios de esta ley; en tanto que los familiares de los soldados muertos en acción recibirían una pensión, que aunque modesta, les permitiría reorganizar sus vidas sin tantos apremios económicos.

La ley prevía un abono o reconocimiento de antigüedad dependiendo de la fecha en que se hubieran dado de alta; quince años; para quienes lo tuvieran a partir del 20 de noviembre de 1910 al 30 de abril de 1911; trece años de antigüedad a los que se incorporaron a partir del 20 de febrero de 1913 al 31 de diciembre del mismo año; diez años a los incorporados del 12 de enero de 1914 al 15 de agosto de 1914; ocho años de antigüedad a los que se hubieran enlistado del 19 de mayo de 1911 al 19 de febrero de 1913. Este abono o antigüedad acumulado, solo podrían reclamarlo quienes no hubieran luchado contra el gobierno de Madero o contra el gobierno Constitucionalista.

La inutilización en acción de guerra o en actos calificados importantes por la Junta Calificadora sería causa de retiro obligatorio con goce íntegro de sus salarios; si los actos que produjeron la inutilización no sean equiparables a un hecho de guerra, pasará a retiro con el 90 por ciento de sus haberes. La ley plantea además las condiciones que deben cumplirse al retiro potestativo, esto es cuando no se cumplía aún la edad de retiro pero se habían prestado veinte años de servicios.

Los deudos de un militar muerto en acción de guerra o en actos equiparables, recibirían el 50 por ciento del salario que disfrutaba; la muerte en actividades no consideradas hechos de guerra solamente representaba el 25 por ciento del salario como pensión.

La pensión por retiro se perdía por traición a la Patria, rebelión contra las instituciones o por pérdida de los derechos ciudadanos. La pensión de los deudos se perdía, además de los señalados anteriormente, por ejercer públicamente la prostitución, porque la mujer viva el concubinato, porque los hijos varones lleguen a la mayoría de edad, porque las solteras se casaran y porque las viudas formaran un nuevo matrimonio. (Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales p. 21-36)

En Jalisco fueron los profesores los que lograron un gran avance en cuanto al mejoramiento de sus percepciones salariales, de seguridad laboral y de sus condiciones de retiro y otorgamiento de pensiones, a partir de la promulgación de La Ley de Escalafón del Sistema de Educación Primaria y Normal; del Reglamento de Retiro de las maestras encinta; de la Ley de Inamovilidad del Magisterio y sobre todo de la Ley de Pensiones, promulgadas por el gobernador Everardo Topete entre los meses de diciembre de 1938 y enero de 1939.

La Ley de Pensiones aprobada con el decreto número 4486 del Congreso del Estado el 30 de diciembre de 1938, otorgaba a los maestros el derecho a una pensión por jubilación, préstamos a corto- plazo, préstamos hipotecarios y pensión para los deudos de maestros fallecidos. De acuerdo a la ley, tenían derecho a pensión los profesores que hubieran cumplido 60 años de edad, y que hubieran laborado cuando menos veinte años, los que tuvieran 35 años de servicios; los profesores inhabilitados física e intelectualmente por razones de trabajo; los deudos de los profesores que fallecieran en cumplimiento de su trabajo; y los deudos de aquellos profesores con derecho a pensión que murieran sin haberla solicitado. El retiro era obligatorio al cumplir 65 años de edad, salvo cuando por actitudes y conocimiento del profesor, se estimara conveniente al bien público su permanencia en el servicio activo. (El Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Gobierno, Tomo CXLIII, martes 24 de enero de 1939, p. 3)

El monto de las pensiones se fijó de la siguiente manera: Para los profesores con 60 años de edad y veinte de servicio, y los que hubieran cumplido 35 años de servicio, la pensión sería igual al 2 y medio por ciento del promedio del sueldo en los últimos cinco años, multiplicado por el número de años de servicio; para los inhabilitados o que fallecieran en cumplimiento de sus obligaciones, la pensión sería de la mitad del sueldo que estuvieran disfrutando, La pensión se calculaba sumando todos los sueldos efectivos recibidos, sobre los cuales se hubieran cubierto los descuentos de ley, y sería pagadero mensualmente a los beneficiarios.

El Fondo de Pensiones se cubriría con descuentos forzosos a los salarios durante todo el tiempo que se estuvieran en servicio, atendiendo a la edad de los profesores. De esta manera los que tuvieran 18 años al ingresar a laborar, se les descontaría el 3 por ciento; a los 25 años el 3.35 por ciento, a los treinta el 3.60 por ciento; a los cuarenta el 4.10 y a los cincuenta el 4.60 y a los 60 años de edad, el 5 por ciento del salario (Idem p. 5)

Para evitar que pudieran dejarse de pagar las pensiones por falta de fondos, se estableció una partida de 10 mil pesos anuales durante los primeros tres años de la vigencia de la ley, pero en caso de que aún así, los fondos no alcanzaran el déficit sería cubierto por el gobierno (Art. 37)

A partir del Fondo de Pensiones los profesores tenían derecho a préstamos hasta por tres meses de salario, reembolsables en un plazo no mayor de diez meses cubriendo intereses que en ningún momento podrían ser mayores al 12 por ciento anual. los préstamos hipotecarios para profesores con tres años de antigüedad cuando menos, serían pagaderos en diez años y podían dedicarse a la adquisición de terrenos en zonas urbanizadas, pero su monto no podía exceder el 50 por ciento del valor del predio o la cantidad de tres mil pesos. Para construir o comprar casas podían prestarse hasta cinco mil pesos, pero además de la hipoteca, se exigía como garantía adicional, el 25 por ciento del valor comercial de la finca. También los particulares podían solicitar préstamos hipotecarios hasta por diez mil pesos, pagaderos a diez años y con un interés no menor del 12 por ciento anual (Idem p 6)

La administración del Fondo de Pensiones, correspondía a la Dirección General de Educación Primaria, Especial y Normal, que la ejercería a través de un departamento cuya denominación oficial sería: Departamento de Pensiones.

El personal indispensable del Departamento según la ley estaría formado por un jefe, un tesorero y un tenedor de libros. El jefe del Departamento tenía personalidad jurídica para realizar acciones legales para conservar el patrimonio de la Institución, así como para aplicar las disposiciones contenidas en la ley de Pensiones.

Finalmente, lo que sería el antecedente más significativo para la instalación de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, la ley de Pensiones Civiles fue promulgada por el presidente Miguel Alemán el 30 de diciembre de 1947.

Esta ley aplicable a los trabajadores de la federación, establecía para funcionarios, empleados y obreros que prestaban sus servicios en los organismos del Sector Público, los siguientes beneficios: Pensiones por vejez o inhabilitación; pensiones para los familiares de los trabajadores que fallecieron a causa del servicio; pensiones para familiares por muerte del trabajador pensionado; devolución de los descuentos para el Fondo de los trabajadores que se separaran del servicio, obtención de préstamos hipotecarios, quirografarios, propiedades o arrendamientos a precios baratos y con facilidades de pago de casas o terrenos de la Dirección de Pensiones. (Diario Oficial, órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, miércoles 31 de diciembre de 1947).

Todo estaba listo, para que los estados de la Federación promulgaran sus respectivas leyes de Pensiones en beneficio de sus trabajadores. Sin embargo en Jalisco, debieron pasar todavía siete años para que el gobernador Agustín Yáñez, finalmente promulgara el decreto 5904 del 28 de diciembre de 1953, que estableció la Ley de Pensiones Civiles para el estado de Jalisco.

Marco juridico y Proyecto social

El 30 de diciembre de 1953, el gobernador Agustín Yañez, promulgó el decreto 5904 mediante el cual se puso en vigor la Ley de Pensiones Civiles para el estado de Jalisco terminando de esta manera, con un largo período en que el otorgamiento de pensiones de retiro a los empleados públicos había sido un acto de buena voluntad de las autoridades Estatales, sujeto a innumerables cambios según marcharan las cuestiones políticas, los fondos del gobierno, los merecimientos o las buenas relaciones de los pensionistas.En su Primer Informe de Gobierno del 1ro de febrero de 1954, el gobernador Yáñez, señalaba que atento a los imperativos de justicia para con los trabajadores y funcionarios públicos, había promovido la creación de la Dirección de Pensiones como instancia oficial permanente a través de la cual se hicieran efectivos los derechos de los trabajadores, al margen de los vaivenes presupuéstales, gracias al establecimiento de un patrimonio destinado al otorgamiento de pensiones y otros beneficios como la adquisición de casas y préstamos con intereses módicos.La Ley de Pensiones Civiles expedida por el Congreso del Estado el 28 de diciembre de 1953, estableció el marco jurídico y operativo que normaría los derechos y obligaciones del estado para con sus trabajadores, así como las condiciones que deberían cumplir estos, para recibir los beneficios previstos en dicha ley.

Este primer estatuto constaba de 54 artículos, expresados en siete capítulos y cinco artículos transitorios que precisaban algunas cuestiones relativas al tiempo en que la ley entraría en vigor; sobre las condiciones que se aplicarían a las pensiones otorgadas anteriormente y sobre futuras modificaciones a la tabla porcentual a que se tenían que sujetar las nuevas pensiones. 1

1. Por el artículo primero de esta ley, se crea un organismo descentralizado, denominado Dirección de Pensiones del Estado, quedando desligada de esta manera del Departamento de Economía y Hacienda, al que queda sujeto sin embargo, en lo tocante a la realización de auditorías, revisiones y balances anuales.

 

Objeto y fines de la dirección de pensiones:

En el Capítulo I, Generalidades, que comprende los dos primeros artículos, se señala que esta ley "tiene obligaciones para los funcionarios por designación y empleados del Estado cuya relación jurídica está regida a virtud del nombramiento legal expedido por aquel" (Art. 1ro) Podían acogerse a sus beneficios también los funcionarios y empleados dependientes de Institutos o Patronatos descentralizados; así como los de los municipios del Estado (Art. 2o). los trabajadores y sus familiares tenían derecho de acuerdo a la ley, a los beneficios siguientes: Pensiones directas, devolución de descuentos, préstamos hipotecarios y quirográficos, lograr en propiedad o arrendamiento casas o terrenos propiedad de la Institución; así como aquellos beneficios que estableciera la ley.

En el Capítulo II, Administración y control, que comprende los artículos del 4o. al 10., se señala que la Dirección de Pensiones era una dependencia del Departamento de Economía y Hacienda encargada de la función administrativa y de control de los servicios intituídos por la ley (Art. 40) con personalidad jurídica para actuar en los tribunales en los juicios que iniciara o que fuera parte para el cumplimiento de sus obligaciones, consignadas en su estatuto legal (Art. 5o)

El artículo 6to señala que el jefe del Departamento de Economía y Hacienda, fungiría por ministerio de ley, como director de Pensiones, pudiéndose auxiliar a través de un subdirector en aquellos; casos en que expresamente le otorgara facultades. Al crearse la Dirección de Pensiones, ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Economía, el Lic. Francisco Medina Ascencio, quien de conformidad con lo expresado en el artículo anterior, fue el primer director de la Institución. Ocupó el cargo de subdirector, el Lic. Conrrado Cevallos.

Eran obligaciones y facultades del director de Pensiones: Aplicar las disposiciones de la ley; autorizar las operaciones de inversión del Fondo de pensiones; conceder y revisar las pensiones; nombrar el personal administrativo; conferir poderes a nombre de la Dirección; proponer el presupuesto de egresos al Ejecutivo del estado; presentarle cada año un informe del estado financiero de la dependencia; concurrir a la firma de escrituras y representar a la Dirección en toda garantía judicial, extrajudicial y administrativa; proyectar el presupuesto de gastos y salarios y conceder licencias a los trabajadores. (Art. 7o).

El capítulo III, Patrimonio, que comprende de los artículos 11 al 20., señala que el patrimonio de la Dirección de Pensiones se constituye de la siguiente manera: con las aportaciones que por ley correspondan al estado, municipios o instituciones acogidos a los beneficios de la Ley de Pensiones; por los descuentos obligatorios que se hagan a los sueldos de los empleados; por las utilidades obtenidas en operaciones e inversiones que realiza la Dirección; con el importe de las pensiones, descuentos e intereses que prescribieran en los términos de la ley; por el producto de las sanciones impuestas, por las donaciones, herencias;, legados y fideicomisos que se realizaran en favor de la Dirección; y por cualquier operación mercantil que resultara de beneficios para la Institución (Art. 11).

1. Por parte del Consejo local firmaron el decreto los diputados José Parres Arias, como presidente de la Cámara, y Francisco Espinoza Sánchez y Enrique García Ruíz, como secretarios. El licenciado Alberto Fernández era el secretario general de gobierno.

Para la formación del Fondo de Pensiones, se estableció un descuento forzoso a todos los beneficiarios, del 5 por ciento de sus sueldos, honorarios y percepciones; por su parte el estado, los municipios y las dependencias descentralizadas cubrirían un 2 y medio por ciento adicional sobre el sueldo de sus empleados; el fondo así constituido era inembargable (Art. 12). Los trabajadores que tuvieran varios empleos sufrirían descuentos en todos los ingresos recibidos (Art. 13), pero en ningún momento la contribución a dicho fondo significaba la obtención de derechos sobre el mismo, solamente el de gozar de los beneficios previstos por la ley (Art. 20).

El manejo y control del Fondo quedaba bajo la responsabilidad de la Dirección de Pensiones que podía llevar incluso su propia contabilidad, quedando sujeta sin embargo a la auditoría que el Departamento de Economía y Hacienda realizara en el momento que considerara oportuno (Art. 18).

En el Capítulo IV, Del Fondo de la dirección, que comprende los artículos del 22 al 40., se expresan las operaciones a que puede destinarse dicho fondo en la otorgación de beneficios a sus afiliados, tales como préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios y casas para los trabajadores.

Para obtener un préstamo a corto plazo, la ley señala que el trabajador debería tener cuando menos seis meses de nombrado; el monto autorizado era el de un mes y medio del sueldo que disfrutara el solicitante, los abonos y descuentos no deberían exceder del 50 por ciento del salario; el pago se cubriría en 8 quincenas; el préstamo causaría un interés del 6 por ciento anual sobre saldos insolutos y no podría otorgarse un nuevo préstamo hasta cubrir totalmente el anterior; finalmente en todos los casos el solicitante debería contar con el aval de otro empleado (Arts. 22 al 30).

Los préstamos hipotecarios podían concederse a todos los empleados que tuvieran más de seis meses de servicio y el importe del mismo no podía exceder de quince mil pesos, o del 65 por ciento del valor comercial de la finca. El plazo máximo para cubrir el adeudo era de diez años, en abonos quincenales, cubriendo además un interés del 8 por ciento sobre saldos insolutos (Arts. 31 al 37).

Cuando la Dirección de Pensiones pudiera adquirir o construir casas para los empleados al servicio del estado, para poder adquirirlos deberían seguirse las reglas siguientes: Sólo podía tomarse posesión de la finca cuando se hubiera firmado el contrato de compraventa con garantía hipotecaria en favor de la Dirección; el plazo para cubrir el valor del inmueble no sería mayor de diez años; los gastos de escrituración e impuestos correrían a cargo de los trabajadores; las casas adquiridas quedaban exentas de todos los impuestos estatales y municipales por un lapso de diez años y no podrían ser embargadas mientras se conservaran como patrimonio del beneficiario. En casos de violación a la ley cuando los inmuebles fueran enajenados antes de concluir su liquidación, la Dirección podía dar por vencido la totalidad del adeudo con todas las consecuencias legales que tal hecho implicara. los pensionados también podían gozar de los beneficios de la ley y adquirir casa o terrenos para la construcción de la vivienda. (Arts. 38 al 40).

En el Capítulo V, Pensiones por retiro, que comprende del artículo 41 al 5l., se establecen los requisitos y la tabla del tabulador porcentual a que se sujetarían las gratificaciones que recibieran los trabajadores pensionados por jubilación, incapacidad o retiro voluntario.

Para tener derecho a la jubilación el trabajador debería tener 60 años cumplidos y haber contribuido al Fondo de pensiones cuando menos por tres años consecutivos; o por haber desempeñado sus labores por treinta años. En este caso el monto de la pensión representaría el 60 por ciento del sueldo que se había percibido.

Los trabajadores que hubieran cumplido 55 años de edad y hubieran contribuido al Fondo cuando menos quince años; recibirían una pensión equivalente al 40 por ciento del salario que percibían. la Pensión aumentaba conforme los años trabajados y al cubrir veinte de servicio se tenía derecho al 49 por ciento del salario; al cubrir 25 años al 54 por ciento del salario y el 60 por ciento del salario, al cumplir los treinta años de servicio.

Los trabajadores que tuvieran varios ingresos serían pensionados con el sueldo más elevado; aquellos cuyos ingresos no estaban sujetos al régimen de salario fijo se tomaría como base el 50 por ciento de sus percepciones anuales cuando no llegaran a cinco mil pesos mensuales, y del 35 por ciento si el promedio sobrepasara dicha cantidad.

La pensión sería pagada en entregas quincenales, y no podía ser embargable, enajenada, cedida o sujeta a gravamen alguno.

En el Capítulo VI, Devolución de cantidades, que comprende los artículos 52 y 53., establece que cuando un trabajador que sin tener derecho a pensión se separe definitivamente del servicio, tiene derecho a que se le devuelvan los descuentos que se le hubieran hecho, pero en caso de que tuviera adeudos con la Dirección podrían se aplicados al pago del saldo correspondiente.

Finalmente el capítulo VII, Régimen supletorio, que comprende solamente al artículo 54., señala que en todo aquello no previsto por la Ley de Pensiones Civiles; se acudirá a las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado, así como a los preceptos generales del Derecho Administrativo.

El proceso de reformas, la ley del 28 de julio de 1965

La ley de Pensiones se mantuvo en vigencia durante doce años sin cambio alguno, la primera de varias modificaciones que habría de experimentar a lo largo de los 47 años transcurridos desde su expedición, la llevó a cabo el gobernador Francisco Medina Ascencio a partir del decreto 8087 del Congreso del Estado del 28 de julio de 1965. esta nueva ley contiene 62 artículos, y siete transitorios; pasa de siete a nueve capítulos y las modificaciones sustanciales se refieren al régimen administrativo de la Dirección de Pensiones, a la incorporación voluntaria de trabajadores no dependientes de la administración pública, y a institución de seguros de vida para proteger el pago de los préstamos hipotecarios. 2
En el Capítulo II, Administración y control, se establecen las bases de la nueva estructura de la Institución: En primer lugar el director, que era el jefe del Departamento de Economía es sustituido en las funciones de administración y control de los servicios por un Consejo Directivo integrado por dos representantes de los trabajadores, siendo uno de ellos por ley, designado por la Sección Estatal del Sindicato de Maestros; dos representantes del gobierno del Estado y un representante designado por el Centro Bancario de Guadalajara. Los miembros de este Consejo realizarían sus funciones de manera honorable durante tres años. Se nombraría además un suplente por cada miembro propietario del Consejo.Los acuerdos serían tomados por mayoría de votos y en caso de empate el presidente del Consejo tenía voto de calidad. La presidencia debería recaer en uno de los representantes del gobierno por mayoría de votos.La ley señalaba como facultades del Consejo Directivo, las siguientes:.- Cumplir y hacer cumplir la Ley de Pensiones; administrar los negocios y bienes de la Institución; autorizar la realización de operaciones e inversiones del fondo; otorgar o revocar las pensiones; nombrar al personal conociendo previamente la opinión del director; formular y aprobar los reglamentos generales y particulares de la Institución; revisar los estados de cuenta; conferir poderes; discutir y aprobar el presupuesto; conceder licencias a los consejeros; gestionar las reformas a la Ley de Pensiones; y realizar toda clase de actos orientados a mejorar la administración.Los acuerdos del Consejo serán cumplidos por un director designado a través del gobierno del Estado. El director no era miembro del Consejo; podía asistir a las sesiones pero no tenía voto, sólo voz informativa. Eran obligaciones del director: Ejecutar los acuerdos del Consejo; informar anualmente de las actividades realizadas; formular proyectos de inversión; proyectar el presupuesto anual; proponer al personal; informar al gobierno de la contabilidad y el estado financiero; estudiar y proponer pensiones, representar a la Institución ante los tribunales; despachar los acuerdos y la correspondencia del Consejo; someter al mismo las reformas necesarias a los reglamentos o disposiciones; acompañar al presidente del Consejo a la firma de escrituras públicas; vigilar el desempeño del personal y convocar a las sesiones del Consejo.El Capítulo III, Patrimonio, no sufrió modificaciones sustanciales. En el IV; del Fondo de la dirección, el monto de los préstamos a corto plazo pasa de un mes y medio, a tres meses del salario percibido por el trabajador, el plazo para su pago se amplía de 8 a 24 quincenas; y el interés causado se mantiene al 6 por ciento sobre saldos insolutos.En relación a la obtención de préstamos hipotecarios, se mantienen las condiciones previstas en la ley de 1953, el monto máximo del préstamo pasa de quince a treinta mil pesos, pero la ley contempla las posibilidades de que dos pensionistas solidarios respalden al solicitan- te y pueda en consecuencia, otorgarse un préstamo que no rebasará los 90 mil pesos. El plazo de pago se mantiene en diez años y el interés causado en el 8 por ciento anual sobre saldos insolutos.En lo referente a la adquisición de casas habitación para los trabajadores no hubo modificaciones y solamente en la otorgación de pensiones por haber cumplido sesenta años o prestado servicios por treinta, el monto de la pensión, pasa del 60 al 85 del sueldo que se percibía. El resto de las pensiones sin modificación alguna.El Capítulo VI, Ampliación de los beneficios de este ordenamiento a los trabajadores en general, prevee la incorporación voluntaria de los trabajadores no dependientes de la administración pública, los cuales previa solicitud, se obligaban a aportar el 5 por ciento de sus salarios mensuales.Estos afiliados tenían derecho a préstamos hipotecarios y a la devolución del fondo acumulado con sus aportaciones. 1,os préstamos a corto plazo se les otorgaban hasta por la cantidad que tuvieran en su fondo, cubriendo un interés del 8 por ciento anual sobre saldos insolutos; en el caso de créditos hipotecarios el interés sería del 10 por ciento.El Capítulo VII, Contratación de seguros, es también una novedad en la ley y se refiere a la facultad de la Dirección de Pensiones, "para gestionar o adquirir directamente, seguros de vida para los adquirientes o prestatarios de bienes inmuebles, bajo garantía hipotecaria y que sirvan para garantizar el pago total de los saldos insolutos y su interés, en caso de fallecimiento del beneficiario"(Art. 59)Al rendir su Primer Informe de Gobierno el lo de abril de 1966, el Lic. Francisco Medina Ascencio, respecto a la modificación de la Ley de Pensiones, señaló que a partir de ese momento, se abrían los beneficios de esa Institución a todos los trabajadores libres, tanto a los que laboraran en empresas privadas como los que no tuvieran patrón "dando con esto un paso trascendental en el auxilio de las clases que estaban fuera del beneficio de otros organismos de servicio social". 3Según Medina Ascencio, el hecho de que un número importante de trabajadores tuviera acceso a préstamos a corto plazo e hipotecarios, venía a contribuir un poco a la gran necesidad insatisfecha de crédito que demandaban los trabajadores para la construcción o adquisición de viviendas. Pero aún esta acción era insuficiente por lo que Medina Ascencio hizo un llamado a los patrones "para que con un alto espíritu patriótico y estricto sentido de justicia social, nos ayuden a darle vivienda al que no la tiene ... 4

2. Por el Congreso firmaron el decreto los diputados Carlos González Guevara como presidente, Genaro Cornejo Cornejo y Salvador Orozco Loreto como secretarios de la Cámara. Era secretario general de gobierno el Lic. Efraín Urzúa Macía

3. Primer Informe de Gobierno del Le. Francisco Medina Ascencio en: Jalisco, Testimonio de su gobernantes 1960-1971, investigación, compilación y-notas de Aída Urzúa Orozco, y Gilberto Hernández Z., UNED, Gobierno de Jalisco, 1989, Tomo V p. 137-138.

4. Idem. p. 138

 

La ley de 20 de enero de 1977

Un mes antes de concluir su mandato, el Lic. Alberto Orozco Romero promulgó el decreto 1559 del Congreso del Estado, que reformaba por segunda ocasión, la Ley de Pensiones del Estado. Este estatuto enunciado en 62 artículos y cinco transitorios, al igual que la primera de Agustín Yáñez, constaba de siete capítulos a saber: I. Disposiciones Generales; II Administración y Control; Patrimonio; IV Préstamos a Corto Plazo que sustituye al original, denominado del Fondo de la Dirección; V Jubilaciones y Pensiones que sustituye al llamado Pensiones por Retiro; VI Devolución de Cantidades y VII Régimen Suple- torio. 5 La reforma según Orozco Romero perseguía dar facilidad y agilidad en el otorgamiento de los beneficios, disminuyendo los requisitos y aumentando los montos de los créditos. 6Por el artículo primero de la ley, la Dirección de Pensiones fue definida como el organismo público descentralizado autorizado para "la realización y cumplimiento de objetivos de seguridad social para los servidores públicos, contando con personalidad jurídica y patrimonio propio y capacitado para decidir, actuar, gestionar y contratar en materias propias de su competencia, teniendo como domicilio la Capital del Estado".Eran sujetos de esta ley todos los funcionarios y empleados de los Poderes del Estado; los servidores de instituciones y organismos des- centralizados de carácter estatal que no estuvieran afiliados a un régimen distinto de seguridad social. Las leyes anteriores hablan de los ayuntamientos pero no especificaban las condiciones para incorporarse al régimen de Pensiones. En esta ley de 1977, se señala que los trabajadores municipales del Estado serán incorporados a solicitud expresa del ayuntamiento respectivo, previo acuerdo del Consejo de la Dirección de Pensiones.El artículo 3ro prevé por primera vez, la posibilidad de que funcionarios estatales de elección popular pudieran convenir de manera particular las condiciones para su ingreso al régimen de Pensiones. En el artículo 4o., se declaran excluidas todas las personas cuyos cargos y sueldos no estuvieran consignados en los presupuestos de egresos o estándolo prestaran sus servicios de manera eventual o por contratos por tiempo definido.Las prestaciones siguen siendo las mismas que las previstas en las leyes anteriores; pensiones directas, devolución de descuentos, préstamos hipotecarios y quirografarios, crédito para adquirir casas construidas por la Dirección de Pensiones y arrendamiento de habitaciones pertenecientes a la institución.A lo largo de sus 24 años de existencia, la Dirección de Pensiones no había alcanzado aún la autosuficiencia financiera y en repetidas ocasiones hubo de recurrir al gobierno del Estado en demanda de auxilio económico para cumplir con sus obligaciones. Esta situación se previene en el artículo 11 que señala: Que cuando las aportaciones ordinarias en favor de Pensiones del Estado, "así como los productos y recursos propios que se disponga no sean suficientes para cubrir los servicios y demás obligaciones a su cargo, el déficit que se presente cualquiera que sea su monto, deberá absorverse oportunamente por las entidades públicas y sus servidores, los organismos coordinados, descentralizados y sus trabajadores en la proporción en que a cada uno de ellos les corresponda".El Capítulo II, Administración y control, señala que el gobierno y la administración de la Dirección de Pensiones estarán a cargo de un Consejo Directivo y de un director general. La integración del Consejo se realizará de la siguiente manera: Dos representantes del Gobierno del Estado nombrados por el gobernador, de los cuales uno sería el presidente del Consejo y el otro, director general de la institución. Por primera vez se incluye un representante del ayuntamiento de Guadalajara como miembro del Consejo, en virtud del número de afiliados que había aportado la Dirección de Pensiones. Formaban el Consejo además: Un representante de los servidores públicos nombrado por la Federación de Sindicatos de los 'Trabajadores al Servicio del Estado y un representante de los maestros designado por la Sección Estatal del Sindicato. Los miembros del Consejo no deberían estar desempeñando ningún cargo de elección popular o de dirección sindical.Las atribuciones del Consejo y las obligaciones del director general no sufrieron modificaciones respecto a la ley de 1965.En el Capítulo III, Patrimonio, se incluyen como parte del mismo, las aportaciones extraordinarias que acordaran en común las entidades públicas, los organismos descentralizados afiliados a los trabajadores, así como los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos que adquiera la Dirección (Art. 20, incisos VIII y IX).La aplicación forzosa de los trabajadores del Fondo de pensiones se mantiene en el 5 por ciento mensual de los salarios percibidos. En el estado, municipios y organismos descentralizados, aumentó del 2.5 al tres por ciento mensual, estando obligados además a cubrir las aportaciones extraordinarias necesarias para salvar los déficits que tuviera la institución.El artículo 23 señala que los Servidores Públicos que se separaran del servicio para desempeñar un puesto de elección popular o una responsabilidad sindical y posteriormente se reincorporaran, el periodo de su separación sería computado como tiempo efectivo de servicios, siempre y cuando no hubiera dejado de pagar su cuota correspondiente.El Capítulo IV, Préstamos a corto plazo, mantiene la obligación de aportar durante seis meses por lo menos para tener derecho a los mismos; el monto pasa de cuatro a seis meses del salario percibido en aquellos casos en los que el fondo del solicitante sea igual o mayor a la cantidad del préstamo; si el monto solicitado excediera las aportaciones se constituiría un fondo de garantía con el 1 por ciento del préstamo. los descuentos no deberían exceder el 50 por ciento de los sueldos; el plazo para el pago se aumentó a 18 meses en abonos quincenales con un interés del 8 por ciento anual, que significó un aumento de dos Puntos respecto a la ley de 1965. .Los préstamos hipotecarios pasaron de 90 a 120 mil pesos debidamente garantizados por el inmueble a favor de la Dirección de Pensiones, se elimina la figura del aval solidario prevista en la ley de 1965 y se mantiene el plazo de diez años para liquidar el préstamo. En las llamadas casas de interés social los trabajadores podían alcanzar un préstamo equivalente al 100 por ciento del valor de la misma advirtiéndose que en estos casos, el interés causado sería de los más bajos, sin precisar ninguna cantidad mínima o máxima.El procedimiento y los requisitos para la entrega de casas en propiedad o arrendamiento, no sufrió modificaciones; siguen siendo inembargables y exentas de pago del impuesto predial durante diez años.En el artículo 47, se incluye por primera vez, el derecho de los trabajadores de obtener préstamos con garantía hipotecaria para adquirir bienes de consumo duradero, incluyendo automóviles, de acuerdo con las bases y condiciones que el Consejo Directivo fijara.El Capítulo V, Jubilaciones y pensiones, señala dos tipos de jubilaciones: Por años de servicios, cuando se ha laborado durante treinta años y contribuido en ese mismo tiempo al Fondo de pensiones, y siempre que haya cumplido 55 años, el trabajador recibirá una pensión equivalente al 100 por ciento de sus salarios; la jubilación por vejez se otorgaría a los trabajadores de acuerdo a una tabla que señala el 50 por ciento de las percepciones para los que tuvieran quince años de servicio; el 75 por ciento a los 25 años y el 100 por ciento de los salarios a quien hubiera laborado 30 o más años.La ley señala en el artículo 48 fracción VI, que los trabajadores que causaran baja podían solicitar seguir contribuyendo al Fondo de Pensiones de manera voluntaria, para no perder sus derechos de jubilación, aportando el 8 por ciento del sueldo que venía devengando; en todo momento el afiliado voluntario podría recuperar su fondo.

El artículo 58 de la ley, es representativo de las condiciones del proceso inflacionario que empezaba a vivir el país. En efecto, en su tabla señala que ante los aumentos que se registraban en el costo de la vida, cuando este pasara del 15 por ciento anual, "someterá al Consejo Directivo, la aprobación del sistema de aumento a las pensiones en curso de pago..." buscando con ello, que los pensionistas, pudieran mantener las posibilidades de vivir decorosamente, pues la inflación amenazaba con anular la capacidad adquisitiva de los pensionados.

Finalmente, esta ley excluye del régimen de Pensiones y de sus beneficios, a los trabajadores pertenecientes a la iniciativa privada que en virtud de la ley de 1965, se habían afiliado de manera voluntaria.

5. Firmaron por el Congreso, los diputados Adalberto Gómez Rodríguez como presidente de la Cámara, Eugenio Ruiz Orozco y Enrique Chavero Ocampo como secretarios. El licenciado Alberto Rosas Benítez, fungía como secretario general de gobierno.

6.-Sexto Informe de Gobierno en: Jalisco Testimonio de sus Gobernantes, Tomo VI, p. 287.

 

La Ley del 2 de agosto de 1978

Solamente un año siete meses se mantuvo en vigencia la ley de Pensiones promulgada por Alberto Orozco Romero. En efecto con base en el decreto 9779 del Congreso del Estado, 7 el gobernador Flavio Romero de Velasco expidió una nueva ley que ponía "énfasis en la consolidación de la Dirección de Pensiones del Estado, en la medida en que adecua sus prestaciones a las posibilidades actuales y sienta las bases contables, administrativas y financieras, con la perspectiva de ofrecer en su oportunidad, mayores beneficios a sus afiliados y derechohabientes". 8Esta nueva ley aumenta 47 artículos en relación a la anterior, pues pasa de 62 a 107, sin incluir cuatro artículos transitorios. Mantiene el mismo número de capítulos (siete), pero casi todos cambian de denominación: al Capítulo I se le designa Objeto y Fines de la Institución; al II del Gobierno y la Administración; al III de la Información y Control de los Servicios de Contabilidad;, al IV capítulo, de las Inversiones de la Institución; el V del Patrimonio, mantiene su denominación original; el VI aparece como Derechos y Deberes de los Trabajadores, y el VII se tituló Prestaciones de Carácter Económico. 9El Capítulo I Objeto y fines de la institución, corresponde en su estructura y contenido al que anteriormente se llamaba Disposiciones Generales. Más que cambios, la ley incorpora nuevos beneficiarios y prestaciones que en las anteriores leyes, se enunciaban de manera general y sujetas a modificaciones que dependían de las condiciones económicas que viviera la institución.El artículo 2o. Señalaba hasta antes de la reforma, como sujetos al régimen de Pensiones, a los trabajadores de los Poderes del Estado y los servidores municipales, instituciones públicas coordinadas o descentralizadas de carácter estatal; la ley incorpora ahora de manera específica en su inciso segundo, al personal de servicio del ayuntamiento de Guadalajara, que desde la ley anterior formaba parte del Consejo Directivo; y por el inciso cuarto, se incorpora a los pensionistas y jubilados, quienes si bien siempre se habían considerado beneficiarios directos en las leyes anteriores, no habían sido considerados como sujetos permanentes del régimen de servicios y beneficios de Pensiones.En el artículo 5o. al enumerar los beneficios establecidos por la ley para los afiliados, se incorporan los préstamos para la adquisición de bienes de consumo duradero, los cuales hasta antes de la Reforma estaban considerados como un beneficio restringido, que dependía de la situación financiera de la institución, o de una resolución favorable del Consejo Directivo.El artículo 10o. señala que cuando las aportaciones ordinarias y los recursos propios de la institución no fueran suficientes para cubrir los servicios previstos, y demás obligaciones a su cargo, correspondía a la Dirección proponer al Consejo Directivo las reformas y medidas de orden económico necesarias para subsanarlas, debiendo el Consejo dictar los acuerdos que procedan. 10. La ley anterior señalaba que en esos casos el estado y la institución afiliadas así como los trabajadores aportarían los recursos necesarios para cubrir el déficit.El Capítulo II: del Gobierno y la administración, corresponde al que anteriormente se denominaba Administración y Control, los cambios incorporados por la ley se refieren a la conformación y facultades del Consejo Directivo.La estructura del Consejo previsto en el nuevo ordenamiento, señala que este estará integrado por dos representantes del gobierno del Estado, designados por el titular del Poder Ejecutivo, de los cuales uno fungiría como presidente y el otro como tesorero. Con esta reforma, el director general de Pensiones deja de ser un miembro del Consejo. Se conserva un representante del ayuntamiento de Guadalajara, uno de los trabajadores sindicalizados del estado y otro de la Sección Estatal de Maestros, pero se suprime la segunda parte del inciso D que señalaba que no podían ser consejeros quienes estuvieran ocupando un puesto de elección popular en el estado o ser titulares de una dirigencia sindical. Además el Consejo debería tener un secretario cuyo nombramiento no podía recaer ni en el director o el subdirector de Pensiones, el cual tenía como obligación levantar las actas del Consejo.En esta ley no queda claro si el director general podrá asistir a las sesiones del Consejo y si tendrá voz y voto en el mismo. Debe pues suponerse que subsiste la situación de las leyes anteriores, que señalaban para el director solamente voz informativa.Las atribuciones del Consejo señaladas en el artículo 15, son prácticamente las mismas que se expresaban en las leyes anteriores; solamente se agregan las fracciones IV y X. En la primera se incluye como atribución la autorización de los préstamos hipotecarios; la segunda señala: "Administrar los bienes y negocios de la Institución con plenas facultades de gestión, representación, administración y dominio, salvo que el patrimonio inmobiliario no podrá ser enajenado sino con autorización previa del Congreso del Estado; concertar las bases para la contratación de créditos financieros y suscribir, por acuerdo de su presidente los contratos, títulos de crédito y demás documentos que se requieran con la firma mancomunada del Director General y del Tesorero".En el artículo 16., se enumeran las obligaciones y atribuciones del director general, agregándosele a los señalados en las leyes anteriores la fracción VI que señala: "Representar a la institución ante las autoridades Administrativas, Judiciales y del trabajo, con todas las facultades generales, y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley. Estará investido de poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración; podrá otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la Institución con firma mancomunada del presidente del Consejo, salvo en el caso de los créditos a que se refiere el artículo 15., fracción X, y celebrar y firmar los contratos que apruebe el Consejo, ejerciendo aquellas facultades de dominio que expresa y específicamente autorice el Consejo. Podrá otorgar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas y revocarlos".El Capítulo III, De la Información y control de los servicios de la contabilidad, no tiene antecedentes y puede entonces considerarse una de las novedades de esta ley. El capítulo comprende del artículo 18 al 25 y se refiere al establecimiento de un rígido control administrativo de los afiliados, operaciones, inversiones y de todas las acciones emprendidas por la institución.El artículo 18 señala la necesidad de compilar y clasificar la información relativa a los beneficiarios para diseñar escalas actuariales, promedio de movilidad de sueldos, duración en el empleo; así como de mortalidad y morbilidad relativas a los afiliados. El artículo 19 señala la necesidad de formular un padrón de afiliados en servicio que sirviera de base para establecer por orden de prioridades, un programa general de jubilaciones y pensiones.En el artículo 20., se hacen sentir las transformaciones que vivía la institución para buscar mayor rentabilidad en sus inversiones y abandonar el permanente estado subsidiario en que se había desarrollado desde su fundación. El texto de dicho artículo señala que aún las prestaciones de carácter social estarían sujetas a las siguientes normas: Las inversiones y adquisiciones de bienes y valores se manejarían con criterio financiero y rentable; se sometería la cartera en forma dinámica; y las operaciones de la institución estarían sujetas a auditoría interna permanente.De los artículos 21 al 25 se señalan normas para llevar una contabilidad eficiente y operativa.El Capítulo IV, De las Inversiones de la institución, también novedoso por su concepción, señala pues los criterios que deberán seguirse en el manejo de los recursos financieros del Fondo de pensiones. Comprende tres artículos del 26 al 28 y en ellos, se señala que los recursos financieros con la autorización del Consejo, se asignarán a cada servicio o prestación a partir de un porcentaje de acuerdo con sus programas y planes de inversión; se dice a continuación, que los activos de reserva se invertirían en las mejores condiciones de seguridad y rendimiento, prefiriendo aquellos que financien su propio crecimiento y que sean de liquidez regulable; finalmente, se acuerda, que los recurso obtenidos de sus programas autónomos de financiamiento se invertirán en valores emitidos por instituciones nacionales de crédito, en tanto no se destinaran a la fase ejecutiva del proyecto para el que fueron recaudados.En el Capítulo V, del Patrimonio, al artículo 29 que señala de qué manera se constituye el patrimonio de la institución, se agrega, la fracción VII que se refiere a "las acciones o partes sociales en las sociedades de cualquier tipo, que constituya o adquiera la Institución; así mismo los bonos, obligaciones u otros títulos-valores o de crédito que emita de acuerdo con la ley".El artículo 30 mantiene como descuento forzoso para los trabajadores el 5 por ciento de los salarios percibidos y aumenta del 3 al 5 por ciento, las aportaciones del estado, municipios y organismos descentralizados afiliados.El Capítulo VI, Derechos y deberes de los trabajadores, comprende una serie de artículos contenidos en otras leyes referentes a las condiciones para obtener licencias, mantener antigüedades, etc.El Capítulo VII, Prestaciones de carácter económico, comprende de los artículos 44 al 107 en cinco apartados: Préstamos personales; créditos hipotecarios; jubilaciones y pensiones; de las prestaciones de carácter social y devolución de aportaciones. Lo novedoso de esta ley en cuanto a préstamos personales es que se vuelve a implantar la figura del aval solidario, esto es, un trabajador tiene que suscribir el crédito otorgado a otro; la figura de reserva en garantía para préstamos que excedieran el monto de las aportaciones, se redujo del 1 al medio (0.5) por ciento. Los préstamos especiales para la adquisición de bienes de consumo duradero se otorgaban a 36 meses en pagos quincenales, con tasas de interés variable, que el Consejo aprobaba, previa demostración de garantías suficientes por parte del solicitante a criterio de la Dirección. La nueva tasa de interés para los préstamos a corto plazo subió cuatro puntos, del 8 vigente en la ley anterior al 12 por ciento en la nueva.Para los créditos hipotecarios se dispone que solamente quienes hayan cubierto sus aportaciones por lo menos durante dos años, podían obtenerlos. El monto del mismo pasa de 120 a 200 mil pesos destinados a la construcción o mejoramiento de la vivienda del trabajador; el plazo de pago era de diez años en amortizaciones quincenales; el interés de estos préstamos lo fijaba el Consejo Directivo de acuerdo a las circunstancias económicas de la institución; y estarían garantizadas por un seguro de vida a favor de la institución en caso de incapacidad o muerte del trabajador. La ley señala además, (Arts. 57 a 59) los procedimientos que deberán seguirse cuando el trabajador quedara imposibilitado para continuar pagando su adeudo.Respecto a jubilaciones y pensiones, la ley señala un plazo máximo de 180 días para resolver las solicitudes respectivas. Las leyes anteriores no señalaban un límite de tiempo para decidir sobre estas cuestiones, por lo que podían alargarse en perjuicio del trabajador. Señala también de manera acertada (Art. 69) que la jubilación obtenida por la Dirección de Pensiones, no era incompatible con otra concedida por un régimen de seguridad diferente. Este hecho es sin duda de gran beneficio pues no son pocos los trabajadores que cubren plazas en los sistemas federal y estatal o en éste y una empresa privada. El único requisito que tenía que cubrirse era que el desempeño de ambas actividades no fueran incompatibles.La ley señala además que el salario base para determinar el monto de la jubilación sería el promedio de sueldo que hubiese cotizado el trabajador durante los últimos tres años. Se elimina el requisito de continuidad para reconocer antigüedades y otorgar pensiones. Se fija el monto de pensiones para los trabajadores que reciben salario por cátedra, las que serían computadas como horas de trabajo de acuerdo al promedio y los años de servicio que tuvieran. En general la tabla de jubilaciones se mantiene con ligeros ajustes porcentuales y se reafirma la pensión con el 100 por ciento de los salarios a los trabajadores con treinta años de antigüedad cualquiera que fuera su edad, siempre y cuando hubieran cotizado por lo menos durante veinte años. Con quince años de antigüedad se otorgaba el 50 por ciento del salario; con veinte años el 54 por ciento; con 25 años el 75 por ciento y con 29 años el 95 por ciento.Del artículo 87 al 96 se trata lo referente a la otorgación de pensiones por invalidez, cuyo derecho se adquiere al cotizar durante diez años. La pensión no se concede si la invalidez es producto de un acto intencional o criminal del trabajador o cuando este estado sea anterior al nombramiento. El monto de la pensión no sería menor al 50 por ciento del salario percibido, pero se perdía si el trabajador no asistiera a los reconocimientos y tratamientos médicos que se le prescribieran o cuando el trabajador recuperara su capacidad para el servicio. En este caso la entidad u organismo público donde laborara tenía la obligación de restituirlo en su empleo anterior si estuviera apto para ello, o asignarle un trabajo que pudiera desempeñar conservando el salario que percibía antes de la invalidez.La ley incorpora un apartado novedoso: las prestaciones de carácter social, acuerdo en el que señala, que de acuerdo a las condiciones de la institución y con el apoyo de los trabajadores podrían llevarse a cabo actividades tendientes a mejorar el nivel de vida de los afiliados, disponiendo servicio para satisfacer las necesidades de educación, alimentación, vestido, descanso y esparcimiento. (Art. 97). Para llevar a cabo estas actividades se prevee que la Dirección realizara los estudios pertinentes para la vialidad de las mismas. Estas actividades serían:. Establecimiento de centros de capacitación educativa y fundación de bibliotecas, creación de guarderías y estancias infantiles; instalación de hoteles, paradores, centros vocacionales y campos deportivos o recreativos; promoción de viajes recreativos y culturales; así como el establecimiento de almacenes para la venta de artículos domésticos, de alimentación y vestido.Con este apartado, la función social de la Dirección de Pensiones amplía el espacio del proyecto original, y pretende convertirse en una institución que ofrezca no solo prestaciones económicas y jubilaciones, sino además, una completa atención a numerosos aspectos sociales y culturales de sus afiliados.

Era la etapa de expansión; la modestia de la institución había pasado a la historia.

  1. Firmaron esta ley por parte del Congreso local, el diputado Salvador Orozco de Loreto como Presidente, Y como secretarios, los diputados Francisco Ruiz Guerrero y Francisco Camacho Gutiérrez. Como secretario general de gobierno fungía el licenciado Alfonso de Alba Martín.

  2. Flavio Romero de Velasco, Segundo Informe de Gobierno, febrero 3 de 1979, en: Jalisco, testimonio de sus Gobernantes 1972-1989 p. 418.

  3. Los comentarios de este texto, incluyen las reformas a varios artículos que por el decreto 10365 del 11 de diciembre de 1980 se llevaron a cabo por el Congreso del Estado.

  4. De acuerdo al texto, debe referirse al director general, pues la Dirección en sí es toda la institución y ésta tiene como órgano supremo de gobierno al Consejo Directivo, por lo que sería improbable que dicho Consejo se propusiera a sí mismo


Ley del 30 de diciembre de 1986

Esta ley promulgada por el gobernador Enrique Alvarez del Castillo por el decreto 12697, cuenta con 91 artículos y cinco transitorios. Elimina la división tradicional por capítulos a los que denomina títulos, los cuales a su vez están divididos en capítulos y estos en secciones. los títulos de la ley son los siguientes: I Disposiciones Preliminares; II Régimen Obligatorio; III Del Régimen Voluntario; IV De la Administración de la Dirección de Pensiones; y V Prescripción y Caducidad." 11

Los grandes logros de esta ley se refieren sobre todo a la ampliación de las pensiones y de sus beneficios, sobresaliendo la instalación de servicios médicos para los pensionados y sus beneficiarios; así como las prestaciones económicas derivadas del pensionado.

El artículo primero señala que la ley, es de interés social, para su aplicación en el estado; la cual, según el Art. 2o, tiene por objeto "Regular el otorgamiento por la Dirección de Pensiones del Estado, de las prestaciones y servicios a sus afiliados. Con las modalidades y condiciones que en este Cuerpo Legal se señalan, bajo el régimen obligatorio y un régimen voluntario".

Se incorporan como sujetos de esta ley a quienes optaron por el régimen voluntario y a los derechohabientes del pensionado que, tuvieran derecho a recibir las prestaciones de acuerdo a lo establecido por la misma. Se mantiene la exclusión de estos beneficios, a los prestadores de servicios que laboraron por contrato o por tiempo y obra concluida.

Las prestaciones otorgadas hasta ese momento, fueron ampliadas al incluirse como tales, el servicio médico a pensionados y sus beneficiarios y las prestaciones económicas derivadas de la muerte del pensionado.

Respecto a las pensiones por jubilación, edad avanzada o invalidez se reduce el tiempo para resolverlas de 180 días que preveía la ley anterior, a 60 en la presente. El salario base para calcular el monto de las pensiones fue fijado a partir del promedio de sueldo sobre sueldo y compensaciones que hubiere cotizado el afiliado, en el último año de trabajo. Esta pensión en ningún caso podría ser menor al salario mínimo vigente en la ciudad de Guadalajara. Los pensionados además, tenían derecho a una gratificación anual (aguinaldo) cuando menos de un mes de pensión, la que se pagaría a más tardar en el mes de diciembre.

Las pensiones por edad avanzada y con menos de 19 años de servicio fueron anuladas y sólo se otorgarían cuando se cumplieran veinte años de trabajo, asignándosela al afiliado en esos casos, el 60 por ciento del salario recibido.

De acuerdo al artículo 52 de la ley, en caso de enfermedad o maternidad, los pensionados tienen derecho a recibir la asistencia médico-quirúrgica farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. También tienen acceso a esta prestación la esposa o la mujer con que viviera como si lo fuera, los hijos menores de 18 años y hasta 25 si eran estudiantes en escuelas del Sistema Educativo Nacional, los hijos mayores que estuvieran imposibilitados total y permanentemente para trabajar y el esposo o concubinario siempre que fuera mayor de 65 años. El servicio médico lo podría prestar directamente la Dirección de Pensiones o por convenio que realizara con las instituciones y organismos correspondientes (Art. 54).
11. Por el Congreso estatal firmaron los diputados Ramiro Hernández García, como presidente; Ma. del Rosario Corona Nakamura y Salvador Rizo Ayala como secretarios. El licenciado Héctor Castañeda Jiménez, era secretario general de gobierno.

Los primeros pasos, 1953-1971

La Historia de Jalisco, durante este período, que comprende los gobiernos de Agustín Yañez, Juan Gil Preciado y Francisco Medina Ascencio, experimentó cambios sustanciales; Yáñez puso un acento especial en el respeto a las garantías individuales y el predominio de la legalidad en todos los actos de gobierno, culminando con ello, una herencia originada en 1920, que había teñido de violencia la actividad política entre las diferentes fuerzas sociales prevalecientes; en el estado.

Gil Preciado, por su parte, logró el repunte de la agricultura local hasta convertir a Jalisco en el primer productor de maíz de la República; y a Medina Ascencio, le tocó en consecuencia, sentar las bases de la modernización industrial y comercial del estado.

Epoca de transición, en la que el país busca consolidar un proyecto nacional de desarrollo que sin abandonar las líneas sociales impulsadas por el cardenismo, favorecieron en cambio la modernización industrial, a partir de la consolidación de un empresariado nacionalista capaz de llevar al país en su conjunto a la modernización económica. El énfasis cardenista para arribar a una economía básicamente agropecuaria sin ser abandonado totalmente, se dirige en esos momentos hacia la transformación industrial. El desarrollo urbano se convierte en la nueva prioridad nacional y el campo hubo de financiar este proceso renovador. Las consecuencias de tal decisión, se han dejado sentir con fuerza en la crisis por la que actualmente atraviesa el país.

Agustín Yáñez Delgadillo

Electo para el período 1953-1959, había ocupado numerosos puestos magisteriales y antes de arribar al gobierno del Estado, se desempeñaba como jefe del Departamento de Bibliotecas y Archivos Económicos de la Secretaría de Hacienda y Coordinador de Humanidades de la UNAM. Fundador de la famosa revista Banderas de provincia publicada en Guadalajara en 1929, había escrito entre otros ensayos, las novelas, Flor de fuegos antiguos (1942) y Al filo del agua (1947).

La designación de Yáñez al gobierno del Estado, suscitó reacciones diversas para algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional, sus pasadas ligas con los Cristeros lo hacían un contrarrevolucionario. Sin embargo, el humanismo de Yáñez fue interpretado por los sectores empresariales como francamente socializante.

En su Primer Informe de Gobierno define el sentido del progreso que había de marcar la pauta social de su administración. Señala en esa ocasión su propósito de que todas las actividades relacionadas con el crecimiento económico significaran nuevas fuentes de empleo para solucione la masiva emigración de trabajadores que Jalisco vivía en esos momentos. Al puntualizar sus ideas, señala:

Rechazamos una vez más la idea del progreso sobre bases de explotación humana; luchamos por el progreso que haga posible una más equitativa distribución de la riqueza, el afianzamiento de la dignidad personal y la elevación de las clases económicamente débiles. Las mayores obligaciones del gobierno deben ser para las necesidades (Jalisco testimonio de sus gobernantes" 1940-1959, Torno IV, gobierno de Jalisco, 1989, p 797)

Durante su administración, Yáñez atendió de manera prioritaria la ampliación de las vías de comunicación, el fomento de la educación y la cultura; así como los programas de salud y beneficencia social. Mantuvo especial interés por los problemas campesinos, a quienes invariablemente los jueves concedía audiencia pública para escuchar sus demandas. A Yáñez, correspondió llevar a cabo la reforma constitucional para que las mujeres ejercieran por primera vez sus derechos electorales.

Entre las principales obras Públicas impulsadas por su gobierno sobresalen: El inicio y reparación de varios caminos como los de Guadalajara-Barra de Navidad, Tepatitlán-Arandas, Guadalajara- Ciudad Guzmán, Yahualica-Teocaltiche, Guadalajara-La Barca y la ruta de Ameca-Puerto Vallarta cuya terracería quedó concluida en 1955; en 1959, Yáñez encabezó una caravana de automóviles que desde Guadalajara, pasando por Mascota, llegó a Puerto Vallarta. Esta carretera quedó abandonada desde esa fecha y solo hasta la administración de Guillermo Cosío Vidaurri, se ha enfrentado el reto de su apertura definitiva; Yáñez concluyó las obras de remodelamiento del centro de la ciudad iniciada por Jesús González Gallo, entre las que destacan la Central de Autobuses de Guadalajara, el alineamiento de la Catedral, la Plaza de los Laureles y la Rotonda de los Hombres Ilustres; realizó además la ampliación de las avenidas Alcalde, 16 de Septiembre y Tolsá; inauguró el Centro de Salud y el Estacionamiento Subterráneo frente al Ayuntamiento. Se inició también la construcción del Hospital Escuela, el cual quedó inconcluso por razones técnicas y durante muchos años permaneció como un elefante blanco.

Para impulsar el desarrollo del campo, se inició la construcción de las presas de: Tacotán; de la Vega; Sistema Cihuatlán y las Tablazas. Yáñez retomó el proyecto de García Barragán e instaló la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco, buscando desarrollar el gran potencial económico que representaba aquella región para la economía estatal; era uno de los proyectos más sentidos de Yáñez: Colonizar, modernizar y despertar a la Costa.

Creyente del compromiso benefactor del Estado con los grupos desposeídos, Yáñez estableció el servicio médico a los maestros; el cual luego se extendió a todos los empleados del Estado e inició el programa de desayunos escolares y el de biberones para lactantes desnutridos; instaló tiendas familiares en Guadalajara para vender a las familias más necesitadas productos de primera necesidad a precios bajos. Prohibió la venta de bebidas alcohólicas desde el medio día del sábado hasta la mañana del lunes, con el objeto de proteger los salarios de los trabajadores y evitar los innumerables accidentes de tránsito provocados por la embriaguez. Decretó el congelamiento de rentas en 250 pesos mensuales, a pesar de la oposición manifiesta de los acaparadores urbanos y los grupos de derecha.

En el ámbito de apoyo a la educación y la cultura, los maestros recibieron atención prioritaria del gobierno y la educación se convirtió en el rubro de mayor inversión del gasto presupuestal. Se construyeron numerosos edificios escolares, la Escuela Normal de Jalisco, la Biblioteca Pública, el Archivo del Estado, la Casa de la Cultura Jalisciense y el Museo de Arqueología del Occidente de México en el núcleo del Agua Azul.

Con la Universidad de Guadalajara, que en esos momentos tenía 3,453 alumnos y 458 profesores, de los cuales 32 eran de tiempo completo, el gobierno de Yáñez vivió momentos de tensión, pero sin darse los enfrentamientos violentos que habían sucedido con González Gallo. Yáñez se manifestó respetuoso de la vida interna de la Universidad, la cual en su opinión, debería ser "Centro de Convivencia Civilizante, tolerante, de libre discusión ideológica que integre todas las tendencias, sin que ninguna de ellas o grupo alguno trate de convertir a la Institución en baluarte o instrumento de proselitismo... (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, Tomo IV, p. 782). Inauguró la Facultad de Filosofía y Letras la que fue "concebida como bastión del pensamiento libre" (Idem p. 901)

Durante los años de 1953-1954, la escasez de lluvias provocó una de las peores crisis del Lago de Chápala. Sobreponiéndose a la opinión de algunos ilustres arquitectos jaliscienses, Yáñez se opuso al fraccionamiento de las tierras descubiertas y a la construcción de un dique para captar el agua, pues tal obra implicaba la desecación de miles de hectáreas del vaso de agua. Por la trascendencia que en los momentos actuales tiene la situación del Lago de Chápala, se reproducen los acuerdos tomados por Yáñez y dados a conocer durante el Segundo Informe de Gobierno.

"La medidas propuestas para satisfacer las demandas y salvar el Lago son: 1) Formulación de una política de normas y desperdicios en la cuenca, ejercida mediante los controles de una operación coordinada y técnicamente rigurosa. 2) Política restrictiva de bombeos, en beneficio de la hidrografía general y del patrimonio futuro de los mismos usuarios; así como un programa efectivo de conservación de suelos. 3) Reajustes para distribuir equitativamente los recursos de la cuenca y restituir el equilibrio hidrológico y económico del sistema. 4) Incremento en la producción eléctrica disponible, renovando equipos, líneas y sistemas de operación. 5) Construcción de la línea Corapan-Ocotlán para el mejor aprovechamiento del Cóbano. 6) Elevación de reservas en plantas térmicas3 hasta 40,000 kws. 7) Dictamen técnico en vistas a la realización de los proyectos de generación en el río Santiago, para dar una solución hidroeléctrica al problema de fondo. Sobre este punto, en la última reunión, celebrada en México el 12 de diciembre (1955), a moción del señor Secretario de Recursos Hidráulicos, se acordó proponer la ejecución conjunta de los proyectos de la Zurda ya iniciados los trabajos y de Santa Rosa; la línea Corapan-Ocotlán está tendiéndose, la primera planta térmica móvil adquirida en Suiza por la Comisión Federal de Electricidad está en Guadalajara por acuerdo del señor presidente Ruiz Cortínez; quedó dicho que la nueva planta termoeléctrica se haya en proceso de construcción... La naturaleza fue favorable con la recuperación del Lago de Chápala; pero esto ha creado un optimismo infundado, en el que trata de refugiarse la inercia. Mi deber es advertir que no se haya resuelto a fondo el problema, que precisamente la pujanza con que Jalisco se desarrolla hace que la cuestión revista características amenazadoras a corto plazo, y que su magnitud exige la unánime atención de todos los ciudadanos" (Jalisco testimonio de sus gobernantes, Tomo IV, p 873-874).

La Dirección de Pensiones del Estado:

A Yáñez correspondió históricamente el honor de ser considerado el fundador de la Dirección de Pensiones del Estado; el 30 de diciembre de 1953 promulgó el decreto 5904 que puso en vigor la Ley de Pensiones Civiles para el estado de Jalisco y el 20 de enero de 1954, inauguró la iniciación formal de sus actividades. El impulsor de este proyecto fue Francisco Medina Ascencio, quien fungió como su Director durante los primeros once años de vida de ésta Institución que surge y se identifica con el espíritu de justicia social de la Revolución Mexicana.

Creada como una dependencia del Departamento de Economía y Hacienda del Estado, la Institución tuvo un inicio modesto. La primera oficina se instaló abajo de las escaleras de Palacio; los muebles bajaban y subían todos los días, pues sus diez empleados laboraban en el Departamento de Economía y por la tarde, de las cinco a las ocho de la noche atendían los asuntos de la Dirección de Pensiones, recibiendo por ello una modesta compensación. La bajada y subida de muebles se llevó a cabo durante dos meses, al final de los cuales, Pensiones equipada con muebles viejos se instaló en el Patio de los Naranjos en el interior de Palacio. Esta penuria inicial terminó en cierta medida, cuando el gobierno adquirió su primer edificio ubicado en la calle Hidalgo esquina con Chapultepec, obtenido por subasta a la familia Cañedo en 160 mil pesos. (Entrevista con Francisco Medina Ascencio).1

La primera medida operativa fue aumentar el salario de los empleados en un 10 por ciento, para poder rebajar el 5 por ciento para sus cuotas. Los primeros empleados afiliados fueron los de la Dirección de Hacienda; los primeros préstamos a corto plazo importaban el salario de un mes pagaderos en seis quincenas, con un 6 por ciento de interés anual. Los préstamos hipotecarios podían ser hasta por quince mil pesos, pagaderos en diez años y con un interés del 8 por ciento anual. Poco después se empezaron a pensionar empleados hasta con el 60 por ciento de su sueldo mensual. El primer préstamo a corto plazo otorgado por la Institución, fue para el señor Francisco Martín del Campo (Idem).

Al cumplir diez meses, Pensiones había completado su primer millón de pesos, al respecto, Medina Ascencio señaló que:

... Nos lo festejó don Jesús Soto, Gerente del Banco Refaccionario de Jalisco, enviándonos un billete de un peso, con el que se completaba esa cantidad y con una leyenda alusiva, debidamente enmarcados. (El Informador, Agosto 19 de 1989).

Al cumplir el primer año en diciembre de 1954, los afiliados habían aumentado, junto con los empleados del Estado, los del Ayuntamiento de Guadalajara y los del Servicio de Agua y Alcantarillado, sumaban 9,544 beneficiarios. Se habían otorgado 4,873 préstamos a corto plazo por valor de $1'872,927.42 y 91 hipotecarios que importaban $1'129,100.00 de los cuales $597,400.00 correspondían a cincuenta préstamos a servidores públicos del ramo de educación que por ese medio habían adquirido su casa. Por su parte 421 empleados que pidieron su retiro, recibieron la devolución de sus fondos por un total de $37,872.70. Se aprobaron las primeras doce jubilaciones de las cuales, once correspondían a Maestros. Se construyó la primera unidad familiar que lleva el nombre de "Reforma", integrada por 26 viviendas, cuatro locales comerciales, jardín y guardería, oficina postal y caseta de policía, todo ello con un costo total de $422,000 pesos. Las viviendas se rentaban entre 70 y 100 pesos mensuales. Estaban en construcción tres unidades de rentas bajas, cuyo propósito, en opinión de Yáñez, era contribuir a "remediar el problema de la habitación popular y combatir esa grave vergüenza tapatía, que son las casas de vecindad" (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, Tomo IV, p. 838).

En 1955, fueron construidas las unidades familiares "Insurgentes", cuyo costo fue de $892,680 pesos, "Constitución" con un costo de 385,000 pesos y se terminó la urbanización del fraccionamiento "Revolución" para empleados del Estado con una inversión inicial de $441,000 pesos.

En el mes de diciembre de ese mismo año, fue reformada la Ley de Pensiones con el objeto de ampliar a dos meses el monto de los préstamos y a doce quincenas el término para su recuperación. Las jubilaciones subieron del 60 al 70 por ciento y se concedió el 100 por ciento en los préstamos hipotecarios para la adquisición de casas nuevas; la reforma a la ley implementó un seguro de vida barato, con el fin de preservar el inmueble para la familia en caso de fallecimiento del deudor y asegurar a la Dirección de Pensiones el pago del adeudo.

La Dirección de Pensiones organizó la Primera Reunión Estatal en favor de la Habitación Popular en la que se discutieron los aspectos jurídico, técnico y financiero para impulsar la edificación de viviendas baratas y dignas, destinadas a las clases humildes. Durante la reunión se tomaron las siguientes conclusiones: El establecimiento del condominio y la ampliación y mayores garantías al Patrimonio Familiar.

Como consecuencia inmediata de las resoluciones anteriores Pensiones hizo extensivo el servicio de Préstamos hipotecarios a los empleados de empresas privadas y puso en marcha una campana para la rehabilitación de vecindades.

Al año siguiente, el presidente Adolfo Ruiz Cortínez, inauguró la unidad familiar "Revolución", que contaba con veinte departamentos de renta y un Jardín de Niños; se terminó y se vendió la "Justo Sierra" y con la asistencia de los diputados jaliscienses del Constituyente de 1917, se inauguró y puso en funcionamiento el 5 de febrero de 1955 la unidad familiar Constitución.

El 12 de septiembre de 1957 se entregó a los empleados la unidad Valentín Gómez Farías que contaba con cien departamentos; el día 15 se inauguró la "López Cotilla" integrada por 22 departamentos y 44 casas unifamiliares y el 20 de noviembre, fue puesto en servicio la "Lázaro Cárdenas" que tenía treinta departamentos.

Agustín Yáñez, atendió con esmero el problema de la habitación popular y la humanización de las vecindades y de manera conjunta con el Patronato de la Habitación Popular en el Estado, el Instituto Nacional de la Vivienda y las Direcciones de Pensiones Federal y Estatal, en seis años construyó 1680 viviendas (436 departamentos, 12 edificios multifamiliares y 1244 casas unifamiliares); con el apoyo de inversionistas particulares se construyeron 1720 casas de tipo popular y se reedificaron ajustándose a las exigencias de higiene y de comodidad elementales, 22 vecindades.

Del 9 al 12 de agosto de 1958, se llevó a cabo en Guadalajara el Primer Congreso y Exposición de la Vivienda Popular, en el que participaron 22 estados de la República y representantes de Alemania, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

La labor que el gobierno del estado llevara a cabo para impulsar la dotación de habitaciones a las clases desposeídas, fue reconocido a nivel internacional y Jalisco fue el representante de México, en el Primer Congreso Interamericano de la Construcción y la Vivienda, realizado en Caracas, Venezuela, del 26 de octubre al lo. de noviembre y al cual asistieron 18 países americanos.

Durante el último año de gobierno de Agustín Yáñez, la Dirección de Pensiones inauguró las unidades "Independencia" con 36 departamentos destinados a los trabajadores del Hospital Civil, y la "Miguel Hidalgo", con 20; por su parte las unidades "Cuauhtémoc" con 32 departamentos y la "Morelos" con 9 estaban a punto de ser concluídas.

Nuevas reformas a la ley de Pensiones se llevaron a cabo poco antes de concluir el período de gobierno: el 16 de agosto de 1958, la Dirección de Pensiones, quedó descentralizada y bajo la autoridad de su Consejo. Se creó un fondo de $100,000.00 pesos para implementar el Seguro de Vida para los trabajadores del estado, incluyendo a los pensionados, sin cargo ni costo alguno, y con derecho, en caso de defunción al pago hasta de cuatro mil pesos proporcional a la antigüedad en el servicio.

La eficiencia mostrada por la Dirección de Pensiones en los primeros años de vida, fue motivo de admiración entre los gobiernos estatales y a muchos de ellos se les brindó asesoría y cuando menos ocho estados, adoptaron la ley y los sistemas implementados en Jalisco.

Al cabo de sus primeros cinco años de actividad, la Dirección de Pensiones del Estado, contaba con 9,544 afiliados. Se otorgaron 27,493 préstamos a corto plazo por un monto total de $15'559,909.00 para un promedio de 565.95 por cada préstamo. Se otorgaron 597 préstamos hipotecarios por un monto de $9'163,025.00 que en promedio representaba $14,348.44 para cada beneficiario. En 1955 se otorgaron las primeras doce pensiones y para 1958, los pensionados sumaban 82 en total lo que representaba un gasto de mil pesos diarios aproximadamente.

En el ámbito económico, la Dirección de Pensiones observó en 1955, un movimiento financiero de $15'016,211.00, el que llegó a $32'378,831.00 en 1958, representando con ello, un aumento superior al 100 por ciento. En 1956, el capital fijo era de $8'200,000.00, y en 1958 de $14'372,831.54 lo que significó un aumento del 70 por ciento aproximadamente.

Las inversiones en inmuebles pasaron de $2'178,000. en 1955 a $7'175,165.00 al final del sexenio.

El edificio de Pensiones estaba valuado en $350,000. y las doce unidades de renta para empleados le representaban un ingreso mensual de $46,000.00.

Juan Gil Preciado

Antes de ser electo Gobernador del Estado, para cubrir el período de 1959-1965, el profesor Juan Gil Preciado, ocupó numerosos cargos: Director de la Escuela Superior de Niños en Ocotlán, jefe del Departamento de Extensión Universitaria y fundador de la Facultad Obrera y Campesina del Estado, diputado federal y delegado del RI en diferentes estados de la República, fundador de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y presidente municipal de Guadalajara.

El gobierno de Juan Gil Preciado, abrazó tres grandes causas sociales: El reparto agrario y la justicia a los campesinos; el impulso a la productividad agrícola y el fomento intenso de la educación. Sin embargo, Gil Preciado, entendía además, que la construcción de la economía nacional, no podía ser responsabilidad exclusiva d gobierno, sino del esfuerzo conjunto de todos los sectores productivos, lo que traducido en acciones de gobierno significó una política de conciliación y respeto al movimiento obrero y un sólido impulso a la participación de la iniciativa privada en la modernización industrial y comercial del estado. Al respecto señaló:

El ideario de la Nación, en materia política económica, sostiene que la Iniciativa Privada debe ser copartícipe de la obra creadora de la Revolución -no su antagonista- porque al concepto moderno de la iniciativa privada no le es ajeno, ni puede serio, la implantación de la Justicia Social... (Memoria de un régimen -1959-1965- Guadalajara, gobierno del Estado de Jalisco, p. 51).

Epoca de transición del México rural al urbano, el régimen de Gil Preciado, cimentó las bases de la modernización económica que hoy caracterizan al Jalisco moderno. Durante su gestión el proyecto nacional basado en una política de desarrollo estabilizador, empezó a cosechar sus primeros frutos; aquí un resumen apretado de las acciones más importantes.

En el ámbito legislativo, Juan Gil Preciado, envió al Congreso numerosas iniciativas de ley, que fundamentalmente estaban dirigidas a promover el desarrollo económico. En 1960, se expidieron: "La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo", que permitió una reorganización interna de la administración con miras al mejoramiento de los servicios" (Jalisco testimonio de sus gobernantes, Tomo V, p. 20); La ley de Fomento Industrial, que eliminaba numerosas trabas que entorpecían la inversión económica; la Ley de Planeación y Urbanización del Estado, "que con el aprovechamiento y la colaboración de los particulares, es tan necesaria para dar fluidez al desarrollo y modernización de las áreas urbanas". (Idem); la Ley que creó el Comité de Comunicaciones Vecinales del Estado de Jalisco, "que permite asociar el interés del Estado con la Central Jalisco de la Asociación Nacional de Caminos en planes de fomento vial" (Idem, p. 21) y la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

En 1961, se expidieron: La Ley Orgánica del Teatro Experimental de Jalisco y la Ley de Impuesto de Plusvalía para la ejecución de obras de urbanización sobre la prolongación de la avenida Vallarta, finalmente en 1963, la modificación a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, que beneficiaba a los empleados que no recibían sueldo fijo.

El presupuesto de egresos a lo largo del sexenio, fue incrementándose a ritmo acelerado, y de $100'242,768 pesos en 1960, llegó a ciento 70'762,651 pesos en 1964, y a $191'172,559, en el último año de gobierno, el cual fue cubierto por el Lic. Jesús Limón, al ser llamado Gil Preciado en noviembre de 1964 a integrarse en el gabinete del presidente Díaz Ordáz, ocupando la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Durante su gestión como gobernador, Gil Preciado instrumentó por vez primera en la administración estatal, los criterios regionales y municipales para impulsar el desarrollo económico y social. Se siguieron impulsando los trabajos de la Comisión de Planeación de la Costa del Pacífico; se instaló la Comisión de Fomento de los Altos y el 22 de diciembre de 1959, se constituyó el Comité Impulsor de las riberas del Lago de Chápala. Además se instaló el ingenio Cañero de Casimiro Castillo; los sistemas de riego de Alborin y Cañón de Piedra y se impulsó la colonización rural de Tomatlán. El presidente López Mateos, inauguró la carretera Chapala-Jocotepec, la que estimuló el desarrollo turístico de la zona y se iniciaron los estudios en el Valle de Atequiza para instalar la Zona Industrial de Occidente.

La política de apoyo regional y municipal pretendía ante todo cumplir un papel integrador tanto económico como culturalmente; en este momento a la terracería, el camino vecinal o la brecha, le seguía la escuela y el profesor. Bajo este esquema se construyeron cientos de escuelas, se introdujo agua potable en numerosas poblaciones y se realizaron obras de pequeña irrigación, que representaron un gran impulso a la agricultura estatal.

Entre la obra caminera del régimen sobresalen las carreteras de: Guadalajara-Tapalpa, Guadalajara-La Barca; Cocula-Puente el Corcovado (terracerías) y el Refugio-Ahualulco-Etzatlán-San Marcos; en colaboración con el gobierno Federal las de: Guadalajara-Barra de Navidad-Cihuatlán; Zapotlanejo-La Piedad; Guadalajara-Saltillo y la iniciación de la carretera Costera del Pacífico que permitió la comunicación entre Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, con Nayarit y Colima. En conclusión se abrieron 700 kilómetros de vías de comunicación.

Además de las grandes obras realizadas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos en los sistemas de La Vega y Tacotán, la Junta Local de irrigación realizó los trabajos en los sistemas Cihuatlán, Canal de San Ignacio, Casa Blanca, encauzamiento del río Zula en Atotonilco; canal de riego de las Tablazas, la presa de almacenamiento de Tenasco, así como numerosas obras de encauzamiento de corrientes pluviales en diferentes municipios. En 1961 se concluyó la presa de las Tuzas en Villa Corona; en 1962 la zona de riego de Santa María de los Angeles en la zona norte y los canales de drenaje de Tala, Estipac, Unión de Tula, San Julián y Zapotlanejo. Finalmente en 1964, se concluyó la presa Manuel M. Diéguez en Santa Rosa, dotada además de una termoeléctrica, la cual vino a resolver la grave escasez de energía eléctrica que padecía la ciudad de Guadalajara. A lo largo del período se irrigó una superficie de 23,740 hectáreas en beneficio de 10,516 familias campesinas.

A través de la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado, se realizaron obras para el abastecimiento de agua en Ixtlahuacán del Río, San Juan de los Lagos, San Martín Hidalgo, Juchitlán, Teuchitlán, Ojuelos, en donde además se construyó la presa el Mayal, Puerto Vallarta, Encarnación de Díaz, Cuquío, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Zapotitlán, etc. En total las obras para dotación de agua potable. Se llevaron a cabo en 175 poblaciones del estado y 74 recibieron energía eléctrica.

En la ciudad de Guadalajara, se continuaron las obras de ampliación del nuevo Mercado Corona y la Plaza Benito Juárez, frente a la Estación del Ferrocarril. Se aprobó el plano Regulador de Guadalajara, se llevaron a cabo los estudios del Sistema de Colectores para mejorar el drenaje de la ciudad; se pavimentó la Av. Circunvalación y se llevaron a cabo la ampliación de las avenidas Vallarta, Alcalde Norte, hasta la salida de la carretera a Saltillo y la ampliación de la calle Munguía.

Respecto a la atención de la salud pública, además de las grandes obras realizadas por el Seguro Social en Guadalajara, en el interior del estado, el gobierno de Juan Gil Preciado, impulso la construcción del Hospital "Fray Antonio Alcalde", en Etzatlán, inaugurado por el presidente López Mateos el 3 de diciembre de 1961; el día 11 el presidente inauguró los Hospitales "Hilarión Romero Gil", en Cihuatlán; y el "Leona Vicario", en la Huerta; en 1962 se fundó el Instituto de Protección a la Infancia y la Casa del Médico de Jalisco fue construida en 1964.

A principios del régimen se repartían diariamente 5810 desayunos escolares en la Zona Metropolitana y en 1964, se suministraron 120,098 raciones diarias en 49 poblaciones del estado.

En torno a la educación, Juan Gil Preciado, en su Primer Informe de Gobierno, señaló:

Por nuestra íntima convicción de que la grandeza de México se finca, al mismo tiempo que en la prolongación de conocimientos útiles para el trabajo, en la práctica de las virtudes ciudadanas y en el cultivo de los valores espirituales se constituye nuestro acervo cultural. La educación pública es el recurso básico de la Revolución Mexicana para elevar la condición social de los grupos mayoritarios que inspiraron sus principios, la realizaron con su sangre y constituyen la fuerza que sustenta nuestra vida Institucional. (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, Tomo V, p. 50).

Fue la educación la partida de egresos más importante del gobierno de Gil Preciado; del 42 por ciento del presupuesto de 1962, al 49 por ciento en 1965. Entre las obras más importantes para el fomento de la educación y la cultura sobresalen la instalación del Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán (1960); la construcción del Teatro Experimental de Jalisco y la Casa de la Juventud de Jalisco, inaugurada por el presidente López Mateos el 6 de diciembre de 1960. Se remodeló el Teatro Degollado incluyendo el nuevo pórtico; se instaló la Casa Museo José Clemente Orozco; se inauguró la Unidad Deportiva Presidente López Mateos, y se puso en servicio el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial que formaría obreros calificados para la industria local. La Universidad de Guadalajara por su parte, incrementó su patrimonio con los nuevos edificios de la Facultad de Comercio y Administración, la Escuela de Medicina y el Instituto de Ciencias Sociales y de Humanidades que albergó a las facultades de Derecho, Economía y Filosofía y Letras. A lo largo del régimen se construyeron en total, 1146 aulas para educación primaria y secundaria.

Fue la agricultura sin duda, donde la administración de Gil Preciado, obtuvo su mayor triunfo, pues con la instrumentación del Plan Agrícola Jalisco orientado fundamentalmente al incremento de la producción de maíz, sin desatender otros cultivos importantes, Jalisco se convirtió en el primer productor del país.

En 1959, el programa se llevó a cabo en una superficie de 850 000 hectáreas teniendo en su primera etapa la meta de fertilizar 150 000 hectáreas.; pero las expectativas fueron superadas y se alcanzó a llevar a cabo la fertilización en 200,000 hectáreas. En 1961 por primera vez en la historia moderna del estado, la producción de maíz rebasó la cifra. del millón de toneladas, cosechándose un total de un millón 210,413; cada año la producción fue aumentando hasta llegar en 1965 a la cifra de dos millones 20, 123 toneladas de maíz en una superficie de un millón 206,520 hectáreas de las cuales fueron fertilizadas más de medio millón.

Otras obras ligadas al desarrollo agrícola fueron: La puesta en servicio del nuevo Observatorio Meteorológico y la instalación de una Planta de Tratamiento de semillas mejoradas en las afueras de Guadalajara. Además se realizaron grandes campañas de reforestación en el Valle de Atemajac, los cerros de San Miguel, San Isidro Mazatepec y el Colli y se instaló en 1961, la Comisión Forestal del Estado.

Un último aspecto de la gestión de Gil Preciado en donde vuelve a reafirmar sus convicciones sociales, es la política agraria, la cual, en su segundo informe definió de esta manera:

Nuestra política... se orienta en el sentido de favorecer al mayor número de familias, sin otra limitación que el respeto de la misma ley a la pequeña propiedad, que constituye justamente con la parcela ejidal, nuestro sistema agrícola. De este modo se ha mantenido en el campo la tranquilidad que se traduce en el mejor aprovechamiento de la tierra y mejor rendimiento en la actividad rural (Jalisco testimonio de sus gobernantes, Tomo V, p. 88).

Un año después reafirma su identificación con los campesinos y señala:

Uno de los aspectos sociales que con mayor urgencia ha tenido que afrontar la Revolución Mexicana, es el problema agrario. Nuestros campesinos le dieron generosamente su sangre, y al triunfo de la causa, se ha considerado justo y necesario que se realice el postulado de que la tierra sea para quien la trabaje; que se restituyan los ejidos y que se haga dotación de tierras y aguas para el sostenimiento decoroso de las familias campesinas. (Idem). p. 132)

En los primeros tres años de gobierno se concedieron en primera instancia 98,083 hectáreas en 209 resoluciones que favorecieron a 3 774 familias; al final del sexenio, el gobernador sustituto José de Jesús Limón Nuñez, señaló que durante todo el sexenio se habían entregado 265 479 hectáreas de tierra a 8 594 familias campesinas.

La Dirección de Pensiones

El gobernador Juan Gil Preciado, ratificó a Francisco Medina Ascencio, como jefe del Departamento de Economía y Hacienda y como director de Pensiones del Estado, nombramiento que conservó inclusive cuando tres años después fue electo Presidente Municipal de Guadalajara, lo que permitió a la Institución contar con una política uniforme que favoreció su consolidación definitiva.

Gil Preciado, asignó a la Dirección de Pensiones, al Patronato de la Habitación Popular y al Instituto de Bienestar Social, la tarea urgente de producir las casas y habitaciones que el rápido crecimiento de Guadalajara demandaba. Los programas de construcción tenían un claro sentido social; dotar de vivienda a las clases necesitadas; así lo externó el Gobernador en 1961 cuando pronunció su Segundo Informe de Gobierno:

El creciente aumento demográfico de Guadalajara, acentúa la demanda insatisfecha de habitaciones para las clases económicamente débiles. El gobierno tiene honda preocupación por ese problema y procura estimular, por todos los medios a su alcance, la construcción de casas decorosas y baratas, pues considera que es esa una forma objetiva de mejoramiento material y una prueba manifiesta de que el gobierno cumple su función social al procurar que las clases débiles alcancen niveles de vida más dignos y justos. (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, Tomo V, p. 76).

Durante el primer año de gobierno se construyeron cuatro unidades con 82 departamentos y un local para comercio y se adquirió un predio cercano a la Normal, en donde se edificaron 46 departamentos La Dirección de Pensiones en colaboración con la iniciativa privada, inició la construcción de una parte de la unidad "Justo Sierra", cerca del Tecnológico y otras dos más con cincuenta casas en las colonias Chapalita y Santa Elena Alcalde. Siguiendo el Programa de Rehabilitación de Vecindades se firmaron convenios con los propietarios para llevar a cabo la reconstrucción de 16 de este tipo de viviendas.

Al año siguiente (1960), se construyeron los multifamiliares; "Guadalupe Victoria" con 76 Unidades de renta en un terreno cedido por el gobierno del Estado ubicado en el área del Parque Agua Azul, frente a la Plaza "Benito Juárez", y el "José Antonio Torres", en la calle Nápoles, dotado de 38 departamentos de renta. Se rehabilitaron 117 vecindades y en colaboración con la iniciativa privada se entregaron 106 casas unifamiliares.

Durante los años de 1961 a 1963, la Dirección de Pensiones, adquirió dos terrenos, uno en la calle Mezquitán y otro en la calzada Higuerillas, en donde se inició la construcción de dos unidades de vivienda mixta (Unifamiliar y Multifamiliar) con capacidad de 200 casas. Se construyó el edificio Zaragoza con 18 departamentos y 10 locales comerciales; se otorgó un crédito de un millón de pesos, a la Sección 39 del SNTE que agrupa a los profesores del estado, para que pudieran continuar la construcción de la unidad de Servicios Sociales del Magisterio y se concluyó la segunda sección de la unidad "Mariano Matamoros".

En el último año de la administración, se terminó la unidad "'5 de Mayo", que incluye un multifamiliar con 24 departamentos en tres plantas, 28 casas de tres recámaras y la hospedería para pensionados. En la unidad "Mariano Matamoros", se inició la construcción de la tercera sección, con 26 casas de dos y tres recámaras. Durante todo el sexenio, para el fomento de la habitación popular, la Dirección de Pensiones, erogó un total de 19 millones de pesos, con los cuales se construyeron 444 casas habitación y cinco multifamiliares con 362 departamentos.

Además de las casas y departamentos construidos por Pensiones, el gobierno en colaboración con el Patronato de la Habitación Popular construyó 880 casas y el Instituto de Bienestar Social 125.

A lo largo del sexenio, Pensiones otorgó 759 préstamos hipotecarios con un valor total de $19'443,242.82 y 39,682 préstamos a corto plazo por un monto de $39'865,031.31, así como cubrir las prestaciones de 220 jubilados.

En 1959, por acuerdo del gobernador Gil Preciado, los veteranos de la Revolución, fueron incorporados al régimen de Pensiones y al referirse a ello en su Primer Informe de Gobierno, afirmó:

Como Servidores de la Patria, los Veteranos de la Evolución merecen el auxilio del Estado en sus méritos, de igual manera que sus trabajadores. Por tal motivo les fueron asignadas pensiones que fluctúan entre $300 y $500 pesos a quienes acreditaran la calidad requerida para disfrutar ese beneficio (Jalisco, testimonio de sus gobernantes). Tomo V, p. 49).

En 1964 la Dirección de Pensiones cumplió sus primeros diez años de labores y su director, Francisco Medina Ascencio presentó un informe de lo realizado desde el mes de enero de 1954 al de agosto de 1964.

En ese lapso, Pensiones otorgó 63,846 préstamos a corto plazo, por un monto de $48'644,851 pesos, y 1,073 préstamos hipotecarios que sumaron la cantidad de $23´076,117.40 pesos, los multifamiliares en operación y que por concepto de renta le producían casi un millón de pesos anuales, eran los siguientes:

Nombre: Ubicación:
Reforma Munguía y Aguascalientes
Insurgentes Circunvalación y 5 de Febrero
Constitución Gante y Jazmín
Revolución Circunvalación y Florencia
López Cotilla Tucán y Cisne
Independencia Sierra Morena y Sierra Nevada
Miguel Hidalgo Mezquitán 2245
Cuauhtémoc A Francisco Zarco 1270-80-90
Cuahutémoc B Francisco Zarco 1270-80-90
Edificio Pensiones Morelos no. 765
José Antonio Torres Nápoles 241
Guadalupe Victoria Calz. Indep. Sur y Av. de las Palmas
Mariano Matamoros Gobernador Curiel y Calz. De las Torres

El Consejo Directivo de Pensiones en esos momentos, estaba conformado de la siguiente manera: Presidente y representante del gobierno del Estado, Dr. Elías Mendoza González; director, Francisco Medina Ascencio; segundo representante del gobierno, Rafael Morán de León; representante de los trabajadores, Alfonso Parra Zepeda y representante de los maestros estatales, José Ma. Iglesias Robles.

Francisco Medina Ascencio

Electo gobernador para el período 1966-1971, Medina Ascencio en 1953 fue invitado por Agustín Yáñez a integrarse a su equipo de trabajo ocupando la jefatura del Departamento de Economía y Hacienda, cargo que le fue ratificado por Gil Preciado y en el cual se desempeñó hasta que fue electo presidente municipal de Guadalajara, de donde fue postulado en 1965 al gobierno del Estado.

El lema de su gobierno "Continuidad y Dinámica" fue llevado a la práctica con acierto, retornando los compromisos sociales y económicos que tanto Yáñez como Gil Preciado habían impulsado en su momento, confirmándose el impulso educativo y cultural, la modernización del campo y el desarrollo económico como las grandes prioridades de la administración.

La política de desarrollo industrial, brindó grandes incentivos a la inversión privada y la modernización de la infraestructura recibió un fuerte apoyo gubernamental, buscando con ello consolidar una planta industrial moderna y eficiente. los resultados fueron positivos y grandes empresas extranjeras como la Kodak, Goodrich Euzkadi, Motorola, Burroughs, IBM y Anderson Clayton, se instalaron en Jalisco.

Sin embargo, el modelo económico de desarrollo estabilizador empezó a dar muestras de cansancio y la rebelión estudiantil de 1968, fue la irrupción violenta de una sociedad urbana que demandaba cambios profundos en la vida política del país. A pesar de ello durante el período de Medina Ascencio, Jalisco pudo mantener una tasa de crecimiento económico del 8.1 anual, superior al 6.5 alcanzado a nivel nacional y al mismo tiempo, preservar la tranquilidad pública, pues a diferencia de otras entidades, el movimiento estudiantil tuvo escasas repercusiones locales.

La apertura política y el impulso del gobierno a la iniciativa privada, provocó un intenso desarrollo industrial y comercial, que generó numerosas fuentes de empleo, haciendo posible la consolidación de una pujante clase media urbana así como el mejoramiento de los niveles de vida de la clase trabajadora. Pero Medina Ascencio reconocía que aún faltaba mucho para reparar las grandes desigualdades sociales existentes en Jalisco y a lo largo de su administración, insistirá en todo momento, en el compromiso conjunto del gobierno y los inversionistas para llevar a cabo acciones concretas para eliminar las carencias que agobiaban a muchos jaliscienses. En su Primer Informe de Gobierno señalaba al respecto:

Hay Jaliscienses que duermen en el suelo, en el máximo desamparo y con unas cuantas tortillas por comida. No se puede ser un pueblo justo y menos hablar de bondad, cuando tenemos en esta Casona llamada Jalisco muchos humanos que viven, digámoslo sin tapujo de manera infrahumana. Un porcentaje elevado de nuestra población carece de elementos necesarios para su subsistencia y en algunos lugares solo andan cubiertos con escasas mantas que apenas si cubren sus cuerpos. La riqueza está concentrada, hay que afinarlo con franqueza, en los menos y la pobreza en los más. (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, Tomo V, P. 338).

A principios de 1970, el crecimiento demográfico había duplicado la población del estado en tan solo veinte años y de 1'746,777 habitantes en 1950, se llegó a 3'296,587.

El municipio de Guadalajara por su parte en el mismo período pasó de 380,226 a 1. 1 19,391 habitantes, lo que generó una gran demanda de servicios básicos, empleos y viviendas para una población que tendía a concentrarse en los centros urbanos y que crecía además, a un ritmo más intenso que la nacional, haciendo más pronunciadas las desigualdades sociales, pues a pesar del despegue industrial, 619,256 jaliscienses calzaban huaraches y 43,706 andaban descalzos. Del total de la población, un poco más de 80,000 no consumían pan de trigo y 678,395 jaliscienses no incluían en su dieta alimentaria productos como carne, pescado, leche y huevos.

Medina Ascencio, continuó con la política de desarrollo regional y municipal, impulsada por Gil Preciado y durante su administración, se realizaron en total 1,093 obras que representaban una inversión de 143.2 millones de pesos, lo que "señala el ritmo que los municipios imprimieron en sus obras" durante el período 1965-1970.

De la inversión total, el 71.5 por ciento, se canalizó al mejoramiento de los servicios en las poblaciones del estado que incluyeron 714 obras urbanas destinadas sobre todo a la ampliación de calles, puentes y pavimentos; a la construcción de 53 mercados municipales, 40 obras de alcantarillado, así como edificios públicos, escuelas, rastros, unidades deportivas, jardines, monumentos e iluminación pública. Entre el conjunto de estas construcciones sobresalen: Las unidades hogar de Huentitán el Bajo y el Alto; las de Villa Corona; Sayula, Capilla de Guadalupe, Jalostotitlán y Sayula; las unidades deportivas de San Ignacio Cerro Gordo, Arandas, Ixtlahuacán del Río, Autlán y Cihuatlán; los mercados de San Juan Ocotán, Tateposco, San Juan de los Lagos y Zapopan; el drenaje en Colotlán y Valle de Guadalupe; el puente sobre el Río Zula y la Casa de la Cultura de Tepatitlán.

En el aspecto de comunicaciones, durante el sexenio se realizaron inversiones por 1,220 millones de pesos de los cuales 558, se destinaron a la apertura y conservación de las carreteras y caminos estatales; 119 a la modernización de las vías ferroviarias; 44 a la infraestructura portuaria; 223 a la construcción de aeropuertos y 273 millones al fomento de las telecomunicaciones (telégrafos, teléfonos, telex, correos, microondas y radio). Entre las obras más importantes se encuentran: La terminación de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo; las carreteras Arandas-Manuel Doblado y La Barca Atotonilco, el anillo periférico de Guadalajara; el gran avance alcanzado en la carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta y la construcción de los aeropuertos internacionales; de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Medina Ascencio prestó especial cuidado al debido aprovechamiento del agua, tanto la destinada al uso agrícola como al consumo de la población. Se amplió la infraestructura de riego en obras como: 1a presa de almacenamiento de Lagunillas (Acatic) y la del Tule (Arandas), la Red (Tepatitlán), San Antonio (Teocaltiche) y la de Cuquío. En total se realizaron 236 obras de bordería rural que permitieron llevar el riego a 1,589 hectáreas, que beneficiaron a 24,000 habitantes. Además se llevaron a cabo 244 obras de introducción de agua potable entre las que podemos mencionar las de: Teocaltiche, Ahualulco, Tamazula, Jalostotitlán, Unión de Tula, Puerto Vallarta, la Barca y sobre todo las realizadas en Guadalajara, en donde fue ampliada la Planta de Tratamiento y construido el segundo Acueducto Oriente.

La Agricultura por su parte siguió su ascenso y durante el período, la producción de maíz casi llegó a los tres millones de toneladas gracias a un programa intensivo de fertilización de la tierra llevado a cabo en un millón 40,800 hectáreas; igualmente se apreciaron alzas significativas en la producción de sorgo y caña de azúcar. En este aspecto Medina Ascencio mantuvo la estrategia establecida por Gil Preciado con el Plan Agrícola Jalisco.

El crecimiento acelerado de Guadalajara exigió la realización de numerosas obras destinadas a mejorar los servicios e instalarlos donde no existían. En la modernización del equipamiento urbano se llevaron a cabo 366 obras diversas entre las que sobresalen: El Auditorio del Estado, el Palacio Federal, el Departamento de Tránsito, la Procuraduría de Justicia, la Administración de Correos, el Departamento de Agricultura y Ganadería, el edificio de la FEG, el Gimnasio Estatal y la Unidad de Servicios Municipales.

El Sistema de Colectores experimentó un desarrollo impresionante pues se concluyeron las tres etapas de proyecto general, así como las de El Deán, calzada González Gallo. Av. 1,a Paz-Tlaquepaque y Circunvalación Belisario. Además se continuaron las obras de ampliación y modernización del trazo urbano en las avenidas López Mateos (prolongación) La Paz. Las Torres, Mariano Otero, Patria, Los Angeles y Jesús García, entre las más importantes.

De ese tiempo son también los mercados de Abastos, Dionisio Rodríguez, Lomas del Paradero, de la colonia Circunvalación-Paradero, el mercado de las Flores y las unidades deportivas de los fraccionamientos Circunvalación, Las Torres, Hermosa Provincia así como las del Tecnológico y El Coliseo Olímpico.

Una preocupación permanente de Medina Ascencio a lo largo de su administración, fue la de construir habitaciones populares para cubrir el creciente déficit de vivienda que empezó a experimentar la ciudad de Guadalajara, al respecto señaló:

El constante aumento de la población, las concentraciones demográficas, que han originado el desarrollo urbano de las principales localidades de la entidad, el cambio en las costumbres y el constante deseo de superación de los jaliscienses, son factores que originan incrementos notables en la demanda de un mayor número y mejores viviendas, las que representan un satisfactor familiar necesario de una localidad en proceso de transformación, (Jalisco: continuidad y dinámica, Tomo II, p. 109).

Buscando atenuar el problema de la vivienda, en una acción sin precedente, el gobierno del Estado en coordinación con el Patronato de la Habitación Popular, el Instituto de Bienestar Social, la Dirección de Pensiones, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S A, el Departamento de Obras Rurales por Cooperación y la XV Zona Militar, hizo posible la construcción de 5,366 habitaciones de las cuales 952 fueron construidas por la Dirección de Pensiones que por primera vez, beneficiaron no solo a Guadalajara, sino también a poblaciones con grandes necesidades como Ameca, en donde se construyeron 77 casas en La Barca 88; y muchas más en localidades como Mezquite, Ocotlán, Poncitlán, San Martín Hidalgo, Tala, Teuchitlán, Tototlán y Tuxcueca.

La Dirección de Pensiones:

Francisco Medina Ascencio no sólo fue el impulsor del proyecto de fundación de la Dirección de Pensiones del Estado, sino además, quien logró la consolidación definitiva de esta noble Institución; al cabo de casi 18 años, once como Director y seis como Gobernador, durante los cuales se definieron sus características fundamentales, como instancia de justicia social para los trabajadores del Estado.

Señala Medina Ascencio que el gobernador Yáñez, tenía una mala impresión de Pensiones Federales pues cuando solicitó sus servicios, la burocracia imperante obstaculizó el préstamo que había solicitado; por esa razón dudaba de establecer en Jalisco una dependencia similar (El Informador, 19 de agosto de 1989); Yáñez temía también, que además de ser una dependencia burocrática e ineficiente, en Pensiones se "jineteara el dinero"; a pesar de su reticencia -señala Medina Ascencio- se le presentó el Proyecto de Ley basado en una estructura cuya operación sería similar a la de un Banco 2 La muerte de un empleado en Palacio de gobierno, causó honda impresión en el gobernador Yáñez y días después, en un recorrido por Ciudad Guzmán, al volverse a tratar el tema, dio su anuencia para la creación de Pensiones del Estado (Entrevista con Medina Ascencio y El Informador, op. cit).

Durante el sexenio, la Dirección de Pensiones tuvo como directores inicialmente al Lic. Rafael Morán de León, siendo sustituido a partir del 16 de enero de 1968, por Alfonso Parra Zepeda. Además de los préstamos a corto plazo cuyo monto fueron ampliados a tres meses de sueldo pagaderos en 24 quincenas y los hipotecarios, que pasando de 30 a 90 mil pesos, con Medina Ascencio, se sumaron nuevas prestaciones a los beneficiarios del régimen de Pensiones con la instalación de la primera tienda de servicio social para afiliados, en la que se expedían artículos de consumo necesario y ropa plazos y precios favorables; y la puesta en servicio, el 1ro. de Marzo de 1966, bajo contrato con una empresa privada, de una farmacia en donde los trabajadores del Estado podían adquirir medicinas con descuentos y facilidades de crédito.

Durante el primer año de gobierno, se concluyó la tercera sección de la unidad "Mariano Otero", con 29 casas unifamiliares de tres recámaras; estaba por terminarse la "José María Morelos" en la calzada Revolución, integrada por cinco edificios multifamiliares en treinta departamentos de dos recámaras, cuatro locales comerciales y 96 casas unifamiliares de tres recámaras en dos plantas.

La Dirección de Pensiones compró al ayuntamiento de Guadalajara un terreno cuya superficie era de 85,205.53 m2 ubicado entre las avenidas Huentitán, Hacienda de La Calera, Hacienda de la Colmena, y calle Gral. Joaquín Amaro, en el fraccionamiento de Oblatos, en donde se construyó la unidad "Río Verde" integrada por 446 casas que fueron vendidas desde 15,700 pesos las más baratas, con pagos mensuales de 140 pesos; hasta 34,000 las más caras, con abonos de 380 pesos al mes, durante un período de quince años

Al rendir su Primer Informe de Gobierno, Medina Ascencio señalaba que la necesidad de crédito entre los trabajadores era muy grande, tanto para atender cuestiones personales apremiantes como para la construcción o adquisición de vivienda y por eso -señala-, cualquier medida que se tomara por el gobierno en tal sentido era necesariamente insuficiente; por esa razón, hizo un llamado a los patrones, para que "nos ayuden a darle vivienda a quien no la tiene", aprovechando las facilidades que otorgaban la Dirección de Pensiones, el Patronato de la Habitación Popular y el Instituto de Bienestar Social (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, Tomo V, p. 318).

En 1966 se puso en servicio la unidad "José María Morelos" en la calzada Revolución y se terminaron las obras de construcción en la de "Río Verde", en el fraccionamiento Oblatos; y las de unidad "5 de Mayo" pequeño conjunto de cinco casas unifamiliares.

Dos nuevos terrenos fueron adquiridos por Pensiones en este año:

Uno en Zapopan con superficie de 131 000 m2, en donde se inició la construcción de la unidad habitacional "República" integrada por 700 casas; otro terreno ubicado al norte de la prolongación de la Av. Juan Manuel, en donde se construyó en 1967, la unidad "5 de Febrero" con 520 casas en dos "Supermanzanas".

En el Segundo Informe de Gobierno, Medina Ascencio volvió a plantear la necesidad de ofrecer vivienda digna y barata a los jaliscienses: "sigo afirmando que necesitamos dar casa digna y decorosa a cada jalisciense; que en las cuatro paredes en que viva, quepa la dignidad de México: todavía tenemos mucha piedra en nuestros montes, tantas como para construir todas las viviendas que Jalisco necesita para sus hijos. (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, vol. V.p.393).

Los quince años de Pensiones se cumplieron en 1968; desde su fundación, la institución había logrado consolidar un patrimonio superior a los cien millones de pesos 2invertidos en inmuebles y en préstamos concedidos a los propios contribuyentes al Fondo de Pensiones".

En ese mismo año, se terminaron la 2ª y 3ª etapas de la unidad "República", se concluyeron además la "5 de Febrero" y un núcleo urbano denominado "Rita Pérez de Moreno", que en conjunto comprendían 733 casas habitación destinadas a los trabajadores del Estado.

En 1971, al rendir su último Informe de Gobierno, Medina Ascencio señaló que el fondo propio de Pensiones había llegado a la cantidad de 160 millones de pesos , y que sumaban veinte los edificios multifamiliares de renta, los cuales habían producido durante el sexenio, la cantidad de 10 millones 286 000 pesos.

Medina Ascencio sabía que estaba concluyendo una etapa de la historia de Pensiones, en donde su presencia y actuación había sido decisiva; por ello, expresa su deseo de que el futuro representante mayores beneficios a los empleados:

Este Organismo tan querido para mí, puede seguir siendo, como ya es, un instrumento extraordinario para dar al trabajador del Estado una colaboración justa, que le permita vivir con gran dignidad. Ojalá y se aprovechen sus servicios y beneficios por trabajadores y empleados de carácter privado como faculta nuestra actual Ley, dándole así, una mayor agilidad financiera en bien de los jaliscienses y en particular de nuestra burocracia. (Jalisco, testimonio de sus gobernantes, Tomo v,p.714).

Año
Corto plazo
Monto
Hipotecario
Monto

1965

8,935
12,210,000
149
3,917,000
1966
8,065
14,750,000
n.d.
3,931,000
1967
n.d.
19,143,000
205
7,031,000
1968
8,810
23,300,000
159
6,486,000
1969
10,355
27,461,000
186
8,072,000
1970
11,84
39,129,000
162
10,924,000
Total
47,658
$136,001,000
861
$40,360,000

Movimiento de capital: intereses, liquidaciones y rentas

Año
Intereses Corto Plazo
Sobre prestamos hipotecarios
Jubilación
Liquidaciones Bajas diversas
Rentas de Multifamiliares
1965
304,000
1,202,000
2,406,000
848,000
1,202,000
1966
460,000
1,368,000
2,756,000
709,000
1,368,000
1967
656,000
1,478,000
3,148,000
675,000
1,478,000
1968
816,000
1,651,000
3,550,000
896,000
1,651,000
1969
991,000
1,959,000
3,843,000
915,000
1,959,000
1970
1,324,000
2,628,000
4,968,000
1,138,000
2,628,000
Totales
4,551,000
10,286,000
10,286,000
4,968,000
10,286,000

Total de Jubilados hasta esta fecha: 486
Fuente: Jalisco, continuidad y dinámica, Gobierno del Estado,
Segundo Trineo 1968-1970 Panorama de un sexenio, p 112

1. De esta rama de la Familia Cañedo, proviene Guillermo quien se ha distinguido como Empresario, pero sobre todo corno promotor del Fut-Bol Nacional a lo largo de muchos años.

2. Medina Ascencio incorporó en el Proyecto de Pensiones su experiencia obtenida cuando trabajó en el Banco Nacional de México.

 

El periodo de expasion 1971-1989

A nivel nacional este período comprende las administraciones de los presidentes Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y Pacheco; así como de Miguel de la Madrid Hurtado. A nivel estatal los gobiernos de Alberto Orozco romero, Flavio Romero de Velasco y Enrique Alvarez del Castillo.

Caracterizado como el período más difícil de la historia contemporánea de México, a lo largo de sus 18 años, el modelo económico entró en franca decadencia y el país vivió una profunda crisis que se manifestó a través de una constante inflación que produjo la paralización de gran parte de la estructura productiva y el descenso dramático del nivel de vida de las clases trabajadoras y las clases medias urbanas, como no se había vivido en el país, desde la consolidación del movimiento social de la Revolución Mexicana en 1917.


Alberto Orozco Romero

Tapatío nacido en abril de 1925, egreso de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Guadalajara en 1949, incorporándose a la judicatura, en donde ocupó los cargos de secretario, Juez sexto y tercero de lo Civil, magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1967, cargo que desempeño hasta 1970, en que fue postulado para Gobernador del Estado, para el período 1971-1977.Durante su administración se manifestaron los primeros síntomas de cansancio del modelo de desarrollo estabilizador, vigente en el país desde 1946. El presidente Luis Echeverría Alvarez, impulsó como nuevo modelo el desarrollo compartido, que ponía en la inversión pública el acento fundamental para la promoción del desarrollo social. El nuevo lenguaje político de carácter populista, y la política exterior favorable a los países del tercer mundo, defendidos por Echeverría, provocó una confrontación directa con la clase empresarial, enturbiada además, por la existencia de grupos guerrilleros den diversas partes del país, que por momentos amenazaron seriamente la estabilidad social.En Jalisco, las tradicionales buenas relaciones entre el gobierno y los empresarios se vieron afectadas; además, las pugnas estudiantiles por el control de la Universidad de Guadalajara, adquirieron dramáticos tintes de violencia y una de sus secuelas fue la presencia de una guerrilla urbana que entre otras cosas, llevó a cabo secuestros espectaculares, varios de ellos , con resultados trágicos.Sujeto a múltiples presiones, Orozco Romero, eludió los exceso populistas y la violencia represiva, manteniendo hasta el final una política de conciliación y tolerancia hacia los sectores sociales.Al referirse a la violencia provocada por grupos radicales, señaló que:

...He rechazado todo tipo de provocación. Para determinado grupo de delincuentes el objetivo principal es desacreditar nuestro sistema político y social, y propiciar la represión sangrienta para imputar carácter despótico al gobierno. Todo delito es perseguido y castigado conforme a la Ley y nada nos hará variar esta conducta, ni seguir procedimientos que no sean legales. (Tercer Informe de Gobierno, en Jalisco, Testimonio de sus gobernantes 1972-1989,Guadalajara 1989, tomo VI,p.110)

En el ámbito legislativo, Orozco Romero, promovió la reforma de diversos artículos de la Ley de Servidores Públicos del Estado, para hacer extensivos a los trabajadores de los diferentes organismos descentralizados, los beneficios y la protección jurídica y social otorgados por la ley a los trabajadores al servicio directo del estado. SE reformaron igualmente las leyes de planeación y urbanización; varios artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles relacionados con la condición jurídica y social de la mujer; la Ley de Tránsito, y se creó, el organismo público descentralizado "Transporte Colectivo de Guadalajara".La política económica resintió los efectos inflacionarios en una magnitud jamás experimentada; el presupuesto de egresos de la administración aumentó tres veces y medio, al pasar de 605 a 2,900 millones de pesos, durante el período de 1971-1979. El aumento del gasto público, observó un ritmo de casi 40 por ciento anual y en 1973 en su Tercer Informe de Gobierno, Orozco Romero señaló que vivían momentos difíciles y Jalisco sufría la influencia de las alteraciones económicas que sacudían a todo el mundo, agregando:

Las fluctuaciones monetarias, la crisis de energéticos y de alimentos, causaron grandes desajustes económicos, la escasez de materiales de construcción y de productos básicos, ejercieron también su influencia en grandes áreas de la vida de nuestra Entidad... no obstante la importancia de esos problemas, nuestro Estado pudo desenvolverse con relativa normalidad y que el ritmo de trabajo, el de inversión y el de producción, quedaron dentro de cifras que no son desalentadoras. Pecaríamos de optimistas si dijéramos que esa situación ha quedado definitivamente superada. (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, Tomo VI, p.100)

A pesar de las dificultades económicas, la administración de Alberto Orozco Romero, pudo llevar a cabo, obras importantes que constituyeron a solucionar múltiples cuestiones, tanto en el campo como en la zona urbana de Guadalajara, A continuación un breve resumen de las acciones comprendidas durante su administración.Se instrumentó una política de comunicaciones orientada a incorporar a la localidades que aún carecían de caminos o carreteras, introduciendo al mismo tiempo redes de agua potable como en San Miguel el Alto, Usmajac, Huejúcar, Unión de Tula, Teocaltiche, Antonio Escobedo y Ahualulco. Durante el sexenio se concluyeron, iniciaron o promocionaron los siguientes caminos: Puerto Vallarta-Barra de Navidad y ramal a Tomatlán; Santa Rosa – La Barca, El Salvador – Colotlán, San Clemente – Ayutla, El Grullo- Cd. Guzmán, Atotonilco – San Ignacio-San Miguel, Tuxcueca – La Manzanilla- Mazamitla, San Juan de los Lagos- Encarnación, Mexticacán, Villa Obregón, San Miguel el Alto, San Diego de Alejandría, construyéndose y pavimentándose además, las aeropistas de Ocotlán, Autlán y Tuxpan.A través del Programa de Desarrollo Comunal , se inició la segunda etapa del plan Huicot, que pretendía incorporar a las comunidades indígenas del estado al progreso, impulsando la construcción de caminos, albergues, escuelas, aeropistas y agua potable; en estas obras, las comunidades aportaban la mano de obra. Se instaló la Comisión de comunidades aportaban la mano de obra. Ase instaló la Comisión de Desarrollo del Sur que llevó a cabo un programa similar en 43 municipios, y fueron suspendidos los trabajos de las comisiones de la Costa y de los Altos. Gracias a este programa se terminaron 247 obras rurales (pequeña irrigación, comunicaciones y edificios escolares) y 23 centros de salud, entre los que sobresalen los construidos en Ayo el Chico, Cocula, Huejúcar, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Atenguillo, Tecalitlán y Zapotitlán. Se iniciaron trabajos para la constitución de la Unión Ejidal de Productores de Agave de Tequila, Magdalena y Amatitán.La producción agrícola mantuvo un ritmo ascendente y a lo largo del sexenio pasó de 2 millones 300 mil toneladas de maíz a 2 millones 600 mil. La superficie sembrada fue de 1 millón 200 mil hectáreas, suficiente para mantener a Jalisco como el primer productor nacional de maíz y segundo en sorgo y caña de azúcar.Uno de los programas más importantes de la administración de Orozco Romero fue el destinado a consolidar la infraestructura hidráulica a través de la construcción de presas y zonas de pequeña irrigación en Tiquinague, Alcaparrosa, El Amarillo, El Nogal, La Toya, la Cascarona, Los Pérez y otras. Las grandes presas del Mexquite y Cañon de Piedras observaron un avance del 70 por ciento en su construcción y al ponerse en march el distrito de riego del Río Tomatlán se incorporaron 33 mil hectáreas, que beneficiaron a 334 familias.Entre las principales obras públicas urbanas destacan: La continuación de la calzada Las Torres y las avenidas México y Patria; la edificación de la Unidad Administrativa Estatal, y la Casa Jalisco, la puesta en servicio de la calzada del Federalismo en 5,300 metros, continuándose la obra civil del transporte colectivo que años después correría por debajo de la misma, y finalmente, la construcción de 44 colectores en Guadalajara con una extensión de 87 kilómetros.En el ámbito educativo, el crecimiento demográfico impacto el nivel de educación primaria que recibió más inscripciones que las que podía atender la planta física y docente instalada, por lo que hubo que abrir nuevos grupos, turnos y planteles. La administración de Orozco Romero dedicó a la educación casi el 50 por ciento del presupuesto, y durante el sexenio se construyeron 7,642 aulas, cantidad que casi duplicaba las edificadas en toda la historia de Jalisco. De cuatro mil se pasó a casi doce mil aulas; de seis mil maestros a más de veinte mil y de 290 mil alumnos a 430 mil. SE creó el Departamento de Bellas Artes, como órgano de Gobierno encargado de preservar la cultura local y se establecieron la Escuela Norma Superior y la Escuela Normal por correspondencia.La Universidad de Guadalajara, vivió un período de gran expansión y de 40,450 alumnos, 1,570 maestros y 1,700 administradores que tenía en 1970, pasó a 83,300 alumnos, 3,170 profesores y 3,000 administrativos en 1977. El presupuesto aumentó en proporción de un 600 por ciento, de 70 millones en 1970 a 443 millones en 1977. Se inició la reforma universitaria en el Bachillerato y se crearon los Departamentos de Enseñanza Preparatoria, el Centro de Cálculo, la Escuela de Turismo, la Preparatoria número 5, el Instituto de Madera, Celulosa y Papel, así como el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Comunidades Rurales, instalado en la casa que donara a la Universidad, el licenciado José Guadalupe Zuno .

En 1971, la Universidad recibió la visita del presidente chileno Salvador Allende, quien pronunció un extraordinario discurso a la comunidad universitaria y cuyas tesis centrales respecto al papel de la Universidad y de los estudiantes en la construcción de una sociedad más justa e independiente , adquieren con el tiempo mayor relevancia.

Flavio Romero de Velasco

Nació en Ameca, Jalisco, el 22 de diciembre de 1925; se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la UNA;. Desempeño numerosos cargos políticos en el Partido Revolucionario Institucional, en la aduana de Ciudad Juárez y fue electo diputado federal en tres ocasiones. Precisamente siendo miembro de la XLIX Legislatura del Congreso de la Unión, fue postulado candidato a Gobernador del Estado para el período 1977-1983.Tres fueron los objetivos que se trazó romero de Velasco al frente del gobierno del Estado: Restaurar la tranquilidad pública, impedir que la inflación desbordará la economía local, y ejercer el poder político sin concesiones a los grupos políticos tradicionales; así lo afirmó en su Primer Informe de Gobierno, cuando señaló:

Hemos cubierto la primera parte de una jornada singularmente crítica y obligadamente conflictiva. Crítica, porque se inició frente a un panorama decadente en el orden económico, que no obligaba a transitar rutas de austeridad y ajuste que representaban horas de intranquilidad social y de tensión política. Conflictiva, porque la situación prevaleciente en el Estado al asumir la responsabilidad de gobernarlo, tornaba improrrogables una serie de disposiciones que obviamente producirían resquemor en grupos de presión política claramente perceptibles por su vigencia de años en todas las regiones de nuestra entidad. (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, Tomo VI,p.365,366).

Casi de entrada, Flavio Romero de Velasco, renovó el cuerpo de magistrados, porque "el clamor público exigió cambios radicales en la imagen del a impartición de justicia..." (Idem.p.306); se inició la construcción de un nuevo penal en Zapotlanejo; se creó la Dirección de Orientación Municipal, para ayudar a los ayuntamientos al diseño y/o reorganización de sus trabajos administrativos, orientar inversiones, conseguir financiamientos para obras públicas y asesoría en general. Asimismo implementó una discutida campaña de despistolización, a través de la cual, se recogieron 5,118 armas.La actividad legislativa durante la administración fue muy intensa, se reformaron la Ley Electoral del Estado y la Ley Orgánica Municipal, ésta, "para garantizar la fidelidad del sufragio a la vez que para evitar que intereses y pasiones de ámbito municipal deformaran el sentido original de la votación, al deponer de su curso al primer municipio"(Idem.p.313). Se reformó la Ley de Catastro; se adicionó la Ley Orgánica del Pode Ejecutivo del Estado; la Ley Orgánica del Fondo de Actividades Sociales y Culturales del Estado; la Ley Reglamentaria de la fracción 12 del artículo 35 de la constitución Política del Estado para la creación de cuerpos se seguridad pública; la Ley Asentamientos Humanos; la Ley para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la zona metropolitana; la ley que creó la Inmobiliaria del Estado; iniciativa y adiciones a la Constitución, para lograr la participación de todas las corrientes políticas en el Poder Legislativo, la Ley de la Procuraduría del Estado; la Ley de Amnistía (para presos políticos) la que aprobó los planes parciales de urbanización y control de edificios; la que crea el Instituto Cabañas como organismo paraestatal para la niñez desprotegida; la que crea el Instituto Cultural Cabañas, como organismo descentralizado a cargo del fomento y el cultivo de las artes; la iniciativa para crear el Centro de Control de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, como organismo público descentralizado; y se decretó la desaparición de la Comisión para el Desarrollo del sur de Jalisco.La economía estatal se vio seriamente amenazada por proceso inflacionario, que llevó al os inversionistas locales a dedicar sus capitales a las actividades especulativas. En su primer Informe de Gobierno Romero de Velasco, señaló que la crisis afectó considerablemente las inversiones industriales y que los grandes y medianos inversionistas se habían canalizado a las actividades de compra – venta de inmuebles, lo que significaba " que gran parte de esa creciente actividad comercial forma un instrumento de especulación y debilita los recursos financieros utilizables para la industria." (Idem.p.338).La crisis fue un concepto recurrente a lo largo del sexenio; en su Cuarto Informe, Romero de Velasco, señalaba que estábamos obligados a vivir con la inflación ya que era imposible detener el crecimiento, ante una población que había llegado a 4 millones 600 mil habitantes y cuyas demandas deberían atenderse, "aunque no sea cabalmente, porque de no hacerlo se acumularían las insatisfacciones sociales y los efectos impredecibles por su magnitud" (Idem.p.504)Un claro indicador del proceso inflacionario, se observa en el presupuesto de ingresos. El de 1978 fue de 3 mil 729 millones de pesos (superior al último de Orozco Romero en un 54 por ciento); el de 1981, sólo tres años después, fue de 16 mil 950 millones de pesos; en cuatro años el presupuesto creció cuatro veces y media.

En febrero de 1982, ante el presidente de la República, José López Portillo, al rendir su Quinto Informe, Romero de Velasco, señaló que Jalisco había enfrentado un año particularmente difícil para su economía:

Los estratos acomodados no encaran en ningún momento situaciones que corporizan disminución a sus habituales ganancias. En cambio las clases trabajadoras y los no asalariados, enfrentaron sobresaltos y desajustes y junto con el gobierno a mi cargo, hubimos de combatir la tendencia al desempleo y al fantasma de la recesión. (Jalisco, Testimonio de sus gobernante, Tomo VI,p.562).

Sin embargo, el año de 1982, fue todavía peor; según el gobernador, "una verdadera prueba de fuego para la Administración". Las devaluaciones, los aumentos de salario y las consecuentes alzas de precios "casi destruyeron nuestro presupuesto, obligándonos ha rehacerlo varias veces, ... e iniciar una política de genuina austeridad...." (Idem,p.617). Por ese motivo el gobierno dejó de realizar nuevas obras públicas, procurando concluir las iniciadas con anterioridad; se suspendieron pedidos del transporte colectivo y se buscó no dejar deudas a futuro. No obstante lo dramático del panorama, Romero de Velasco en una aparente contradicción, señala que no hubo escasez de granos; la inversión privada se mantuvo serena y sólo hasta los últimos noventa días del año "los índices de desempleo son amenazadores.Dentro del panorama nacional, Jalisco aún no vive los días críticos padecidos en otras regiones...." (Idem).Romero de Velasco enfrentó con firmeza un difícil período de la historia reciente del país, convulsionado por una crisis económica sin paralelo en el México surgido de la revolución mexicana. Durante su gobierno se realizaron numerosas obras, de las cuales haremos una breve síntesis.El programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), cuya finalidad era procurar el desarrollo integral de las pequeñas comunidades rurales para atenuar la desigualdad manifiesta con los centros urbanos, constaba de 24 programas y operaba en 68 municipios, beneficiando a medio millón de habitantes en 930 localidades.En defensa del medio ambiente, se construyó un canal que interconectará el río Marabasco con la laguna de Barra de Navidad para "crear la ecología adecuada, a la siembra de ostión y callo de hacha..."; se llevaron a cabo, labores de protección y semicultivo de la tortuga en una población superior a 100 mil ejemplares; los programas de reforestación cubrieron 360 hectáreas y los viveros de Los Belenes de Zapopan y Teocaltiche produjeron 3 millones de árboles de diferentes especies.Romero de Velasco, creó la comisión Técnica para la Regeneración del Lago de Chápala y en ese marco, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, retomó el proyecto de la presa La Zurda, propuesto por Agustín Yañez en 1954. Al respecto en su Segundo Informe de febrero de 1979, señaló:

Si logramos la construcción de la primera etapa que constituiría la inversión de las subsecuentes, se aseguraría el abasto de agua para Guadalajara, que actualmente depende íntegramente de nuestro lago mayor. Aún cuando la obra íntegra tarde años en construirse, vale la pena y con mucho dar con decisión el primer paso. (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, Tomo VI, p.407)

Dos años después sin embargo, la crisis económica hizo imposible el proyecto y Romero de Velasco afirmó: "La iniciativa no es nada nueva ni para Jalisco, ni para la Federación, la magnitud explica el porqué ha sido postergada desde hace más de 20 años" (Idem,p.550)La producción agrícola vivió terribles altibajos a causa de los pésimos temporales que sufrieron los ciclos 79-80 y 81-82; a pesar de ello, el saldo del sexenio resultó positivo y según los datos oficiales, las producción agrícola paso de 8.5 millones de toneladas en 1977, a 11.4 millones en 1982. El crecimiento de los cultivos básicos fue del 11 por ciento y en el caso del maíz, la producción pasó de 2’417,536 toneladas en 1977, a 2’585,472 en 1982. La superficie dedicada a las siembras aumentó 119 mil hectáreas y el uso de fertilizantes aumentó de 370 mil toneladas en 1977, a 600 mil en 1982. Uno de los logros más importantes en este renglón fue el proceso de mecanización de las labores agrícolas, y el uso de tractores pasó de 9,543 a 11,900.Las obras públicas, merecieron especial atención durante esta administración y su inversión fue la más alta en la historia del estado hasta estos momentos, destinándose 892 millones 500 mil pesos, para la construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social; el conjunto de Albergues Infantiles; el túnel vehicular Miguel Hidalgo; los colectores de la zona metropolitana y los instalados en los municipios de Ameca, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, La Barca y Ocotlán.En el proyecto más polémico del sexenio, se renovaron 70 mil m2 comprendidos entre el Teatro Degollado y el Hospicio Cabañas, para la realización de la Plaza Tapatía, que incluía además un estacionamiento techado de 40 mil m2, con el que se pensaba, se resolvería el problema del estacionamiento en el centro de la ciudad.Las relaciones con la Universidad de Guadalajara, fueron frías y distantes; durante el sexenio de la Universidad vio disminuir el ritmo de crecimiento presupuestal observado en el sexenio anterior, deteriorándose el nivel de vida de los maestros, cuyos ingresos fueron rebasados por la inflación. Aún en esas condiciones la Universidad siguió aumentando su planta física y su población estudiantil llegó en 1981 a 182,554 estudiantes y 6,821 profesores.En el ramo educativo se creó la Escuela de Educación Física y Deportiva del Estado; la matrícula siguió s su ritmo ascendente y fue necesario construir 6,802 nuevas aulas, que permitieron atender el 90 por ciento de una población escolar que sumaba 97,638 alumnos de nivel preescolar, 1’555,394 de primaria; 365,191 en educación media básica y 115,640 alumnos de educación media superior.

Se puso en servicio por el presidente de la República, el Centro Médico de Occidente, considerando el más grande, funcional y mejor equipado de América Latina; y en convenio con el INAH, el gobierno de Romero de Velasco impulsó la edición en cuatro tomos de la obra Historia de Jalisco, la cual fue concluida en 1982.

Enrique Alvarez del Castillo y Labastida

Nació en la ciudad de Guadalajara, el 13 de noviembre de 1923. Realizó estudios de derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de México (1942-1946) y el doctorado en derecho en la misma institución, obteniendo su grado en 1977. Fue gerente de la empresa Pescados del Golfo, S.A.; Profesor titular de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1952;diputado federal miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Secretario General de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo; autor de numerosas investigaciones, artículos y conferencias sobre Derecho del Trabajo. Fue electo Gobernador Constitucional del Estado, para el período 1983-1989, cargo al que renunció el 30 de noviembre de 1988 para ocupar el de procurador general de justicia de la Nación, para el que fue designado por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue sustituido en el gobierno del Estado por el Lic. Francisco Rodríguez Gómez.Durante el sexenio de Alvarez del Castillo, la crisis económica tocó fondo y se tomaron las primeras medidas para rectificar el modelo económico de desarrollo en vigencia desde más de cincuenta años, el cual estaba evidentemente agotado. El costo de la crisis recayó sobre las grandes mayorías del país que vieron descender sus ingresos de manera dramática, y grandes sectores de las clases medias se vieron amenazadas por la proletarización de sus niveles de vida. El malestar social surgido a raíz de los terremotos de septiembre de 1985, aunado a la escisión de la Corriente Democrática, hicieron posible la mayor crisis política que hubiera vivido el país desde la época revolucionaria. El proceso electoral de 1988, puso fin como dijera el presidente Carlos Salinas de Gortari, a la época del partido casi único. Nuevos partidos y nuevos actores sociales emergieron, constituyendo una sociedad más plural y participativa. En Jalisco esta crisis significó la pérdida de ocho distritos urbanos, el agrupamiento político de la sociedad en tres grandes corrientes ideológicas, y el predominio de la sociedad urbana como protagonista fundamental de los procesos electorales.El gobierno de Alvarez del Castillo gozó de un relación privilegiada con el ejecutivo nacional, lo que permitió que el estado contara con recursos para apuntalar la economía local, impidiendo con ello, que la crisis económica alcanzara los niveles dramáticos que se dieron en otros estados de la República.

Durante el sexenio, el presupuesto estatal pasó de 32 millones de pesos en 1984, a 332 mil millones en 1987, lo que significó un aumento de diez veces e sólo cuatro años(fiscales) a un promedio de 96 por ciento anual. En su tercer informe de gobierno Alvarez del Castillo señaló:

Fue este año (1986) un año colmado de problemas para los mexicanos la continuada lucha que bajo la dirección del presidente Miguel de la Madrid, se llevó a cabo para superar carencias, errores y limitaciones, a la vez que buscar soluciones a las necesidades, de por sí complejas, resultó enormemente entorpecida por su escenario internacional convulsionado en todos los órdenes. A presiones políticas y económicas, internas y externas, debemos responder y respondimos con la unidad esencial y el acendrado patriotismo característica de nuestra nacionalidad, cuyas raíces implican en un pasado cabal y heroico, durante el cuan han salido airosos de crisis similares los principios y los anhelos de los mexicanos.

La inflación generado por el abuso de las fuerzas económicas provoca injusticias en la estructura misma de la sociedad, la inflación se ensaña con los asalariados. Sobre ellos cae fundamentalmente, todo el peso de la crisis, mientras que desproporcionada e injustamente beneficia a unos cuantos; provoca dependencia y subordinación de grandes sectores y por lo tanto se convierte en limitante de la libertad y justicia social. (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, T.VI,p.787)

La política económica del régimen, tuvo entre otras, las siguientes acciones. Creación del Comité de Reservas territoriales para el desarrollo urbano e industrial y la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con la participación de varias dependencias federales, el gobierno del estado y los sectores público y social, con un fondo revolvente de 1,500 millones de pesos; instalación de la Comisión para el Desarrollo Turístico de la Costa Sur; adquisición, en marzo de 1984, de la mayoría de las acciones de la empresa Servicios y Transportes S.A. de C.V.; creación del Fondo de Fomento Industrial, con un capital de mil millones de pesos de fondo de garantía, para otorgar el aval a empresas pequeñas que carecían de acceso al crédito; y se puso en marcha el Centro Expo Guadalajara, proyecto privado, en el cual, el ayuntamiento de Guadalajara dotó el terreno y los gobiernos estatal y federal, participaron como socios y con apoyo credicticios.La actividad industrial permitió que el índice de desempleo abierto a atender a la baja; la inversión conjunta entre el estado y la federación fue un elemento fundamental para la economía regional y tan sólo en 1984, alcanzó el monto de 80 mil millones de pesos; ese mismo año, se puso en marcha, con una inversión de 2 mil millones de pesos que generaron 1,900 empleos, el proyecto minero de la zona del Barqueño, pero cuatro años después las grandes expectativas que había despertado se derrumbaron y el gobierno federal, la vendió a la compañía privada Peñoles. Los sismos provocaron en 1985 una sensible baja del turismo internacional, pero en cambio las exportaciones pasaron de 350 millones de dólares a 420 en 1986, destacando por sus volúmenes de exportación las ramas de alimentos, bebidas, textiles, calzado, plástico y perfiles de acero.El gobierno de Alvarez del Castillo, presentó al Congreso del Estado, varias iniciativas de ley entre las que destacan: el 30 de enero de 1984, la Ley Orgánica Municipal, reglamentaria del título quinto de la Constitución Política del Estado: la ley de Hacienda Municipal; la de Servidores Públicos del Estado y sus Municipios; la Reforma a la Ley Electoral, para adecuar a Jalisco al proceso de municipalización impulsado por el presidente Miguel de la Madrid; la Ley de obras Públicas del Estado; las modificaciones a ala Ley de Fraccionamientos, para instituir los de objeto social por gestión pública y las modificaciones al Código civil, para incluir las modalidades de condominio horizontal, mixto y de interés social; así como la expedición de la nueva Ley de Pensiones del Estado, que incluían nuevas prestaciones y mejoraba las existentes.A consecuencia de los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985, perdieron la vida 38 personas y 527 resultaron lesionadas; se destruyeron totalmente 1,454 fincas y se afectaron parcialmente 1,266. El 29 de octubre de ese año, se creó la Comisión de Reconstrucción de la Zona Sur de Jalisco, con los sectores públicos, social y privado "para programar, coordinar y ejecutar los diversos aspectos de la tarea de reconstrucción" (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, Tomo VI, p.769).En el ámbito político, se creó la Dirección Intermunicipal de Seguridad Pública en convenio con los ayuntamientos de la zona metropolitana y como resultado de la nueva Ley Electoral, en las elecciones de diciembre de 1985, se incorporaron 85 regidores de representación proporcional de diversos partidos políticos, en 79 municipios del estado.Entre las acciones orientadas al mejoramiento del medio rural sobresalen: La iniciación de los trabajos de la prensa Trigomil en el valle de Autlán-El Grullo; la realización en los primeros cuatro años de gobierno de 1,493 bordes y abrevaderos y 33 obras de pequeña irrigación; la creación de una comisión integrada por la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el gobierno del Estado, para resolver los problemas sociales y técnicos que aquejaban al sistema de riego Cajón de Peñas en Tomatlán, lográndose incorporar el riego en 16 mil hectáreas; y finalmente la conclusión de la presa La Pólvora en el municipio de Degollado.Para la Defensa del medio ambiente se inició la construcción de 18 plantas de tratamiento de aguas residuales y se pusieron en marcha, las plantas potabilizadores de Teocaltiche, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. Hacia finales del sexenio, entraron a su etapa de prueba, las plantas de tratamiento de Poncitlán, Atequiza y El Salto.Merecen especial atención, las acciones de rescate y protección de la Sierra de Manantlán emprendidas por el gobierno en coordinación con la Universidad de Guadalajara, institución que instaló el laboratorio Las Joyas en 200 hectáreas entregadas en comodato por el gobierno del Estado. La Sierra de Manantlán fue declarada reserva nacional de la biosfera, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la Universidad de Guadalajara.La producción agrícola se vio seriamente afectada por la crisis económica, la cual se manifestó por un constante, aumento de la emigración campesina y un notable descenso en la producción de maíz, cuyo cultivo ante lo incosteable de los precios de garantía fue sustituido por otros más rentables, como el sorgo. Hasta 1984, Jalisco se mantuvo como el mayor productor agrícola del país con un volumen de 10.7 millones de toneladas de 66 productos en una superficie sembrada de un millón 283 mil hectáreas, manteniendo además el primer lugar, como productor de maíz con 2 millones 93 mil toneladas. En 1985 y 1986, la producción agrícola en general pasó de 12.2 millones a 13 millones de toneladas de alimentos, pero el maíz inició un marcado descenso; en 1987, ,el gobierno anunció que las metas agropecuarias sólo se habían alcanzado en un 85 por ciento y la producción de maíz apenas llegó a un millón 758 mil 960 toneladas.Entre las principales obras públicas del sexenio sobresalen las siguientes: Inicio de la carretera de cuatro carriles Guadalajara – Manzanillo, a partir de Acatlán de Juárez; se construyeron 7,200 viviendas de interés social; se inició la primera etapa del acueducto Chápala – Guadalajara; continuó el proceso de construcción de las hidroeléctricas de Agua Prieta y Santa Rosa y se puso en servicio en 1986, la carretera Guadalajara . Colotlán.El 15 de septiembre de 1988 se entregó al Supremo Tribunal de Justicia los edificios Luis Manuel Rojas y Camarena, donde se instalaron 12 juzgados civiles y el juzgado de lo familiar; se concluyó el nuevo Hospital Civil; la Torre de Especialidades; el Instituto Dermatológico; la primer línea del tren ligero, se remodelo y modernizó el Teatro Degollado; se concluyó el eje Norte-Sur; la Glorieta del Alamo los tramos norte y sur del Periférico; prolongación de la avenida Patria; los pasos desnivel bajo la estación del ferrocarril y en avenida Vallarta; y el libramiento en Puerto Vallarta. Durante el sexenio se ejecutaron además 177 sistemas de agua potable y 63 de alcantarillado; 128 edificios públicos, 21 plazas civiles y jardines, 38 unidades deportivas, 35 centros de salud, 18 casas de la cultura municipales, 1,620 obras de pequeña irrigación y 11,985 aulas.

La Universidad de Guadalajara recibió atención prioritaria y su presupuesto ascendió de 5,735 millones de pesos en 1983 a 50 mil millones en 1987; Alvarez del Castillo fue un gran impulsor de la investigación científica y durante su gestión se realizaron numerosos proyectos, sobresaliendo los estudios realizados en la sierra de Manantlán; se instituyó la Feria Internacional del Libro y se acreditó la serie de 15 volúmenes, Jalisco desde la Revolución.

La Dirección de Pensiones

El gobernador Enrique Alvarez del Castillo, nombró director de Pensiones del Estado al Lic. Y C.P. Manuel Alfaro Rosales, quien tomó posesión de su cargo el 1° de marzo de 1983. La gestión de Alfaro Rosales tuvo que enfrentarse a las consecuencias más severas de la crisis económica que experimentaba el país en esos momentos, y la institución vivió momentos de angustia, cuando el ritmo inflacionario casi acabó con sus reservas financieras.Con anterioridad el contador José Luis Peña Loza había previsto una situación de crisis, si Pensiones no lograba incrementar el monto de sus reservas para hacer frente a una mayor demanda de prestaciones por parte de los afiliados y pensionados. Sin embargo en aquellos momentos, no podía preveerse el intenso ritmo devaluatorio de nuestra moneda a partir de 1982.En poco menos de dos años que estuvo al frente de Pensiones Alfaro Rosales puso de los afiliados diversos programas orientados a incrementar los beneficios de los afiliados a la institución. El 29 de abril de 1983, el Consejo Directivo aprobó la compra de un terreno ubicado en la calzada González Gallo, con una superficie de 3,118.70 m2, en donde habría de instalarse una funeraria, que ofreciera sus servicios a precios bajos a los afiliados.Ocho meses después, la sesión del Consejo Directivo del 3 de diciembre de 1983, se convirtió en una gira de trabajo en la que el gobernador Enrique Alvarez del Castillo inauguró y puso en servicio diferentes obras.A las 9:00 de la mañana, la comitiva salió de casa Jalisco para dirigirse al conjunto habitacional "Valentín Gómez Farias", ubicado en Ciudad Granja, municipio de Zapopan, en donde el gobernador entregó simbólicamente dos de las 48 viviendas de que se componía dicho conjunto.De ahí se dirigieron al fraccionamiento arcos de Zapopan, para inaugurar una unidad de 31 casa habitación. A continuación se dirigieron a la Policlínica de Pensiones, en donde se puso en servicio el "Centro Nutricional" de pensiones del Estado; luego partieron hacia la Funeraria de Pensiones del Estado Ubicada en las calles González Gallo y Río Volga en donde el gobernador realizó un recorrido por la siete salas develación y los laboratorios de preparación de cuerpos de que disponía para servicio de los afiliados.Finalmente la comitiva llegó al Centro de Servicios de Pensiones del Estado en donde el gobernador inauguró los servicios de farmacia, óptica librería, agencia de viajes, florería y salas de cine (Pensiones I y II) que se esperaba, dejarían grandes beneficios, en virtud de que el objetivo de la Dirección, era ofrecer en un mismo lugar, múltiples servicios orientados a la salud, el fomento cultural y la recreación de los afiliados y sus familias.Entre otras realizaciones, Alfaro Rosales promovió el aumento de las pensiones de 15,138.00 a 19,000.00 pesos mensuales, mantuvo el programa de financiamiento de automóviles V.W. y Datsun; inició la construcción de la primera etapa de la Unidad Deportiva ubicada en la Ex Hacienda de la Mora y entregó un minibus a la Unión de Jubilados.También adquirió en cinco millones de pesos, un terreno de 200 m2 aledaño al edificio sede de Pensiones, para ampliar los servicios de administrativos, y solicitó al Consejo Directivo, autorización para la construcción de dos guarderías, para iniciar la construcción de 100 viviendas de renta en Puerto Vallarta; la remodelación del centro recreativo de Jocotepec; la transformación de la ex Hacienda de la Mora en silo y la compra de cincuenta vacas suizas que sería alojadas en la granja de pensiones cerca del aeropuerto.Durante la administración de Alfaro Rosales, ante la falta de liquidez, la institución prácticamente suspendió los préstamos personales, provocando gran malestar entre los afiliados, que en medio de la crisis, recurrirán a ellos como el único medio disponible para hacerse de algunos bienes.El 1° de noviembre de 1984, Alfaro Rosales, fue sustituido por el Lic. En Economía José Hilario Lavalle Soler, quien hasta ese momento se venía desempeñando como Director de Egresos de la Tesorería General del Estado y como suplente del presidente del Consejo Directivo de Pensiones, Gabriel Covarrubias Ibarra.Lavalle Soler, con bien ganada fama de administrador eficiente, asumió funciones de director en la reunión del Consejo Directivo efectuada el 30 de noviembre de 1984. Además de Lavalle, el Consejo estaba integrado por el C.P. Gabriel Covarrubias Ibarra, Tesorero general del Estado y presidente del Consejo Directivo de Pensiones; el Lic. Francisco Javier Santillán Oceguera, secretario de Administración y tesorero del Consejo; el Lic. Y Regidor Alfredo García Muñiz como representante del ayuntamiento de Guadalajara; el profesor y licenciado Juan Alcalá Aspeitia, secretario General de la Sección 47 del SNTE, el Licenciado Alfonso Lomelí, Secretario General de la Federación de Empleados del Estado y Licenciado Salvador Cotero Pérez, Secretario del Consejo Directivo.De entrada, Lavalle se dio a la tarea de revaluar las condiciones operativas de Pensiones, la factibilidad de los proyectos emprendidos y de manera prioritaria, encontrar la fórmula para evitar que la inflación acabara con las reservas financieras de la institución.Un primer análisis demostró que existían deudas pendientes por 148 millones de pesos, por obras en proceso en la unidad deportiva de la ex Hacienda de la Mora, en 32 departamentos en la calle de Feliz Palavicini, por la remodelación del centro recreativo de Jocotepec, por la edificación de dos silos y una cubierta estructural para ganado y por la ampliación del casco de la Ex Hacienda de la Mora.Otros programas habían demostrado su incosteabilidad y el Consejo Directivo estudió los procedimientos para liquidarlos, en este caso se encontraban el establo, la florería y la librería. En primera instancia se decidió previo avalúo, vender el ganado lechero en doce millones de pesos al particular Juan Manuel González; poco después el hato de borregos en 2’640,000 pesos; el equipo de ordeña quedó pendiente; se rentaron los silos ubicados en la granja El Zapote, cercana al aeropuerto de Guadalajara y se decidió regresar al proveedor la estructura metálica que servía de techo al ganado. La florería administrada por los pensionados a solicitud de los mismos fue cerrada a partir de enero de 1985; un mes después, dejó de operar la librería y su inventario fue vendido ala librería de la Unidad Editorial del Gobierno del Estado, ambos locales fueron utilizados para ampliar el servicio de la farmacia.Otras decisiones del Consejo Directivo en su primera reunión con Lavalle Soler fueron: Poner en arrendamiento a razón de catorce mil pesos mensuales 30 viviendas de la unidad habitacional "Quintana Roo", 32 departamentos en la Feliz Palavicini y 112 en la Chamizal; se acordó que el monto de los prestamos a corto plazo aumentarían de acuerdo al ritmo inflacionario y finalmente, se autorizó a Lavalle para que atendiera el problema con la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, que recientemente había invadido los terrenos de Pensiones en la Ex Hacienda de la Mora, pues los consideraban como parte de sus propiedades.El 30 de abril, el Consejo Directivo sufrió su primer cambio al integrarse el Licenciado Héctor Rafael Pérez Partida nuevo Secretario de Administración, en sustitución de Javier Santillán quien había pasado a ocupar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI.

Para el mes de julio las cosas habían cambiado de manera favorable para la Institución; la operación global de los ocho negocios propiedad de Pensiones era positiva y económicamente autofinaciable sin embargo todavía la funeraria, el Centro Nutricional y la Ex Hacienda de la Mora generaban utilidades muy bajas; se cumplía paso a paso el propósito de la Dirección de ampliar las prestaciones a los afiliados y contar con negocios rentables que vendieran a precios más bajos que en el mercado "productos de igual o mejor calidad, y en condiciones de pago, también mejores".

Durante el mes de septiembre Pensiones en coordinación con el Ayuntamiento de Guadalajara, pusieron a la venta 800 fincas en Arboledas del Sur, financiando a los afiliados con un crédito de 375,000 pesos, equivalente al 50 por ciento del enganche, que sería cubierto en 36 mensualidades con un interés del 1 por ciento mensual, sobre saldos insolutos.El Consejo Directivo acordó rehabilitar la finca propiedad de Pensiones ubicada en la calle Fray Juan de Zumárraga y avenida Tepeyac en la colonia Chapalita, la cual sería vendida al gobierno del estado, quien a su vez, la entregaría poco después en como dato, como sede a la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco.El mes de septiembre de 1985, marcó un hito en la historia de Pensiones, institución que desde su fundación en los momentos de crisis recurría al gobierno estatal en busca de un subsidio o una partida extraordinaria, para salvar sus angustias financieras. En esa ocasión, por vez primera la situación era distinta y el gobierno del estado, a través del tesorero general y presidente del Consejo Directivo, Gabriel Covarrubias; Ibarra, solicitó un crédito por mil millones de pesos para el mes de noviembre de ese año, que serían pagados en tres meses cubriendo el interés bancario correspondiente. El crédito fue aprobado por unanimidad, en la sesión del 30 de septiembre de 1985.Atrás quedaba una institución endeble económicamente, sujeta a la voluntad del ejecutivo en turno. Un cambio trascendental se había operado y en esos momentos, Pensiones estaba mejor preparada para cumplir sus propósitos sociales y de justicia que impulsaron su fundación.Por ello, el 1ro. de marzo de 1986, al pronunciar su Tercer Informe de Gobierno, e incluir en el mismo por primera vez en tres años a Pensiones, el gobernador Enrique Alvarez del Castillo, señaló que en 1985, se habían otorgado 28,116 préstamos que sumaron 2'594,000 pesos, lo que representaba un incremento del 90 por ciento respecto al año de 1984. Agregó que:

Las empresas que opera Pensiones para hacer rendir el ahorro y el salario de los trabajadores, tuvieron ventas por 725 millones. Estos negocios son autosuficientes y operan sin pérdidas... satisface informar que las reservas de la Dirección de Pensiones subieron durante el año, de 150 a 2,500 millones de pesos; ello asegura solidez y salud financiera a esta noble Institución de servicio para muchos trabajadores... (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, Tomo VI, p. 752).

El presupuesto de la institución para 1986, se estimó en 8,300 millones de pesos, con este techo financiero, se reiniciarían los préstamos hasta por un millón de pesos para la compra de automóviles, pagadero en dos años, con un interés del 2 por ciento mensual sobre saldos insolutos; se pusieron a la venta cincuenta casas habitación en la unidad "Carmen Serdán" ubicada en el fraccionamiento lomas de San Eugenio; pero sobre todo fue posible continuar con la política de otorgar el mayor número de préstamos a corto plazo a los afiliados que lo solicitaran.A principios de enero de 1986, el Consejo Directivo sufrió algunos cambios; al concluir el período del regidor Alfredo García Muñiz fue sustituido por los licenciados Luis Albino Reyes Robles y Guillermo Lara Jaime, quienes fueron nombrados representantes propietarios y suplente del Ayuntamiento de Guadalajara; el profesor Francisco Díaz Rivera sustituyó a Juan Alcalá Aspeitia como representante de la Sección 47 del SNTE,, y el licenciado Fernando Agustín Gallo Pérez, director del Departamento Jurídico de Pensiones, se incorporó como secretario del Consejo.En la sesión del 30 de enero de 1986, el Consejo Directivo acordó que el monto de las Pensiones no fuera inferior al salario mínimo general del área metropolitana de Guadalajara; que las rentas de los departamentos aumentaran en la misma proporción que lo hiciera el salario mínimo, y que los préstamos a corto plazo pudieran ser pagados hasta en 24 quincenas.El resumen de las actividades de ese año, lo hizo el gobernador Enrique Alvarez del Castillo al presentar su Cuarto Informe de Gobierno en el que señaló que se habían realizado 38,204 préstamos a corto plazo, que representaban el 76 por ciento de los afiliados, por un monto de 4,951 millones de pesos; en el año se habían jubilado 291 trabajadores por lo que el número de pensionados llegaba a 2,089. Señaló el gobernador que:

A partir del 1° de septiembre (1986) nuestros pensionados y sus familias quedaron incorporados a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social... Las empresas de la institución realizaron ventas por 1,380 millones de pesos. Sus precios y condiciones son mejores que las del mercado; operan con remanente y no constituyen una carga para la institución ... En marzo de 1986, se inauguró y entró en operación una unidad deportiva con todo tipo de instalaciones. Su costo fue de 520 millones de pesos ... Las reservas técnicas y financieras de la institución subieron de 2,500 millones (en 1985) a 6,700 millones de pesos (en 1986). (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, Tomo VI, p. 823.) El Consejo Directivo en la sesión del 28 de enero de 1987, aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de la Dirección de Pensiones, el cual quedó expresado de la siguiente manera:

Presupuesto de Ingresos

I Dependencia

Miles de pesos

% Total

  1. Gobierno del Estado 10´193,529 47.05
  2. Ayto. de Guadalajara 1´087,200 5.02
  3. Ayto. de Zapopan 237,600 1.10
  4. Ayto. de Atotonilco 1,459 0.10
       
Subtotal 11´519,788 53.27
II Organismos descentralizados 1´497,316 6.92
III Régimen voluntario 2,400 0.01
IV entrega directa PCP 180,000 0.83
V Descuentos por renovación PCP 480,000 2.22
VI Intereses 5´562,323 25.67
VII Renta de Inmuebles 134,760 0.6
VIII Documentos por cobrar 344,466 1.59
IX Deudores 825,624 3.81
X Centros de Servicio 1´061,400 4.90
XI Ingresos varios 57,600 0.26
Total 21664´,419 100

 

Presupuesto de Egresos
Millones de pesos
I Prestamos a corto plaza (PCP) 9,000 41.5 %
II Pensiones 4,000 18.5 %
III Administración 2,000 9.3 %
IV Obras 1,500 6.9 %
V Reservas 5,164 23.8 %
  21,664 100

Como puede observarse los rubros de Préstamos a Corto Plazo y Pensiones representan el 60 por ciento del presupuesto, y apenas un poco menos del 7 por ciento se dedica a la construcción de casas y departamentos; la reserva de más del 20 por ciento es explicable por la persistencia de la inflación acelerada que padecía la economía nacional en esos momentos.

En estas condiciones, la Dirección de Pensiones se orientó sobre todo a conceder el mayor número de préstamos posibles y a proteger el patrimonio a salvo de la inflación. Los préstamos pasaron de 113,292 pesos en 1986 a 207,446 en 1987, lo que representaba un aumento del 83 por ciento. Se mantuvo el programa de préstamos de un millón de pesos para la compra de automóviles entregándose veinte cada mes.

Durante el mes; de julio Pensiones impuso dos records. Primero por haber superado los mil millones de pesos prestados en un solo mes; y segundo porque esa cantidades otorgó a 4,345 beneficiarios, el número más alto en un solo mes. Para entender mejor la magnitud de lo anterior basta señalar que el monto de los préstamos otorgados en julio de 1987, fue superior al otorgado en todo el año de 1982.

La obra más importante llevada a cabo durante el año fue la conclusión del centro recreativo de Jocotepec, que había iniciado José Luis Peña Loza, y continuado Manuel Alfaro.

El 16 de diciembre de 1987, la última reunión del Consejo Directivo durante ese año, se llevó a cabo en Jocotepec, con el objetivo de que el gobernador Enrique Alvarez del Castillo pusiera en servicio las instalaciones.

El predio tenía una superficie total de 54,409.22 m2 y la parte construida comprendía un total de 26,058 m2 . Las áreas de la casa club en su parte alta contaban con sala de juego, lectura, sanitarios, enfermería y oficinas. En la parte baja se ubicaron las salas de ingreso y de estar, comedor, bar, cocina, despensas, terrazas, sanitarios, alberca con zonas asoleadero, chapoteadero, kiosco, vestidores y baños, bungalows, zona de estacionamiento, canchas deportivas (2), zona de juegos infantiles, asadores (2), aljibe de 90 m3 y dos pozos (norias) artesianos. El total de la inversión fue de 490 millones de pesos.

En una de las salas, se instaló la sesión del Consejo Directivo y el licenciado José Lavalle informó que a diciembre de 1987, las reservas financieras de la institución habían llegado a 17,629 millones de pesos, 11,550 millones más que en el ejercicio anterior que habían llegado a 6,079 millones. Lavalle Soler señaló que:

... Con lo anterior se logró la meta de incrementar las reservas en cuando menos, el mismo porcentaje de la inflación, la que según información del Banco de México fue de 160% aproximadamente, en tanto que nuestras reservas se incrementaron en 190%, superando a la inflación en un 30%. Dichas reservas nos permiten garantizar el pago a los pensionados actuales y futuros. (Acta del Consejo Directivo, 16 de diciembre de 1987)

Durante 1988, la Dirección de Pensiones prácticamente solo tuvo dos propósitos, continuar con su política de préstamos a todo afiliado que lo solicitara y procurar mantener a salvo de la inflación las reservas financieras de la institución. En la sesión del Consejo Directivo del 26 de enero, Lavalle Soler propuso la necesidad de aumentar los intereses que se cobraban en los préstamos, ya que apenas se recibía un 12 por ciento anual por ese concepto, en tanto que la inflación había llegado al 160 por ciento. El monto de lo prestado sobrepasaba los fondos que los trabajadores aportaban a la institución, amenazando con ello, la disminución de sus recursos reales.

En el seno del Consejo Directivo el aumento de los intereses ha sido un tema muy sensible para los representantes de los trabajadores (SNTE Sección 47 y Federación de Trabajadores del Estado), quienes; en todo momento han argumentado que Pensiones no debe operar con los criterios de la banca comercial y que en todo caso será siempre preferible que el gobierno del estado auxilie económicamente a la institución en sus momentos de apremio, a que los trabajadores paguen más intereses por disponer de su propio dinero. Con egos argumentos; se opusieron a José Luis Peña Loza en 1978 cuando se planteó la necesidad de subir los intereses; del 8 al 12 por ciento, logrando retrasar la aplicación de la ley durante casi dos años; con ellos se opusieron a la propuesta Lavalle Soler y hasta este momento (1991) el tema sigue siendo uno de los más conflictivos.
Ante circunstancias tan apremiantes el Consejo Directivo decidió dar por concluido el contrato que tenía con la compañía "Marull Constructora S.A. de C.V.", para construir 592 viviendas en un terreno cercano al fraccionamiento Tabachines, en virtud de que la inflación había elevado de tal manera los costos, que resultaba imposible que los afiliados pudieran adquirirlas a consecuencia de su notable pérdida de capacidad adquisitiva.

Asimismo a propuesta del presidente del Consejo Directivo, Gabriel Covarrubias Ibarra, se aprobó invertir los recursos financieros; de la Institución en las instituciones Nacionales de Crédito en instrumentos como CETES, Certificados y Pagarés con rendimiento liquidables al vencimiento, buscando con ello que los intereses generados fueran al menos similares al ritmo de la inflación, para conservar estables las reservas económicas de Pensiones.

En la sesión del 20 de julio, José Lavalle Soler, informó que durante el período de julio de 1987 a julio de 1988, la inflación acumulada había sido de 122.5 por ciento; el monto de lo prestado durante el mes de julio de 1988 respecto al mismo mes en 1987, subió 133.5 por ciento pasando de 1,060 a 2,475 millones de pesos. El promedio del préstamo pasó de 243,959 en 1987 a 593,240 en 1988, lo que significó un aumento de 143.2 por ciento. Según el informe del director, en ambos casos se superó la inflación acumulada "con lo que consideramos haber auxiliado a los servidores públicos afiliados a recuperar capacidad de compra de los satisfactores indispensables" (Actas del Consejo Directivo, 28 de julio de 1988).

En la sesión del 19 de septiembre, el Consejo Directivo despidió calurosamente a su presidente, C.P. Gabriel Covarrubias Ibarra, al haber sido nombrado por el PRI como candidato a la presidencia municipal de Guadalajara.

Al concluir la gestión administrativa de Enrique Alvarez del Castillo quien fuera sustituido por el licenciado Francisco Rodríguez Gómez en el último año de gobierno, la Dirección de Pensiones logró cumplir sus objetivos fundamentales y José Lavalle Soler, entregó una institución fortalecida desde el punto de vista financiero, lista para reanudar con mejores perspectivas sus programas de beneficio social y la ampliación de las prestaciones a sus afiliados.

Al rendir el último informe de gobierno, Francisco Rodríguez Gómez señaló que durante el año se habían acordado 47,450 préstamos a corto plazo en beneficio del 91 por ciento de los afiliados, los cuales habían tenido un promedio de 900 mil pesos; agregando a continuación que:

Las empresas operadas por la Dirección de Pensiones presentan buena salud financiera y continúan apoyando la economía de los servidores públicos mediante la oferta de bienes y servicios a precios por debajo de los del mercado... Se satisfizo la demanda ancestral de los jubilados. No existen ya pensiones inferiores al salario mínimo general correspondiente a la zona metropolitana de Guadalajara y se incrementaron en los mismos porcentajes del salario mínimo... Para facilitar el acceso a la vivienda, se vendieron 379 lotes urbanizados (en Rinconada de San Andrés) a los afiliados que no tenían ningún inmueble, a precios bajos y plazos convenientes... El patrimonio inmobiliario de la Dirección de Pensiones se incrementa cada año. A la fecha tiene una sólida y estable situación financiera. Sus reservas pasaron de 17,629 millones de pesos en 1987 a 47,215 en 1988. (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes, Tomo VI, p. 877).

En el pasado...

Hacia la culminación del quinto año de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, el país ha venido superando los graves problemas que han afectado a la sociedad mexicana en última década. Si bien aún quedan por resolverse múltiples cuestiones de carácter estructural y algunos factores fundamentales de la crisis no han desaparecido del todo, es claro, que los signos más visibles de la misma están desapareciendo, gracias al control más eficiente de la inflación, permitiendo a la economía nacional retomar un ritmo de crecimiento constante.El mundo vive una serie de transformaciones políticas y económicas inusitadas hace apenas unos cuantos años; estos cambios que apuntan hacia la globalización de los mercados y la competencia eficiente entre las naciones, al tiempo que abren nuevas esperanzas para nuestro país, ofrecen también nuevas incertidumbres. El fin de la bipolaridad y de los bloques político-militares ha significado también, el fin de un mundo previsible, los cambios se dan con tal rapidez que lo inesperado se convirtió en el signo característico de la época.El esfuerzo fundamental del presidente Salinas en estos años, ha sido impulsar la construcción de un nuevo Estado, capaz de responder con eficiencia a las necesidades sociales, y los retos que significan una economía mundial más competitiva o interdependiente.La reforma de Estado esta orientada a erradicar a la más grave de las injusticias: La miseria. La pobreza externa afecta la dignidad de millones de mexicanos y pone en peligro a la Nación, por ello es importante encontrar nuevas formas de compromiso social con los desposeídos y el Pronasol, ha sido sin duda, una experiencia exitosa para dotar a los marginados de un mínimo de bienestar social, que les permita integrarse con orgullo a las grandes tareas nacionales.El adelgazamiento del estado, es parte fundamental de los propósitos de renovación, "Es inaceptable -ha dicho el presidente- un Estado con tantas propiedades frente a un pueblo con tantas necesidades'; no se trata sin embargo de proteger privilegios de las minorías poderosas, sino de un Estado solidario con los ciudadanos, sobre todo con los más desposeídos.En el ámbito político, el país vive una ampliación de la vida democrática y de respeto a las garantías individuales; en este aspecto, es indudable que la Comisión Nacional de los Derechos; Humanos se ha convertido en una instancia justamente reconocida; para hacer prevalecer el derecho en el ámbito judicial y erradicar una serie de prácticas que significaban violaciones a las garantías ciudadanas. En materia electoral, el Congreso Nacional aprobó el Código Federal de Instituciones; y Procedimientos Electorales que constituye un nuevo marco jurídico que amplía y perfecciona la contienda electoral y garantiza el régimen de partidos, la pluralidad y la competencia política moderna y pacífica.La era de la incertidumbre nacional ha quedado atrás, el proceso renovador que se esta gestando en la sociedad mexicana no tiene paralelo en la historia reciente; sin embargo no faltan expresiones de duda y de temor ante los nuevos retos que debemos enfrentar sobre todo en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Canadá; augurando una virtual pérdida de nuestra nacionalidad. Salinas ha sido contundente al respecto Señalando que estamos lejos de ser un país agotado e improvisado; somos una nación con una sólida conciencia colectiva que entreteje herencias diversas que han configurado el temple y la fortaleza de nuestro pueblo; agregando:

... El nacionalismo mexicano tiene hoy nuevas vías. Su esencia, la justicia social, requiere de la dinámica económica. Esta no se logrará por si sola; dada la creciente globalización de las, relaciones comerciales del mundo, es indispensable una vinculación a los grandes centros económicos... Estamos sin duda, sujetos, a nuevas influencias y actitudes Pero ante ello, tenemos la fuerza de nuestra cultura y de nuestra identidad, probada ante los intensos, procesos de comunicación que ya vivimos" (Segundo Informe de Gobierno)

Un factor prioritario en la acción de gobierno del presidente Salinas es sin duda, su compromiso para preservar el medio ambiente y los recursos naturales del país. Durante varias décadas, el desarrollo industrial y el crecimiento urbano, habían ocasionado graves daños a los ecosistemas en casi; todos los estados de la República.

La falta de previsión y el desarrollo desordenado afectaron bosques, selvas, ríos y lagos; la depredación y la cacería furtiva acabaron con cientos de especies de la flora y la fauna y en los centros urbanos, sobre todo en la ciudad de México, la contaminación ambiental ha alcanzado niveles alarmantes para la salud pública, haciendo necesario implementar programas urgentes para reducir la emanación de contaminantes por los vehículos automotores corno medida complementaria, Salinas ordenó el cierre de la refinería en Azcapotzalco. Asimismo se tomaron acciones firmes para la defensa de la tortuga, los delfines y la preservación de los recursos naturales, sobresaliendo entre ellas, el acuerdo nacional para la conservación del Lago de Chápala.

Guillermo Cosío Vidaurri

Nació en Guadalajara el 4 de septiembre de 1929; su familia se avecindó en el barrio de la Capilla de Jesús, su padre, Salvador Cosío Castillo, originario de Autlán desde joven se vinculó en la lucha del movimiento obrero a través de la Casa del Obrero Mundial y de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, desempeñándose también como periodista y funcionario público. Su madre doña María Magdalena Vidaurri, fue maestra de primaria, descendiente de una antigua familia alteña ligada a las actividades agrícolas.Concluyó sus estudios primarios en la escuela Anexa a la Normal y en el orferinato "Luis Silva", teniendo que trabajar en el ayuntamiento de Guadalajara, para poder sostener sus estudios de secundaria. A base de grandes sacrificios logró graduarse como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara en 1953. Cosío Vidaurri, junto con Eduardo Aviña Batiz, Constancio Hernández Allende y Raúl Padilla Jiménez, formaron un grupo de jóvenes políticos;, que fueron impulsados en sus carreras por el entonces gobernador del Estado Prof. Juan Gil Preciado.A lo largo de muchos años de trabajo, Cosío Vidaurri acumuló una gran experiencia resultado de las innumerables tareas que configuran su carrera política, en la que fue ascendiendo hasta llegar a los más altos niveles de la administración pública del país. A nivel federal ha sido diputado en dos ocasiones; en el ámbito partidista se ha desempeñado como delegado del CEN del PRI en varios estados de la República, ocupó también los cargos de secretario de la Organización de la CNOP, secretario general del CEN del PRI y presidente del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal. A todo esto hay que agregar la experiencia administrativa obtenida como director general de Cuenta y Administración de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como oficial mayor y subsecretario de la Secretaría de Reforma Agraria; subsecretario del Trabajo; director del Sistema Colectivo-Metro y como secretario general de Gobierno del Departamento del Distrito Federal.Una meta acariciada desde 1953 pudo finalmente materializarse el 25 de julio de 1988, cuando los tres sectores del Partido Revolucionario Institucional lo postularon como su candidato a la gubernatura del Estado. En esa ocasión, Cosío Vidaurri afirmó que: "Es ésta la mayor distinción que pueda merecer una jalisciense orgulloso de su pertenencia al partido político que conduce la renovación nacional y para mi significa, la más alta aspiración en mi carrera de servicio público".El 1ro. de marzo de 1989, al tomar posesión del gobierno en una ceremonia realizada en el Teatro Degollado, ante el presidente Carlos Salinas de Gortari, Cosío Vidaurri señaló que la sociedad vivía momentos cruciales de cambio estructural, tan importantes y profundos como los que se habían realizado a partir del triunfo de la revolución. Hoy más que nunca -afirma-, la modernización es el camino que garantiza la viabilidad de México como nación independiente y dirigiéndose al presidente agregó. "Tenga usted la certeza de que Jalisco sumará con decisión y fuerza, a las nuevas y difíciles tareas de la renovación nacional".En esa ocasión delineó los grandes retos de Jalisco, que serían los compromisos fundamentales de su administración; Defender y Preservar los recursos naturales; un programa que impulse la vida económica e integre con dignidad al estado; fomentar el desarrollo agropecuario forestal y pesquero; impulsar la industrialización, la minería, el abasto y las exportaciones; alcanzar un desarrollo regional equilibrado y justo; atender la problemática metropolitana; conceder atención prioritaria al desarrollo social; otorgar un apoyo sin precedente a la cultura, la educación y la ciencia; ofrecer un Poder Ejecutivo eficaz en el cumplimiento de rectoría gubernamental.Para hacerse cargo de la Dirección de Pensiones, el gobernador del Estado nombró al experimentado político y administrador, licenciado en Derecho, Arnulfo Villaseñor Saavedra; quien ha sido en varias ocasiones diputado local y federal, senador, presidente municipal de Guadalajara y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, director del CEPES Jalisco, y director del SIAPA, alcanzando en cada una de sus encomiendas, un claro reconocimiento por la eficiencia y honestidad con que se ha desempeñado.

La gestión de Arnulfo Villaseñor al frente de la Dirección de Pensiones, se caracterizó sobre todo por el impulso dado a la modernización administrativa y a la eficiencia en el cumplimiento de los fines sociales de la institución.

En la sesión del Consejo Directivo de Pensiones de enero de 1989, el licenciado Arnulfo Villaseñor Saavedra solicitó del mismo, se le facultara para determinar la distribución del ingreso de las partidas globales conforme a las necesidades de la institución que se fueron presentando durante su ejercicio. Aprobada la solicitud, Arnulfo Villaseñor presentó a continuación su propuesta para constituir fondos específicos destinados a satisfacer las prestaciones otorgadas, de una manera clara desde el punto de vista financiero e independiente, desde el punto de vista de su operación. Esta medida acabó con el viejo sistema de acudir a un fondo general para satisfacer diferentes prestaciones otorgadas por la institución, en el que llegó a darse el caso en numerosas ocasiones, que algunas prestaciones no podían cubrirse por haberse destinado más recursos; a una prestación que a las otras.Los fondos propuestos por Arnulfo Villaseñor fueron: Fondo de seguro de vida, que se creó con la partida presupuestal destinada al seguro de vida de los empleados de la institución quienes tenían derecho a la cantidad de tres millones de pesos, que serían entregados a sus familiares en caso de fallecimiento. Fondo de seguro para vehículos, que operaría con la partida presupuestal correspondiente para aplicarse al pago de los accidentes que pudieran ocurrir durante el presente ejercicio. Fondo de garantía, previsto por la ley de Pensiones, serviría para cubrir los préstamos que la Dirección calificara como incobrables.Durante la reunión del Consejo Directivo correspondiente al mes de febrero de 1989 se propuso la creación del Fondo para préstamos a corto plazo, en el cual se manejarían los recursos en cartera en esos momentos que ascendían a casi quince mil millones de pesos, previéndose un incremento adicional de seis mil millones, para otorgar durante el año, aproximadamente 51 mil préstamos por un monto total de 51 mil 750 millones de pesos. Se aprobó también, la creación del Fondo para vivienda, que estaría constituído con los productos del arrendamiento de los inmuebles propiedad de Pensiones. Este fondo tiene como objetivo captar los recursos generados y obtener remanentes que serían destinados a la construcción de un mayor número de viviendas para los afiliados. Finalmente se aprobó el Fondo para bienes de consumo duradero, constituido inicialmente por dos mil millones de pesos obtenidos del fondo general de la institución, el cual estaría destinado a créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero con una tasa del 40 por ciento de interés sobre saldos insolutos.Una de las cuestiones que durante muchos años habían amenazado al patrimonio y las reservas financieras de la institución, era el bajo interés que se aplicaba a los préstamos otorgados, mucho más bajos que las tasas impuestas por la banca comercial. Si bien, Pensiones es una institución de servicio social no lucrativo, para operar con eficiencia y evitar que los saldos negativos fueran absorbidos por el gobierno estatal vía subsidios, lo que representaba una aportación extra a toda la sociedad, era necesario romper las trabas que impedían su capitalización y la única vía posible para hacerlo, era incrementar las tasas de interés. De esta manera en la sesión del Consejo Directivo del mes de febrero se aprobó un calendario para la aplicación de las nuevas tasas; a partir de ese momento, un 9 por ciento global; del mes de mayo, 10 por ciento; y a partir del mes de agosto 11 por ciento, para llegar a noviembre al 12 por ciento de interés global.No han faltado opositores para esta medida pues aferrados a concepciones fáciles aderezadas del típico populismo demagógico, consideran que al manejar dinero que es de los trabajadores, Pensiones no puede actuar como una banca privada. Para ellos el recurso es fácil: Préstamos amplios y baratos; y si Pensiones tiene problemas financieros que acuda al gobierno estatal para una ampliación presupuestal o la otorgación de un préstamo de emergencia.Quienes así piensan, no comprenden que Pensiones ha hecho sujetos de crédito a miles de trabajadores que no tendrían acceso al mismo en la banca privada. La adquisición de recursos económicos, préstamos hipotecarios, pagos de Pensiones y demás prestaciones, reclaman recursos crecientes cada vez, para ajustarlos a las condiciones que privan en la economía nacional y de las cuales Pensiones no puede estar al margen. Una mayor capitalización de la institución, se traduce indudablemente en mayores recursos y prestaciones para todos los afiliados y ello se ha visto casi de inmediato, con la ampliación de los fondos para la adquisición de préstamos a corto plazo a quien lo solicite, así como préstamos para automóviles, casas y la adecuación permanente del pago de pensiones y jubilaciones a los términos dispuestos por la ley.El Consejo Directivo de Pensiones se conformó de la siguiente manera: Presidente, el Ing. Ignacio de Jesús Montoya González, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado; el Lic. Carlos Manuel Guerra Koerdell, secretario de Administración; el Lic. José Lavalle Soler, tesorero del ayuntamiento de Guadalajara y representante de dicha Comuna; el Sr. Maximino Acosta Estrada, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; el Prof. Arnoldo Rubio Contreras, secretario general de la Sección 477 del SNTE; el director de Pensiones, licenciado Arnulfo Villaseñor y el secretario del Consejo, licenciado Fernando Gallo Pérez.Pensiones ha continuado saneando el destino de sus inversiones como sucedió con la granja avícola ubicada en el predio de "El Zalate", cercano al aeropuerto internacional, que para febrero de 1989, había arrojado pérdidas por 120 millones de pesos, decidiendo el Consejo suspender sus actividades. Igualmente, se ha buscado implementar mecanismos ágiles para la tramitación de préstamos y pago de pensiones, logrando una reducción sustancial del tiempo requerido para su asignación, con el objeto de evitar molestias a los afiliados y la disminución de los costos de operación administrativa.Precisamente para darle mayor claridad a la gestión administrativa en mayo de 1989, se aprobó la creación del Fondo de administración con una partida inicial de dos mil millones de pesos asignados de la partida general; dicho fondo estaría destinado a cubrir las erogaciones correspondientes al costo de la administración. Formarían parte del fondo además: Los intereses que generaran los recursos asignados; las posteriores asignaciones que se aprobaran; los productos diversos que se obtuvieran y por los remanentes no ejercidos del presupuesto de egresos.Otro aspecto particularmente sensible que asumió la Dirección de Pensiones, fue la necesidad de incrementar la renta en los inmuebles de su propiedad, ya que durante muchos años, este pago fue verdaderamente simbólico y la partida que se obtenía era insuficiente, incluso para el adecuado mantenimiento de los edificios.Hasta el año de 1989, en 28 multifamiliares de su propiedad, Pensiones rentaba 635 departamentos en su mayoría de dos recámaras y 48 locales comerciales por lo que obtenía un ingreso anual de sólo unos cuantos millones de pesos. A pesar de los altos índices inflacionarios observados desde 1982, las rentas sólo se habían incrementado conforme a los aumentos que registraba el salario mínimo; en tanto que en el mercado se observaban aumentos superiores al 200 por ciento anual. En tales condiciones los ingresos que recibía Pensiones por tal concepto eran claramente insuficientes, frenando con ello la posibilidad de invertir nuevos recursos en la construcción de viviendas y multifamiliares para renta.El Consejo Directivo en la reunión del 23 de mayo de 1989, aprobó que a los nuevos inquilinos afiliados se les cobraría el 50 por ciento de los valores comerciales; aquellos que ya tuvieran departamentos arrendados se les incrementaría el precio conforme aumentara el salario mínimo mas un 30 por ciento adicional, hasta llegar al 50 por ciento de la renta comercial estimada. Finalmente, el arrendamiento para personas no afiliadas se cobraría de acuerdo a los valores comerciales.

La Dirección de Pensiones ha dejado de construir viviendas para su renta a los afiliados en virtud de que los costos han aumentado muchísimo y sólo muy pocos de ellos, estarían en condiciones de poder cubrir el crédito correspondiente. Buscando dar respuesta a la creciente solicitud de vivienda para los trabajadores, la Dirección de Pensiones ha iniciado un programa de construcción de departamentos para renta en las unidades "José Luis Arias Guzmán" y 'Fidel Ramírez Gutiérrez", inauguradas por el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri el 20 de septiembre de 1991, las que cuentan con 32 y 17 departamentos de dos recámaras respectivamente que son arrendados en 350 mil pesos mensuales en el primero y en 275 mil pesos en el segundo.

Con ese mismo objeto, se incremento el fondo para préstamos hipotecarios mediante el cual se otorgan 40 millones de pesos para cada solicitante, cantidad insuficiente ciertamente para construir una vivienda familiar, por lo que esta en estudio aumentar el crédito entre 80 a 100 millones de pesos, pagaderos en quince años, en descuentos mensuales equivalentes a dos salarios mínimos.

Durante esta administración los préstamos a corto plazo otorgados se expresaron de la siguiente manera:

Año
No. Préstamos
Importe Total
Promedio por Préstamo
1989
42,463
46,069,884,299
1,084,942
1990
39,833
60,596,430,876
1,521,262
1991
(Jul) 25,727
46,203,252,121
1,795,905

Desde el 19 de marzo de 1989 al 31 de julio de 1991,.se otorgaron 108 mil 23 préstamos a corto plazo por un total de 152,869 millones 567,296 pesos.En el préstamo a corto plazo el interés se cobra por adelantado y su tasa fue del 12 por ciento sobre saldos insolutos hasta febrero de 1989, variando entre el 10 y el 11 por ciento durante el período, hasta ubicarse en julio de 1991, a la tasa del 11 por ciento global anual.

Los préstamos a mediano plazo por su parte, observaron el siguiente movimiento:

Año
No. Préstamos
Importe Total
Promedio por Préstamo
1989
1,146
5,858,211,030
5,111,877
1990
1,423
13,385,787,629
9,406,738
1991
(Ago) 903
9,121,161,951
10,100,955

 

Los préstamos a mediano plazo que por motivo de la crisis económica nacional que repercutió en el fondo de reserva de Pensiones habían sido suspendidos durante varios años, fueron reincorporados a la lista de prestaciones en el mes de marzo de 1989 y hasta el mes de agosto de 1991, se habían otorgado $3,472. Este tipo de préstamos bajó la presión sobre el fondo de préstamos a corto plazo y permitió a los afiliados disponer de liquidez para adquirir bienes de consumo duradero, con mayor solvencia que con los préstamos a corto plazo cuyo monto es menor.

Como puede observarse en el cuadro correspondiente, el préstamo a mediano plazo duplicó su monto en solamente un año, lo que lo hizo mas atractivo y de mayor beneficio para los afiliados. Al ponerse en operación este fondo contaba con 2 mil millones de pesos, el cual fue totalmente rebajado y hubo necesidad de recurrir al fondo general para aumentarlo con mil millones de pesos mas. La tasa de interés que causaba de marzo de 1989 a junio de 1990 fue del 40 por ciento anual sobre saldos insolutos;; a partir de esa fecha siguiendo el índice a la baja observado por la banca privada fue bajando del 35 al 30 por ciento, para ubicarse en julio de 1991, al 28 por ciento anual.

Por su parte, el fondo para créditos hipotecarios entró en función a partir del mes de junio de 1990 otorgándose hasta el mes de diciembre de ese año, un total de 193 préstamos por un valor de $6,933'870,000. Del mes de enero al de agosto de 1991, se han otorgado 287 préstamos por un total de $11,365'200,000. El préstamo hipotecario se otorga por el monto de 120 salarios mínimos vigentes a la fecha, cobrándose un interés del 6 por ciento anual sobre saldos insolutos, que equivalen a 60 salarios mínimos, por lo que el pago final será por un total de 180 salarios mínimos, que será cubierto en abonos mensuales por el equivalente al salario mínimo vigente a la fecha de pago.

Los pensionados son parte medular de la labor social que realiza la institución y uno de los objetivos fundamentales de su existencia. En 1989 había 3,146 jubilados que recibían una pensión promedio de $291,646.00; hasta septiembre de 1991, su número llegó a 3,310 y su pensión promedio mensual llegó a $413,755 pesos.

A estos Pensionados se suman 232 derechohabientes, ya sean conyuge o hijos del trabajador fallecido, que reciben el equivalente a media pensión, cuyo monto promedio actual es de $201,934.00 pesos.

El mundo de los pensionados en el país es verdaderamente lamentable por la miserable situación en que se encuentran. Las pensiones se han ido achicando al paso de los años hasta convertirlas en algo meramente simbólico, con lo que es imposible mantenerse. Muchas instituciones oficiales, tienen pensiones cuyos montos no se han modificado en años, manteniendo en la penuria a miles de mexicanos que dieron los mejores años de su vida trabajando en beneficio de la sociedad y que hoy, se encuentran frustrados por lo que consideran un esfuerzo de años, estéril y sin reconocimiento.

En este ámbito resulta una excepción la Dirección de Pensiones del Estado, que ha tenido como una de sus políticas fundamentales el apoyo a quienes cumplieron con su cuota de trabajo productivo en la vida y por ley, sus pensiones son ajustadas conforme aumente el salario mínimo y en estos momentos, ninguno de ellos es inferior a dicho salario. Cuentan además con una policlínica donde son atendidos y realizan actividades recreativas y de estudio que les dan una razón para vivir, compartiendo con otros como ellos sus experiencias y sus recuerdos.

En el futuro inmediato, toda la política nacional de bienestar social debe ser revisada para dotarla de nuevos caminos; que retuercen la condición humana y la recompensa justa a los pensionados. Deben encontrarse fórmulas para que conforme se vayan realizando las aportaciones, estas se capitalicen de tal manera que la pensión sea el momento de una auténtica liberación, no el último eslabón de la cadena que aprisiona la vida.

Pensiones del Estado, ha dado un paso en ese sentido, tomando la delantera a las demás instituciones de su tipo en el país, en virtud de que recientemente se convirtió en socio de Banca Cremi, al comprar el 1 por ciento de las acciones, con una inversión de cinco mil millones de pesos (el 3 por ciento de¡ patrimonio de Pensiones), abriendo con ello expectativas inéditas en el manejo de fondos de bienestar social.

La modernización que está viviendo el país en su conjunto tendrá que incluir un nuevo trato para los pensionados, permitiéndoles vivir sin apremios económicos y con el orgullo de haber cumplido con la sociedad y con su país, cuando estuvieran en edad de hacerlo.

En el futuro de la política social no es su privatización sino el servicio eficiente, la capitalización moderada de sus recursos y la mística en hacer justicia a quienes por trabajo, se han hecho merecedores; a ella.

Carlos Rivera Aceves

El 22 d abril de 1992, la historia de Jalisco y de manera especial la de Guadalajara que aún celebraba el 450 aniversario de su fundación, cambió de manera dramática e inesperada. Al filo de las 10:00 de la mañana una serie de explosiones, provocaron la muerte de mas de 200 personas, así como miles de heridos y cuantiosos daños materiales a lo largo de ocho kilómetros en el Sector Reforma de la ciudad.

Las consecuencias sociales y políticas de estos hechos se sintieron de inmediato y el Cabildo en pleno que encabezaba el ingeniero Enrique Dau Flores, el cual había iniciado sus funciones apenas 22 días antes, se vio en la necesidad de renunciar para enfrentar posibles responsabilidades. El Cabildo fue sustituido por un Consejo Municipal al frente del cual se nombró al ingeniero Alberto Mora López.

Días después, el 30 de abril, el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, solicitó al Congreso del Estado, una licencia por un año con el objeto de facilitar la investigación que por instrucciones del presidente Carlos Salinas de Gortari, quedó a cargo de la Procuraduría General de la República. Al día siguiente, el Congreso nombró como gobernador interino, al licenciado Carlos Rivera Aceves.

Los primeros días fueron harto difíciles dadas las circunstancias excepcionales que vivía la ciudad de Guadalajara y el interés de los partidos políticos opositores por capitalizar a su favor las consecuencias sociales de la tragedia. Poco a poco, el afán conciliador, la reestructuración del gabinete de gobierno, la atención a las demandas de los damnificados, las tareas de reconstrucción que fueron encomendadas al C.P. Gabriel Covarrubias Ibarra, ex-alcalde de Guadalajara, fueron dando certidumbre y fortaleza a la administración de Carlos Rivera Aceves.

El gobernado interino nació en Guadalajara el 29 de junio de 1941. En sus años de estudiante en la Universidad de Guadalajara fue un destacado deportista que se graduó como abogado en 1963. Inició su carrera como funcionario público en el Estado de Tabasco en donde ocupó el cargo de director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General (1963-1965). Posteriormente ocupó diferentes cargos públicos pero su actividad fundamental ha girado en torno a la política en el seno del Partido Revolucionario Institucional, en donde ha sido delegado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Organizaciones Populares; secretario general de la misma en Jalisco; delegado del CEN del PRI en varios estados; dos veces ha sido diputado federal, dos veces diputado local y en dos ocasiones ha sido dirigente del PRI estatal. Fue regidor de Guadalajara, presidente municipal de Zapopan y siendo coordinador de la mayoría priísta del Congreso local, antes de lo que hubiera querido, las circunstancias políticas, lo llevaron al gobierno del Estado.

Con Carlos Rivera Aceves se integraron al gabinete: En la Secretaría General de Gobierno, el licenciado José Luis Leal Sanabria; en la de Finanzas, Arnulfo Villaseñor Saavedra; en Educación, Eugenio Ruiz Orozco; en Desarrollo Urbano, Jaime Ramírez Cornejo; en Desarrollo Rural, Arturo Gil Elizondo, en Promoción Económica, Gustavo Martínez Güitrón; en Turismo, Carlos González Lozano; en Cultura, Francisco González Rodríguez; en Salud, Jesús Salvador Peña Rivas; en Vialidad y Transporte, Eugenio Pelayo López; en Administración, Francisco Urzúa y como procurador de Justicia, el licenciado Leobardo Larios Guzmán.

Pasada la tempestad de los primeros días de gobierno, Rivera Aceves dio muestras de su pragmatismo político, sobre todo en lo que respecta a la obra pública, continuando aquella que era de prioridad evidente, deshaciéndose o congelando las que habían provocado irritación social. De esta manera, el famoso "techo-movil" instalado en Palacio de Gobierno fue desmantelado; la verificación vehicular fue congelada y la segunda etapa del Proyecto de La Zurda-Calderón-El Purgatorio fue puesto de nueva cuenta a consideración.

El 15 de marzo de 1993, al rendir su informe de labores, Rivera Aceves, señalaba que:

En 1992, la sociedad jalisciense vivió un período de prueba que obligó a sobreponerse a nuestras dificultades a fin de consolidar la vida institucional, preservar la paz social, mantener los índices de bienestar colectivo y alentar la participación plural como herramienta para vencer la incertidumbre y el desaliento (Informe de Gobierno, p. 8)

El gobierno vive una grave escasez de recursos para llevar a cabo las grandes obras que las necesidades del estado reclaman; ello se debe en gran medida a que las tareas de reconstrucción absorben un porcentaje importante del presupuesto y por otro lado, a la recesión que afecta a la economía nacional provocando bajas en la producción y en el consumo y ausencia de liquidez tanto en el sector público como en el privado. El resumen de las obras mas importantes llevadas a cabo por el licenciado Carlos Rivera Aceves en su primer año como gobernador interino, es el siguiente:

Las reformas constitucionales de mayor trascendencia se refieren a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para separar las funciones de promoción cultural de las actividades de la Secretaría de Educación; las de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Urbano y las de Fomento Artesanal y Pesquero de la Secretaría de Turismo. Igualmente se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos que en breve iniciará sus actividades; se promulgó la Ley de Planeación Urbana Y está por discutirse la reforma electoral.

El propósito de la política económica de la administración es obtener la salud financiera del estado, disminuyendo su deuda pública, reduciendo el costo de su servicio y programando la obra pública con apego a los recursos reales del gobierno a partir de esquemas financieros que no alteren el ejercicio presupuestario.

El ramo de educación siguió siendo de los más importantes y a su atención se canalizó el 26 por ciento del presupuesto estatal. A raíz del proceso para descentralizar hacia los estados las actividades que el gobierno federal llevaba a cabo en el nivel de educación básica, se firmó un convenio que significó la transferencia de 26,795 profesores, 4,461 escuelas y 714 mil millones de viejos pesos, destinados a presupuesto de 1992, a lo que hasta entonces se conoció como el sistema federal de enseñanza primaria y secundaria.

Durante 1992 se ejecutaron 7,753 obras de construcción, remodelación y mantenimiento con un costo de un billón, 911 mil millones de viejos pesos, aportados tanto por el gobierno estatal, la federación, créditos especiales y organizaciones ciudadanas.

El Programa Nacional de Solidaridad significó una erogación de 419 mil 337 millones de viejos pesos, de los cuales la federación aportó el 42 por ciento, el estado el 40 y el 18 por ciento restante, se generó a través de créditos y aportaciones directas de los vecinos.

Estos recursos fueron destinados a la realización de obras de alto contenido social entre las que podemos mencionar: Acciones de agua potable, alcantarillado, escuelas, caminos sacacosechas, rehabilitación y construcción de carreteras, vialidades urbanas, centros de salud y hospitales, canchas deportivas, electrificación y edificios; así como espacios públicos para la recreación y el esparcimiento.

Por su magnitud destacan: La ampliación del periférico de Guadalajara de dos a seis carriles; la rehabilitación de la carretera Tala-Mascota; la puesta en servicio de la autopista León-Lagos-Aguasealientes; la continuación de la autopista de los Altos; la terminación de la planta generadora de electricidad Agua Prieta, así como una serie de obras destinadas a mejorar la vialidad urbana como la línea II del Tren ligero, el proyecto para la realización de la Línea III; los pagos a desnivel en la avenida López Mateos (entronques con avenida México, Niños Héroes y Lázaro Cárdenas) y la construcción del puente vehicular entre la avenida Hidalgo y la calzada Independencia. Finalmente, con el apoyo del gobierno federal se concluyeron las obras; de la presa Trigomil, rebautizada como Ramón Corona, que incorporará al sistema de riego a 8,600 hectáreas, beneficiando con ello a 1, 140 productores del valle del Grullo-Autlán.

Por su parte las obras de reconstrucción del colector, las redes de agua potable y alcantarillado, electrificación y pavimentación de la zona siniestrada por las explosiones, representa hasta la fecha, una erogación de 200 millones de nuevos pesos. Por indemnizaciones y ayudas se han erogado 287 mil millones de viejos pesos.

Aunque no han faltado intentos para politizar la atención a los damnificados, o para cuestionar la eficiencia del Patronato de Reconstrucción, los hechos han demostrado que en todo momento se ha actuado con honestidad y eficiencia y el trabajo desempeñado por Gabriel Covarrubias Ibarra, ha sido ampliamente reconocido por todos los sectores de la sociedad jalisciense.

Al concluir su informe de labores, Rivera Aceves, definió con claridad la filosofía que ha imprimido a su actuación política:

Me propuse hacer de la concertación mi norma fundamental de acción, como reconocimiento al hecho de que Jalisco no es obra del esfuerzo de nadie en particular, sino el fruto surgido de la participación de muchas generaciones de jaliscienses. Buscando el consenso, y con el diálogo como instrumento de eficiencia comprobada, enfrenté las diferencias que surgieron en diversos sectores, considerándolas expresión natural de la percepción que cada uno tiene del entorno, sin tomarles nunca como actos de mala fé ni manifestaciones de encono y rencor. A todos sin distinción, les he ofrecido comprensión, apoyo y la mejor disposición para encontrar solución a los problemas que suscitan sus inquietudes particulares. (Informe de Gobierno, p. 40)

Al Pasar Arnulfo Villaseñor Saavedra a la Secretaría de Finanzas el gobernador Rivera Aceves, nombró al licenciado Heriberto Villaseñor Morales como nuevo director de Pensiones del Estado, quien habia estado vinculado a la misma por casi veinte años, desde sus puestos en la administración pública, como ser contralor de la misma Dirección, a partir de 1989.

Abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, Villaseñor Morales ha tenido una distinguida trayectoria que parte de la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, como catedrático; en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como secretario en la Segunda Sala de Acuerdos; fue tesorero general del Estado y miembro de la- Comisión Permanente de Tesoreros y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; .se desempeñó como subdelegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Jalisco; secretario y síndico del H. Ayuntamiento de Guadalajara; contralor de la Dirección de Pensiones del Estado con don Arnulfo Villaseñor Saavedra, hasta ocupar el cargo, en 1992, de director general de Pensiones del Estado.

La nueva administración de Pensiones impulsó y amplió el proyecto de trabajo elaborado por Arnulfo Villaseñor, dando un mayor dinamismo y control al sistema operativo a base de fondos específicos, el uso cuidadoso de los recursos de la institución y los programas de expansión previstos. A un año seis meses de haber asumido el cargo Heriberto Villaseñor obtiene resultados sobresalientes, sobre todo en el Programa de Vivienda; de igual forma en la construcción de un gran número de departamentos y locales comerciales, una política permanente de mantenimiento y la ampliación del préstamo hipotecario. Los edificios que siguieron su desarrollo, fueron Saturnino Coronado Organista, con 40 departamentos más; el de Francisco Medina Ascencio, con 46; el Miguel Guevara Jiménez con 166 departamentos más; el edificio de avenida Avila Camacho con 36 departamentos; sin contar locales comerciales y los estacionamientos cubiertos y descubiertos que ha construido en los mismos edificios. Para el mes de diciembre se contemplan tener 300 departamentos en funcionamiento. Este Programa de Fomento a la Vivienda, permite a la institución por una parte solidificar su patrimonio acrecentándolo y por la otra, a quienes obtienen un departamento de Pensiones en renta, pagan una cantidad equivalente al 50 por ciento de la que se paga en departamentos similares en la zona donde estén ubicados. Por todo ello se entiende la creación del Departamento de Ingeniería y el desarrollo de la prestación por la administración de Villaseñor Morales.

El préstamo para adquisición de bienes inmuebles por los afiliados, asciende ya a N$ 47,736.00 nuevos pesos. La erogación actual de préstamos hipotecarios es de N$33'090,264.00 nuevos pesos de los 876 préstamos otorgados, equivalentes en su monto a diez años de salario mínimo, por los cuales el trabajador solamente paga el correspondiente a un salario mínimo mensual durante quince años.

La administración de las oficinas y centros de servicio de la Dirección de Pensiones, es otro de los programas que destacan en el año de 1993. La institución cuenta con 249 empleados de los cuales 173 laboran en las oficinas generales, 70 en los centros de servicio y seis en las Delegaciones de Pensiones del interior del Estado. Además de incentivos especiales por puntualidad y eficiencia en el trabajo, el personal recibe actualización permanente, tanto en Relaciones Humanas y Trato al Público, como de las técnicas y procedimientos según su área de trabajo; así han tenido cursos de inglés, computación, archivística, capacitación secretarial, entre otros. La Organización y Métodos de la Dirección de Pensiones del Estado se cristalizaron con una nueva estructura orgánica, con manuales y reglamentos internos que permiten brindar con mayor eficiencia los servicios que demandan los trabajadores afiliados. Toda esta labor es palpable en la ventanilla, las prestaciones se otorgan con mayor rapidez, y de manera permanente. Se puede decir que al llegar a sus cuarenta años Pensiones del Estado alcanzó la madurez. Es un organismo público con sólidas finanzas, que con mayor eficiencia va tras sus objetivos y superación.


El resumen de las prestaciones otorgadas durante el primer año de la administración del licenciado Heriberto Villaseñor Morales, es el siguiente:

Hoy a cuarenta años de aquel enero de 1954, cuando el gobernador Agustín Yáñez inauguró el inicio formal de las actividades de Pensiones del Estado, aquella institución casi doméstica, cuenta con más de sesenta mil afiliados; un gran patrimonio inmobiliario y recursos financieros superiores a los 390 mil millones de viejos pesos; aquella oficina ubicada en la parte baja de la escalera de Palacio de Gobierno a la que asistían por las tardes unos cuantos empleados del Departamento de Hacienda del Estado, se convirtió en un edificio de tres niveles que alberga cientos de empleados administrativos dotados de modernos sistemas de computación que la han convertido en una de las dependencias oficiales mas eficientes. Hoy Pensiones ha iniciado su descentralización; en Lagos, Puerto Vallarta y Ocotlán, se integraron oficinas regionales en donde los afiliados pueden, realizar todos los trámites para las diversas presentaciones, sin necesidad de trasladarse hasta la capital del estado.

Prestaciones otorgadas en 1993
Dirección de Pensiones del Estado
P.C.P.

No. de préstamos
44,512
N$ 126´390,794.20
No. de Prestamo por documento
26
N$ 406,477.32
Total
44,538
N$ 126' 797,272.12
P.M.P.
No. de préstamos
1,249
N$ 17´090,721.00
Préstamos Hipotecarios
  Largo Plazo Corto Plazo
506
N$ 24´004,264.00
370
N$ 9´086,000.00
Total
N$ 33´090.264.00
 
 

Pensiones
Jubilados

Pensiones
Derechohabientes

3,336
N$ 22´094,688.40
319
N$ 941,654.52
  Aginaldo
Jubilados
Aguinaldo
Derechohabientes
33,341
N$ 1´785,426.69
N$ 75,364.00
Total
N$ 24´897,133.61
 
Auxilios póstumos
114
N$ 57´708.82
Prestaciones económicas  
Fallecidos en activo    
  No. de Fallecidos Importe
 
179
N$ 1´770,000.00
Devolución de fondo de aportación
4,699
Servicios médicos a jubilados y derechohabientes
3,655
Credenciales expedidas
16,553

 

Pensiones, una institución que recoge el espíritu justiciero de la revolución mexicana, se mantiene fiel a su origen social y a su compromiso histórico. Hoy en un México que revalúa instituciones como el ejido, así como ideales y propósitos para la construcción de una nueva sociedad, Pensiones del Estado es un ejemplo de congruencia entre el propósito enunciado y el deber cumplido. En su futuro no se ven nubarrones ni cambios en la estructura nacional que amenacen su existencia; por el contrario la experiencia acumulada le permitirá encontrar nuevos caminos para seguir siendo en Jalisco, la institución social de los trabajadores del Estado.


Historiador jalisciense por arraigo y convicción, ha sido catedrático en diversas escuelas de la Universidad de Guadalajara y en organismos del sector educativo de jalisco.

Su vasta obra de investigador se plasma en la publicación de artículos de difusión científica, ensayos y monografías, así como en casi una veintena de libros, entre los que están: jalisco, durante la república restaurada 1867-1897 2 t. (1981); Historia de Jalisco (1982. Autor de varios capítulos de los tomos 3 y 4); Manuel M. Diéguez y el constitucionalismo en Jalisco (1986); Del reyismo al nuevo orden constitucional 1910-1917 (1987, T. I de la colección Jalisco desde la Revolución); coordinador general de la colección jalisco desde la Revolución. (1987-1988, 14 tomos en 15 volúmenes); Enrique Díaz de León. Filosofía y acción política (1989, coautor).

Es investigador nacional desde 1984. Asimismo participó en la Comisión Estatal para los festejos del 175 Aniversario de la Independencia y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. De 1983 a 1989 fue director del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es investigador del Centro de Estudios de los Movimientos Sociales de la U. de G. y secretario técnico del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Periodo de renovación

Alberto Cárdenas Jiménez  

En marzo de 1995, asumió la responsabilidad de encabezar el Poder Ejecutivo del Estado, por el Partido Acción Nacional. Cárdenas Jiménez, consciente de la trascendencia histórica que tenía el mandato popular conferido aquel 12 de febrero de 1995, en las elecciones más competidas de la historia de Jalisco y al tomar posesión del cargo conferido, daba cuenta del Estado que recibía: Un Jalisco con activos y pasivos, con fortalezas y debilidades, pero sobre todo, con un ánimo renovado para cambiar la forma de Gobierno y de vida; con un deseo fuerte de empezar a caminar, por la nueva ruta elegida por la sociedad jalisciense. 

Es entonces donde la voluntad de la ciudadanía fue clara: Conducir la entidad, en medio de una severa crisis económica, y establecer un Gobierno dispuesto a respetar y hacer respetar la dignidad de todas las personas; un Poder Ejecutivo decidido a promover, coordinar y dirigir los esfuerzos de la Sociedad para alcanzar el Bien Común, y dispuesto a trabajar. 

En lo referente a la Dirección de Pensiones del Estado, se ratifica también su sino como Institución que tiene como razón de ser, la búsqueda permanente del Bien Común, Seguridad Social de sus afiliados, y además dos grandes tareas:

1)      La Administración Honesta y Eficiente de los recursos que le confieren

2)      La de prestar los servicios a que tienen derecho, sus afiliados, jubilados y pensionados. 

Desde su origen Pensiones, fue esta Institución pilar para otorgar diversas prestaciones a los empleados al servicio del Gobierno del Estado de Jalisco, así como los municipios, Organismos Públicos Descentralizados, Empresas y Asociaciones de participación Estatal o Municipal. Todo esto la convierte en una Institución de Servicio, pero ahora es también una entidad, eminentemente humanista, que se distingue por su sensibilidad ante las necesidades de sus afiliados, jubilados y pensionados y que actúa con justicia, con un criterio solidario y subsidiario. 

Las dependencias afiliadas mediante la representación del Consejo Directivo han conjuntado esfuerzos en torno a una estrategia de desarrollo social para posibilitar el acceso a los jaliscienses, sobre todo a los más necesitados de sus estructuras laborales, a una vida mejor y más digna, aplicando los principios de la solidaridad... El desarrollo integral de las personas y sus familias es lo que nos mueve a seguir trabajando con gran empeño para crear y fortalecer una nueva conciencia social que se traduzca en el mejoramiento de sus condiciones y en el respeto a su dignidad. (Informe de Gobierno, p. 9)  

El 15 de marzo de 1996, el Lic. Ricardo López de Anda tomó posesión de la Dirección de Pensiones del Estado, cargo que le fue conferido por el entonces Gobernador Ing. Cárdenas Jiménez. López de Anda, llegó a Pensiones procedente del COPLADE, donde se desempeñó como titular durante un año y cuya tarea, al decir del propio mandatario, permitió la instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo en el periodo 1995-2001, documento guía del accionar del Poder Ejecutivo, que tiene su estructura, presupuesto, control y evaluación.

La administración 1995-2001 representa un parteaguas que dejó atrás una serie de irregularidades de carácter administrativo. 

La transformación de la institución es prácticamente total: opera con finanzas sanas y transparentes, con independencia administrativa del Ejecutivo estatal; crea el Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR) en 1997; a su vez cuenta con una base de datos computarizada completa del historial de cada uno de sus afiliados; desconcentra del IMSS en la Zona Metropolitana el servicio de salud para los pensionados del Estado, sus beneficiarios, y los trabajadores de este organismo.

Mejor aún es el cambio de mentalidad de los empleados de Pensiones: no parecen servidores públicos. Las áreas de trabajo realmente son para eso; no son pequeños comedores ni espacios para el recreo. Es más, actualmente están en proceso de obtener este mismo año la certificación ISO 9002 para el SEDAR, y para el sistema de otorgamiento de prestaciones económicas.

La visión de los directivos que manejaron la Institución, permitió que la misma, se convirtiera en la primer Organismo de su tipo en el país en contar con su propia área de Planeación de Estudios Económicos y Actuariales, que realiza estudios serios de previsión del comportamiento de los afiliados, pensionados y sus beneficiarios 5, 10, y hasta dentro de 100 años.

Esto tiene su razón de ser. De una población de 95, mil servidores públicos afiliados, se estudia el comportamiento según la edad promedio, lugar donde se desempeña, esperanza de vida, entre otros muchos factores, para anticipar la tendencia de la población que se pensionará o jubilará, y por ende también de los beneficiarios. 

Las estadísticas muestran que México ahora más que nunca es un país de jóvenes, pero dentro de 40 años será principalmente un país de adultos y serán mayores las necesidades financieras de los institutos para la seguridad social. 

Una ventaja notable para este sector laboral es el Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, con el que se contrata además de la pensión garantizada por el antiguo régimen de pensiones por jubilación en edad avanzada e invalidez total y permanente, otra pensión adicional por retiro en edad avanzada o vejez.

Los beneficios de este sistema que entraron en vigor en abril de 1997, son varios y entre ellos tenemos que cada servidor público se administra en una cuenta individual que puede disfrutar en su retiro a través de tres opciones:

Cada afiliado podrá disponer de su fondo acumulado, en una sola exhibición; una pensión mensual vitalicia, situando los fondos en la institución de seguros que elija; o un plan de retiros programados, de acuerdo a su esperanza de vida, los que serán administrados por un fideicomiso. De continuar sobreviviendo en ese término, continuará recibiendo la pensión de esta Institución.

Otra ventaja es que quienes al momento de pensionarse no cuenten con el mínimo de 20 años de aportación al SEDAR, podrán optar por retirar en una sola exhibición el fondo acumulado.

Un fideicomiso administrado por una institución financiera, garantiza por ley que los ahorradores obtendrán rendimientos reales mínimo superior a 2 por ciento de la inflación. Las cifras son transparentes y cada trabajador recibe de manera individual periódicamente su estado de cuenta.

 

SEDAR

En el 1997 

El SEDAR opera mediante un Fideicomiso con una institución bancaria, conformado por un Comité Técnico presidido por el Gobernador del Estado e integrado por los representantes de la Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y de Administración; por la Dirección de Pensiones, Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, Ayuntamientos y organismos públicos afiliados.

El fideicomiso quedó finalmente manejado con la vigilancia y operación de un Comité Técnico que efectuó su primera sesión el 28 de mayo y realizando 5 más hasta diciembre de 1997, dentro de las cuales se elaboraron los siguientes reglamentos:

Ø      Reglamento Interno

Ø      Reglamento de Inversión del Fondo Fideicomitido

Adheridas, a la fecha, se encuentran 19 dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo, 22 Organismos Públicos Descentralizados, el Poder Legislativo y el Ayuntamiento de Guadalajara con un total de 76 mil 148 servidores públicos. El monto de aportaciones ascendió a $55’524,306.

Durante 1997 se efectuaron acciones como: elaboración del presupuesto de gasto, instalación del Sistema Integral Computarizado del SEDAR (SIC-SEDAR) cuyos procesos incluyen la instalación de la base de datos de afiliados, formulación técnica del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), aportaciones bimestrales, auditoría de datos, reportes y consultas.

Lo anterior permite que el SEDAR cuente con la base de datos más actualizada de los servidores públicos inscritos del Estado de Jalisco.

De mayo a diciembre de 1997, los recursos invertidos en el SEDAR , generaron intereses por $2’035,030, monto que representó una ganancia real neta de 4.84 por ciento en ese periodo.

Con fecha 10 de julio de 1997 se presentó oficio a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para iniciar los trámites de devolución del fondo acumulado del SAR por los años 1992 hasta el segundo bimestre de 1996. Con motivo de ello, la CONSAR formuló un reglamento general para la devolución de fondos aplicable en general a todas las Entidades Federativas; y la última información que se tiene, es que dicho reglamento será publicado en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor su aplicación.

 

En el 1998

Al cierre de 1998, el SEDAR registra las siguientes estadísticas:

1.      53 Dependencias Públicas adheridas.

2.      83,470 afiliados.

3.      Aportación de $123

4.      Rendimiento de $81.

5.      Comisión de $2.28.

 

En el 1999

Al cierre de 1999, el SEDAR registra las siguientes estadísticas:

1.      60 Dependencias Públicas adheridas.

2.      88,905 afiliados.

3.      Aportación de $154

4.      Rendimiento de $89.

5.      Comisión de $1.90.

6.      Saldo de $2,444.

7.      691 retiros de cuentas individuales por un total de $1’353,041

8.      Patrimonio fideicomitido de $218’982,443.

9.      Relación gasto/ingreso de 0.89por ciento.

 

En el 2000 

El Reglamento del SEDAR en su artículo segundo transitorio dice:

SEGUNDO. Realícense las acciones y gestiones necesarias para que las aportaciones que se han efectuado a favor de los servidores públicos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como sus productos financieros, pasen al nuevo sistema de ahorro que se crea, acumulándose a sus cuentas individuales, a efecto de que en su oportunidad ejerzan los derechos que les correspondan de acuerdo a las bases contenidas en el presente Reglamento.

Esta actividad iniciada desde julio de 1997 se ve culminada al obtener la primera devolución por parte de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de los fondos aportados al anterior sistema SAR Federal desde 1992 y hasta 1996, previos a la creación del SEDAR . La recuperación de estos recursos, ascendió a $107’970,340, cantidad que reintegraron los bancos que los operaban. Estos recursos fueron aplicados a 27 mil 487 cuentas, beneficiando a igual número de servidores públicos.

Con este logro la Dirección de Pensiones del Estado se convierte en pionera de este trámite a nivel nacional y, por lo tanto, en ser la primera institución de gobierno que recibe el reintegro de sus aportaciones al SAR, anterior régimen.

Al cierre de 2000, el SEDAR registra las siguientes estadísticas:

1.      65 Dependencias Públicas adheridas.

2.      96,397 afiliados.

3.      Aportación de $185

4.      Rendimiento de $121.

5.      Comisión de $2.53.

6.      Saldo de $4,742.

7.      1,349 retiros de cuentas individuales por un total de $2’705,014.

8.      Patrimonio fideicomitido de $451’584,548.

9.      Relación gasto/ingreso de 0.48por ciento.

 

Prestaciones Económicas 

Tres cuartas partes de los servidores públicos jaliscienses afiliados, se vieron beneficiados con el incremento a los montos de préstamos económicos al que tienen derecho; durante el último sexenio la cantidad de los préstamos otorgados casi se quintuplicó, para acumular $1,037.5 millones durante 2000, creciendo más del doble que la inflación acumulada desde 1994. 

Son 91 mil 893 los afiliados al organismo encargado de la seguridad social de los trabajadores en el gobierno jalisciense, que comprende municipios, OPD, participación mayoritaria, etc. la Dirección de Pensiones del Estado, de los que aproximadamente 37 por ciento son plazas del
magisterio. El número de servidores públicos aumentó 11.6 por ciento en el periodo 1995-2001.

 

Pensiones: 

La pensión promedio, en ese mismo lapso, se quintuplicó; mientras que en 1992 era de $556.05 mensual por cada trabajador, en 2000 fue de $2,371.42; existen 4,487 pensionados, una cuarta parte más que en 1994; en tanto que al cierre del ejercicio del 2000 cerró con 851 beneficiarios (familiares del pensionado fallecido que reciben 50por ciento de la pensión del trabajador), poco más del doble de la cifra que se tenía registrada en 1994.

La institución pagó por concepto de pensiones casi $145 millones durante el año pasado, 3.5 veces más que la cantidad pagada seis años atrás.

Los servidores públicos afiliados tienen derecho a obtener créditos blandos, dependiendo de su antigüedad en la Institución, y el salario promedio actual; en el año 2000 se beneficiaron tres de cada cuatro afiliados.  

Más de 1,500 trabajadores que adquirieron casa nueva, con préstamo hipotecario a 15 años promedio de $150,000 cada uno.

 

En el 2000, la tendencia en el aumento de la población pensionada continúa acrecentándose, por lo que para el cierre del año se contaba con 5 mil 338 pensionados. El número total de pensionados se incrementó en 4.7 por ciento comparado con 1999 y en 36.9 por ciento si la comparación la hacemos contra el inicio de la administración. Cabe destacar que los pensionados constituyen la columna vertebral de las prestaciones que otorga la Institución, por lo que este importante crecimiento de la población pensionada en estos años, ha requerido de la administración eficiente y adecuada de los recursos para el pago de pensiones, y el diseño de programas y proyectos con el ánimo de satisfacer las necesidades de nuestros pensionados.  

En lo que se refiere al programa de pago de pensiones, en el 2000, se destinaron recursos por $144,957,000, cantidad superior en 16.2 por ciento con respecto a lo ejercido en 1999. La manera en que fueron destinados estos recursos fue la siguiente: $100,001.85 para 2 mil 624 pensionados por años de servicio, $6,749,072 para 366 pensionados por edad avanzada, $27,028,200 para 1,494 pensionados por invalidez y $10,046,557 para los 851 derechohabientes [ de la Institución. 

 

  Aportaciones del Estado  

Los ingresos de la DIPE son acumulados por las aportaciones que realizan las fuentes laborales, independientemente de la cuenta individual del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro.

Tan solo durante el año 2000 las instituciones afiliadas aportaron casi 487 millones de pesos, 3.3 veces más que en 1994; durante los últimos seis años la Dirección de Pensiones ha recibido aportaciones por 1,755.7 millones de pesos.

La mayor aportación es del Poder Ejecutivo, de quien se obtuvo en el último año 59.5 por ciento del total, seguido por los 10 ayuntamientos afiliados, que aportaron 19 por ciento; los organismos descentralizados, 18 por ciento; el Poder Judicial, 1.9 por ciento; el Poder Legislativo, 0.7 por ciento, y de aportadores voluntarios, 0.4 por ciento.

Lo más trascendente logrado en los últimos seis años fue alcanzar la autonomía total del Ejecutivo estatal, lo que se refleja en la administración honesta y transparente de los recursos de los trabajadores afiliados.

Del total de las aportaciones recibidas en el año, $242,474,000 corresponden a la entidades públicas afiliadas y representa el 38.5 por ciento del total; $242,474,000 corresponde a la aportación del trabajador, y representa el mismo por ciento que la aportación del trabajador. Por último, el 23.0 por ciento, que equivale a $144,739,000 correspondió a las aportaciones patronales para vivienda de los servidores públicos.  

El sistema de cómputo nos permite conocer con precisión el historial crediticio de cada derechohabiente, quedando atrás los préstamos fantasmas y sin control.

Las finanzas de la DIPE, se encuentran sanas y la cartera vencida se ha reducido significativamente, pues aplicamos en casi todos los casos, un descuento directo a la nómina de cada trabajador.

 

Más seguridad social 

El concepto de seguridad social para los servidores públicos afiliados, comienza a ser más amplio que la sola prestación de atención médica y de pensiones; incluye otros servicios, como son la renta de vivienda para los servidores públicos en activo y pensionados los préstamos económicos a corto y mediano plazo, y créditos hipotecarios. Se calcula que 4 de cada 10 servidores públicos carecen de vivienda propia.  

Los beneficiados de esas prestaciones no sólo son los servidores públicos, sino también sus familias. 

En total un millar de servidores públicos y sus familias viven en 978 departamentos y 23 casas propiedad de la DIPE; la renta promedio de cada vivienda es de $800 mensual, incluyendo una cuota por mantenimiento, lo que garantiza que los inmuebles reciban pintura general una vez al año y reparaciones preventivas y correctivas, haciéndolos más decorosos. La aspiración de sus inquilinos es contar en el futuro con su vivienda propia.

 

Vivienda 

Durante el periodo 1995-2001 más de 7 mil 900 afiliados obtuvieron crédito hipotecario así como de liquidez a mediano plazo para la adquisición de vivienda y terreno  por un monto global cercano a los $800 millones de pesos. En otras palabras, según las estadísticas del organismo descentralizado, 20 por ciento de los servidores públicos sin vivienda propia obtuvieron un préstamo. 

La política de seguridad social de la DIPE no entrega a los servidores públicos préstamos hipotecarios simplemente para la obtención de una casa; está facilitando esos recursos para que los afiliados tengan un hogar que les permita integrar a su familia y propicie la formación y desarrollo de sus hijos. 

En el ejercicio del año 2001, el criterio para la adjudicación de crédito será determinado por la antigüedad de cotización del trabajador, y no por concurso. Son requisitos básicos contar con cuatro años de cotización como mínimo, ser menor de 50 años de edad o el respaldo de un deudor solidario; no tener adeudos actuales con la DIPE, ni inmuebles propios.

Hubo sólo una convocatoria de crédito hipotecario en 2001, y las solicitudes serán recibidas sólo en el mes de febrero. El acreditado debe pagar 20 por ciento de enganche de la vivienda. La tasa de interés es fija, de 6 por ciento anual sobre saldos insolutos.

Dos terceras partes de los trabajadores que necesitan vivienda perciben hasta tres salarios mínimos mensuales, y obtendrán créditos de entre 45 mil y 205 mil pesos.  

La Dirección de Pensiones del Estado, se incorporó al negocio inmobiliario de interés social apostándole a la plusvalía del desarrollo urbano, por lo que los trabajadores en general y los servidores públicos tendrán una posibilidad más de adquirir un inmueble.

Para obtener un mejor rendimiento de las reservas técnicas que garantizan el pago de pensiones de los servidores públicos, la DIPE invierte en productos financieros que brindan tasas de interés altas; sin embargo, el negocio de construcción masiva de vivienda promete dejar mayores dividendos que los pagarés bancarios. Muy por encima de la inflación.

El Consejo Directivo del organismo público descentralizado, donde participan representantes sindicales y de gobierno, desarrolla un proyecto que derivará en una inmobiliaria propia; los fondos de los servidores públicos ofrecen como ventaja el adquirir reservas territoriales rústicas y solventar los gastos de urbanización y construcción con recursos propios, aunque aún no hay fecha de inicio del proyecto formal.

Para hablar de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, debería decirse más bien, la Nueva DIPE, dado que el concepto que ahora maneja es muy distinto al que había a penas cinco años atrás.

Desde el momento que cualquier usuario ingresa a la torre general que se localiza en Av. Magisterio No. 1155, es fácil observar en los rostros del personal la tranquilidad que les brinda trabajar en una institución sólida; es más, (aunque parezca irónico en el sector público), desde luego sonríen con cortesía a los visitantes.

 

Inversión del Programa de Vivienda 2000  

Durante el 2000 se otorgaron 1,673 préstamos para la adquisición, ampliación, remodelación de vivienda ó redención de gravámenes, en beneficio de igual número de servidores públicos y de sus familias, ejerciéndose un presupuesto de $242,020,500.

Revisión, Evaluación y Dictaminación de Conjuntos Habitacionales (PH 2).

 

Valor de Inversiones y Generación de Empleos 

A través de la Dirección de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria, en aplicación de los procedimientos institucionales se evaluaron, aprobaron y apoyaron financieramente los siguientes conjuntos habitacionales; 9 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 3 en los Municipios del interior del Estado; con promoción y aprobación previa de los créditos hipotecarios, los cuales totalizan 414 viviendas, una inversión de $ 67,049,000 una generación de 517 empleos directos y 1034 empleos indirectos. 

 Se aplicaron 4 desarrollos habitacionales en la Z.M.G. y 2 en los municipios del interior del estado, con un total de 172 viviendas, con una inversión probable de $ 27,929,000, una generación de 215 empleos directos y 430 empleos indirectos. 

 Para el cierre del 2000, el total de servidores públicos afiliados a la institución ascendió a 91mil 600 personas con 103 mil 109 cuentas activas.

 

Servicios Médicos a Pensionados 

El primero de julio de 2000, se inauguró el sistema de salud de la Dirección de Pensiones de Jalisco, el cual tiene como objetivo fortalecer la calidad de vida de los pensionados de la institución, así como la de los servidores públicos que en ella laboran. 

El nuevo Sistema de Salud consiste en otorgar el primer nivel de atención a través de unidades médicas familiares (UNIMEF) propias, y subrogar el segundo y tercer nivel a hospitales particulares. Es cuando el 19 de septiembre de 2000, el C. Gobernador del Estado, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, tuvo a bien inaugurar la Unidad Médica Familiar UNIMEF-Federalismo, al igual que el Sistema Institucional de Salud de la Dirección de Pensiones del Estado, que cumplirá el programa de servicios médicos que antes brindaba la Policlínica.

La Unidad Médica Familiar es un espacio de atención a nuestros pensionados; es un espacio de servicios para superar el dolor, la angustia y la desesperación de hombres y mujeres que cumplieron una vida de trabajo en beneficio de la sociedad.

La construcción de la Unidad Médica fue posible merced a un esfuerzo  conjunto y gracias a la política de seguridad social emprendida por el régimen que encabezó el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, quien se preocupó por la salud de los servidores públicos y de los jaliscienses a lo largo de su mandato. 

Inversión:  

·         Inversión inicial de $10,282,329  que incluyó la remodelación de la anterior “Policlínica”, (ahora UNIMEF Federalismo) donde actualmente se dan 2 mil consultas mensuales, la adaptación de las oficinas administrativas, el equipamiento médico y el costo de la construcción y equipamiento de la UNIMEF ubicada en la Avenida Javier Mina y Plutarco Elías Calles. 

·         Las erogaciones  que se hubieran tenido que realizar durante el semestre julio-diciembre del año 2000 por la atención médica de los pensionados y del personal de la DIPE, de haber continuado con el esquema de atención médica anterior, resultarían en una suma de aproximadamente $9,768,575.00 mientras que con el nuevo Sistema de Salud fue de $9,129,264 lo que resulta un ahorro de recursos por $639,311. 

Con el nuevo esquema, fueron desincorporados del Instituto Mexicano del Seguro Social los pensionados que radican en la Zona Metropolitana de Guadalajara y después los trabajadores de la Dirección de Pensiones del Estado, recibiendo ahora la atención médica a través del Sistema de Salud Integral, administrado y operado directamente por la DIPE.

En el resto del estado la atención médica de nuestros pensionados continúa otorgándose a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Sistema de Salud  y la Unidad Médica Familiar, es la fórmula en la que se trabajará para hallar remedio al dolor físico, combatir las enfermedades, así como prevenirlas, resulta necesario para reducir los sufrimientos de nuestros pensionados y trabajadores.

Centro de Atención y Desarrollo Integral del Pensionado (CADIP)

Con el Centro de Atención y Desarrollo Integral del Pensionado (CADIP), se ha creado en el 2001 este espacio que permite elevar la calidad de vida de nuestros pensionados. Este centro es muy importante, dado que es el resultado de la suma de esfuerzos para poder desarrollar con calidad, eficiencia y calidez las actividades sociales y culturales de los pensionados.

El CADIP cuenta con tres áreas principales: la primera de ellas es de hospedaje y vivienda a pensionados; la segunda de apoyo psico-socio-cultural y la tercera es normativa y administrativa.

Dentro del CADIP, se tiene la Casa Hogar del pensionado que alberga a los mismos que por su situación de desamparo, requieren de apoyo médico y asistencial.

La Casa-Hogar tiene como función albergar y hospedar a los pensionados de la Institución, que habiendo cubierto los requisitos y el perfil establecido, se encuentren frágiles y en un estado de abandono y discapacidad total o parcial.

Esta Casa Hogar del Pensionado tiene una capacidad total de 89 pensionados, 13 de ellos crónicos.

El área de Desarrollo Integral coordina los servicios de rehabilitación física, psicológica y las actividades recreativas, culturales y sociales.

Al cierre del ejercicio del año 2000 la construcción del CADIP, registraba un avance del 98 por ciento, por lo que su inauguración era inminente. Su inversión aproximada fue de $29,360,000.

Este Centro tiene dos grandes áreas: El área de Desarrollo Integral, que será la nueva sede de nuestro programas de capacitación y talleres, de rehabilitación física, de actividades artísticas, culturales y recreativas. La segunda área es la Casa Hogar, que brindará afecto y cobijo a nuestros pensionados que sufren de pobreza y desamparo, proporcionándoles los servicios de hospedaje, alimentación, lavandería, atención médica, convivencia, esparcimiento y actividades religiosas. 

El CADIP permite el seguir cumpliendo dentro del marco de justicia social, los derechos y obligaciones establecidos por la Ley de la materia, aplicar la solidaridad con sentido de responsabilidad compartida, brindar apoyo, mediante los esfuerzos que realizan los pensionados para alcanzar su propio bienestar y superación, reafirmar nuestra empatía y espíritu de servicio que permite comprender las condiciones necesarias de los pensionados y satisfacerlas de la mejor manera posible.

En síntesis, el CADIP brinda los siguientes servicios: 

·         Disminución de enfermedades en la población pensionada.

·         Rehabilitación física.

·         Incremento del nivel y calidad de vida.

·         Reintegración al núcleo familiar.

·         Reconocimiento a la dignidad del ser humano.

·         La convivencia armónica con sus coetáneos y de la misma condición pensionaria. 

 “La construcción de este Centro es una obra de justicia y reconocimiento al trabajo de hombres y mujeres que dedicaron parte de su vida al engrandecimiento y a la modernidad del estado de Jalisco”, dijo el Ejecutivo el 16 de agosto de 1999 al colocar la primera piedra:

Seguimos Avanzando


Francisco Javier Ramírez Acuña 
Gracias a la confianza de los afiliados principalmente y de la sociedad en general, la continuidad que se le da al gobierno panista, marca una perspectiva de desarrollo y confiabilidad en los servicios que presta la Dirección de Pensiones del Estado. 

El actual Gobernador de Jalisco, nació en Jamay el 22 de abril de 1952; licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Desde joven estuvo vinculado a actividades políticas, con una notable participación en el Partido Acción Nacional, desde 1970. 

Dentro de sus funciones públicas más destacadas fue en la XLVII Legislatura del Estado de Jalisco como Diputado, en los años de 1974 a 1977 y de 1980 a 1983 de igual manera en la XLIX Legislatura del Estado. 

También se desempeñó como Regidor en Ayuntamiento de Zapopan de 1983 a 1985, posteriormente fue Director General del Sistecozome de 1995 a 1997 y presidente municipal de Guadalajara de 1998 al 2000. Actualmente es el Titular del Ejecutivo estatal en el periodo 2001-2007.

 

Años 2001-2002  

La dinámica de los fenómenos sociales, la complejidad creciente del entorno económico,         la intensa competencia en todos los órdenes y la decidida y activa participación de la sociedad, motivaron, durante los primeros meses de su gestión, la necesidad de ser cada vez más eficientes y de buscar con un poco de imaginación soluciones adecuadas a las necesidades de cada sector, de cada región y de cada comunidad. Por ello, desde el día en que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo refrendó el compromiso de trabajar intensamente para mantener el liderazgo de Jalisco en el Centro Occidente del país y acrecentar su presencia a escala internacional. 

En el inicio de su administración se destaca la importante reingeniería y redistribución de funciones, con la creación de dos nuevas Secretarías: la de Desarrollo Humano y la del Trabajo y Previsión Social, así como la creación del Instituto Jalisciense de la Mujer y el Instituto Jalisciense de la Juventud. A estas nuevas dependencias gubernamentales se les han encomendado tareas precisas, teniendo por objeto una mejor focalización de las acciones de gobierno para brindar a la ciudadanía una mejor atención y servicios más puntuales. Asimismo, sumándose al trabajo y las capacidades institucionales de los ayuntamientos, convencidos de su decisivo papel en la generación de las condiciones propicias para la competitividad de Jalisco y de una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, se constituyeron tres nuevos programas: el Lunes Municipal, el Comunitario y el de Acción Comunitaria Estatal, que se han convertido en importantes canales para mantener abierta y atenta a la administración pública estatal, frente a las necesidades de los 124 ayuntamientos de Jalisco. 

Otro ejemplo importante del trabajo conjunto con los municipios, es la organización de 13 redes regionales que, apoyadas en 124 comités municipales, han permitido la constitución de 1,496 comités locales de salud los cuales se han encargado y se encargan de 81 proyectos de alto impacto y bajo costo que benefician a alrededor de 300 mil habitantes.

 El 19 de septiembre de 2003, el Gobernador de Jalisco, Lic. Francisco Ramírez Acuña, nombró como Director General de Pensiones, al Lic. José Antonio Montero Villa, quien fungía como secretario de Administración, donde se desempeñó como titular durante dos años y como Presidente del Consejo Directivo de Pensiones del Estado.

 

Pensiones del Estado (Diagnóstico Actual)

Introducción

En nuestro tiempo el impulso de la seguridad social tal y como lo establece nuestra Carta Magna, ha generado en el hombre y en los gobiernos una de las actividades más humanitarias, generosas y solidarias, tomando en cuenta las condiciones políticas, económicas y sociales en que se desarrolla la humanidad. 

La seguridad social responde a las expectativas que todo trabajador tiene el derecho de vivir libre de preocupaciones por su futuro y el de su familia, teniendo siempre la seguridad de estar protegido contra las contingencias de invalidez, vejez, cesantía y muerte. 

Ante la ocurrencia de estas eventualidades toda persona enfrenta el grave problema de ver disminuidos sus ingresos y hasta verse privado totalmente de ellos, poniendo en riesgo su subsistencia y bienestar propio y por ende los miembros de su familia. 

De acuerdo al ordenamiento jurídico que la rige, se decide crear el 30 de diciembre de 1953 al aprobar el Congreso del Estado la Ley y promulgar el Ejecutivo el decreto 5904, la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco (DIPE), inició cubriendo un nivel limitado de prestaciones de mera subsistencia. En su recorrido y a través de los años amplió el número de afiliados; revalorizó, de manera anual, las pensiones con base en los ajustes salariales; incrementó los recursos destinados a la seguridad social y redujo el monto de su gasto corriente. 

Hoy en día, en que los sistemas de seguridad social buscan ampliar los beneficios, afrontan el reto de su viabilidad financiera. La DIPE no está ajena a esa problemática  y ha adecuado sus programas de trabajo a lo que dictan los estudios actuariales y a las nuevas condiciones demográficas, sociales y económicas. 

El trazo y aplicación de objetivos estratégicos contemplan las acciones necesarias, a corto, mediano y largo plazo, para con ello superar cualquier signo de rezago, agotamiento, insuficiencias y los crecientes problemas financieros que cuestionan la vida de Instituciones como ésta. 

En ese camino de superación constante ha contribuido el trabajar con personal calificado y capacitado en la aplicación de los avances tecnológicos, de informática, de vías de comunicación más eficaces y otros esquemas que fortalecen y le dan a la DIPE un sistema de seguridad social eficiente, equitativo y sustentable para las generaciones presentes y futuras. 

En este contexto y con un espíritu de servicio hemos recopilado este material informativo actualizado, con el ánimo de difundir el trabajo y el esfuerzo que se realizan día con día para fortalecer la calidad de los servicios y alcanzar la mejoría técnica, administrativa y funcional de nuestra Institución. Buscamos que la DIPE sea una institución sólida, dinámica y justa. 

Por lo tanto, estos esfuerzos son el resultado de un grupo de directivos y empleados de la DIPE. La labor de conjunto ha hecho posible que ahora este Organismo Público Descentralizado cuenta con un desarrollo que ofrece en síntesis una imagen real del trabajo que estamos realizando en beneficio de los servidores públicos. 

Al finalizar 2003 se tienen 111 dependencias afiliadas al Sistema de Pensiones en el Estado, de las cuales 20 pertenecen al Ejecutivo, 11 a municipios y el resto corresponden a organismos Públicos Descentralizados y otros poderes del Estado.

Actualmente, la Dirección de Pensiones proporciona diversos servicios que se han ido integrando y fortaleciendo, con la finalidad de brindar a los afiliados las mejores condiciones de seguridad social; con ello se pretende lograr una mejor calidad de vida de los servidores públicos durante su vida laboral y en su retiro.

La población afiliada asciende a 100 mil 073 servidores públicos, los cuales son la base sobre la que la Institución recibe aportaciones, estas aportaciones corresponden a 5 por ciento del asalariado y 8 por ciento del patrón, aquí se incluye un 3 por ciento para vivienda. Traducidos a aportaciones, equivalen a 712 millones de pesos recabados de enero a septiembre del año en curso.

Los beneficios al retiro del servicio activo que la dependencia brinda son: pensiones por jubilación, por años de servicio, por edad avanzada y por invalidez y media pensión a los derechohabientes de pensionados titulares fallecidos.

Se ofrecen también servicios médicos a pensionados y beneficiarios para asegurar la cobertura de sus principales necesidades de salud en el retiro, como un derecho adquirido por el solo transcurso del tiempo, durante el cual estuvieron activos en el servicio público.

El crecimiento de nuestros pensionados en la actualidad ha sido del 12.6 por ciento, respecto al cierre del año pasado, por lo que al 30 de septiembre de este año suman 7 mil 343 pensionados y derechohabientes. La tasa de crecimiento se ha reflejado año con año, dado que cada vez más servidores públicos adquieren el derecho a pensionarse.

Los recursos canalizados acumulados en este mismo periodo al pago de la nómina de pensionados, ascienden a 254 millones de pesos, por lo que en los últimos años el promedio mensual de la pensión hoy en día asciende a 4 mil 449 pesos, es decir 18 por ciento más alta que el promedio mensual del año pasado. Esta pensión equivale a 3.5 veces el salario mínimo de la Z.M.G. indicador que en los últimos años se ha incrementando de manera constante.

Asimismo, se cuenta con un programa de prestaciones económicas incluyendo préstamos de corto y mediano plazo, encaminados a cubrir las necesidades eventuales de efectivo, y para la adquisición de bienes de consumo duradero en condiciones adecuadas para los servidores públicos afiliados.

De enero a septiembre se han otorgado54 mil 181 préstamos con un importe superior a los1,068 millones de pesos.

Período 2001-2002 

Prestaciones Económicas

Las prestaciones económicas que brinda la Dirección de Pensiones del Estado a los servidores públicos afiliados y a sus trabajadores contribuyen a su desarrollo personal y  fortalecen la economía familiar. En el ejercicio 2001 hubo una derrama económica de $1,286’301,717 en los préstamos a corto y mediano plazo, así como de vivienda. 

Esta cantidad se convierte en un detonador de la actividad económica del Estado, beneficiando a diversos sectores de la sociedad.

En ese año que se presentaron las tasas de interés históricas más bajas, siendo para el préstamo a corto plazo de 5.1 por ciento anual y para el préstamo a mediano plazo de 11.3 por ciento anual, estas tasas de interés se encuentran por debajo de las tasas de mercado para préstamos similares, por lo que los afiliados y los pensionados cuentan con una opción de financiamiento accesible para satisfacer sus necesidades económicas familiares y mejorar su calidad de vida. 

Esta calidad de vida se reflejó en la adquisición de productos como refrigeradores, lavadoras, estufas, o en automóviles, lo que nos permite afirmar que en cada préstamo facilitamos recursos para que cada afiliado tenga un hogar, una sede, que le permita  integrar a su familia y propiciar la formación y desarrollo de sus hijos. El préstamo a corto plazo promedio de cada trabajador fue de $11,300 y 1,424 servidores públicos recibieron préstamos a mediano plazo en promedio de $43, mil cada uno.  

Asimismo, en el ejercicio 2001 se introdujo un cambio importante al liberar el Préstamo a Corto Plazo a la Carta. Con este nuevo esquema, se le da una mayor flexibilidad a esta prestación, ya que dependiendo del monto solicitado y de la capacidad de pago del solicitante, es él mismo quien puede fijar el monto de dinero y el plazo a pagar de su préstamo sin excederse de 12 meses. Este nuevo esquema ha sido muy aceptado entre los afiliados que frecuentemente acuden a solicitar esta prestación. 

Se otorgaron un total de 78 mil 240 préstamos a corto y mediano plazo, lo que implica que 81.77 por ciento de la población afiliada obtuvo el beneficio de estas prestaciones económicas; nominalmente el número de beneficiados se incrementó con respecto al ejercicio anterior.  

Con respecto a los recursos, en el año 2002 se destinó un total de $1,155`155,334 a este programa, cantidad superior en 44.5 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Si analizamos estas cifras, se puede ve que en el 2001 se otorgaron prestaciones económicas a una mayor cantidad de servidores públicos, que se tiene una mayor cobertura de esta prestación con respecto a la población afiliada total, y que el monto de cada préstamo individual se incrementó sustancialmente.  

Préstamos Hipotecarios 

En el ejercicio 2001 la Dirección de Pensiones inició un nuevo proceso para  otorgar los préstamos hipotecarios, el cual consiste en una convocatoria anual en la que los afiliados interesados hacen llegar a la Institución su petición y documentos. La adjudicación de los préstamos se realiza conforme a la antigüedad en cotizaciones y hasta igualar al presupuesto autorizado. 

El presupuesto asignado en 2001 fue de $215’453,000 que equivale a 774 acciones de vivienda a favor de otras tantas familias de servidores públicos, a los cuales se les otorgó un plazo de hasta un año para que lo ejerzan seleccionando la vivienda que mejor convenga a sus necesidades e intereses.  

Renta de Vivienda

Adicionalmente en 2001 se otorgó un subsidio de $8’967,602 a cerca de 1,000 familias de servidores públicos afiliados por concepto de renta de vivienda. Con el fin de fortalecer la economía familiar, se renta vivienda de la Institución al 50 por ciento del valor comercial, con esto se fortifica el presupuesto familiar, destinando esos recursos a otras áreas prioritarias del gasto.

Pensiones 

La población pensionada de la Dirección de Pensiones del Estado, al cierre del ejercicio del 2001, fue de 4 mil 976 pensionados y 925 derechohabientes. 

En el transcurso del año 2001 se pensionaron 779 servidores públicos que cumplieron las condiciones y requisitos que la Ley establece. Considerando estas altas y las bajas tenidas por fallecimiento, suspensión, etc. al final del año 2001 la nómina contenía 5 mil 901 pensionados que requirieron recursos por $ 200’910,000 que son $55’000,000 en números redondos más que el año pasado.

El promedio de la pensión a diciembre de 2001 fue de $ 3,045.45, que equivale a 2.67 veces al salario mínimo de la zona metropolitana de Guadalajara 

El importe de aguinaldo fue de $17’181,928 resultado de los 30 días que la Ley fija más 10 días adicionales otorgados por aprobación del Consejo Directivo.

En otras erogaciones por diversos conceptos se utilizaron $7’477,079 que ayudaron a que los pensionados además de sus ingresos en efectivo gozarán de eventos colectivos y múltiples actividades culturales, sociales y/o recreativas. 

De 4 mil 976, recibieron pensión por años de servicio el 51 por ciento;  el 26 por ciento por invalidez y el 7 por ciento por edad avanzada. El resto, 16 por ciento corresponde a los 925 derechohabientes.

Aportaciones del Estado

Seguridad Social 

El concepto de seguridad social hace referencia directa a la necesidad que todo ser humano, en lo individual, y la familia como célula básica de la sociedad, tienen que acceder a niveles satisfactorios de calidad de vida  digna. 

Cuando el hombre, por cualquier motivo, se ve privado del acceso a los elementos necesarios de seguridad social, siente frustradas sus aspiraciones de desarrollo y experimenta estados de angustia e incertidumbre por su presente y por su futuro, que destruyen su espíritu, merman su motivación, al tiempo que bloquean su creatividad y su capacidad laboral. 

Por el contrario, cuando están a su alcance las oportunidades de acceder a los diferentes medios que le aseguren una vida digna, vive un estado de certidumbre y de razonable tranquilidad que le permiten planear su futuro, enriquecer su espíritu, estimular su motivación, ensanchar su creatividad y productividad de trabajo, así como hacer suyas las causas y los objetivos institucionales. 

Al tomar en cuenta estas circunstancias, y  por instrucciones del Ejecutivo, la Dirección de Pensiones del Estado, creó las bases jurídicas, administrativas, financieras y operativas  para establecer en abril de 1997, el Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro  (SEDAR), para que los servidores públicos tengan en esta fórmula una prestación más, que significa una pensión adicional a la que tienen derecho en la propia Institución. 

A partir de ese momento la instauración del SEDAR representó el otorgamiento de una prestación de gran significado y trascendencia, pues esta especie de afore constituye una prestación económica adicional que enriquece los instrumentos de seguridad social a favor de los servidores públicos del Estado, que cuentan con un fondo creciente y productivo de ahorro propio, y pueden gozar de una pensión más amplia al momento de su retiro por jubilación, edad avanzada o invalidez total permanente. 

El manejo del SEDAR por dicho Comité ofrece mejores rendimientos de los ahorros de los servidores públicos y evita posibles riegos económicos. Los servidores públicos inscritos  pueden, entre otros beneficios, disfrutar del fondo acumulado en su cuenta individual al momento de pensionarse, a través de las siguientes opciones: retirar su fondo acumulado, en una sola exhibición; y una pensión vitalicia. Con un plan de pagos programados, de acuerdo a su esperanza de vida,  sus recursos le serán entregados por la Fiduciaria.

 

Cronología de la Constitución del SEDAR

7 de agosto de 1996: Formulación de propuesta del Acuerdo del Ejecutivo del SEDAR.

23 de enero de 1997: Publicación del Acuerdo del Ejecutivo en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”

4 de febrero de 1997: Instalación de la Comisión Provisional.

6 de marzo de 1997: Selección de la Fiduciaria por la Comisión Provisional. Instalación de subcomisiones de trabajo con la Fiduciaria (Enlace de Sistema de Informática, Elaboración del Proyecto de Contrato del Fideicomiso y del Plan de Mercadotecnia).

29 de abril de 1997: Aprobación del Contrato de fideicomiso.

30 de abril de 1997: Ceremonia de constitución del fideicomiso y entrega de primer aportación por $18’357,000.

Mayo de 1997:Designación del representante del C. Gobernador y todos los integrantes del Comité Técnico.

28 de mayo de 1997:Sesión inicial y formulación de plan de trabajo del Comité Técnico del SEDAR

19 de agosto de 1997: Formulación de su Reglamento Interno y Reglamento de Inversiones.

 

SEDAR en el 2001

Precisamente durante este ejercicio, el Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, entró a una etapa de plena consolidación y tuvo 2 grandes logros:

1.      Reingeniería a su proceso de información, logrando los siguientes objetivos:

a).   Disminución de 57 por ciento en las visitas de los representantes de las Dependencias Públicas adheridas al área del DIPSEDARpara realizar trámites.

b).   Reducción de 84 por ciento de papel utilizado en el flujo de información.

c).    Reducción de la plantilla de personal en un 20 por ciento.

2.      Obtener la segunda devolución por parte de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de los fondos aportados al anterior sistema SAR Federal. La recuperación acumulada ascendió a $150’778,052 con beneficios para 50 mil 034 servidores públicos inscritos.

EL punto primero mencionado anteriormente  fue  resultado  de  la  implantación  del  proyecto e-SEDR,   cuyos lineamientos generales eran los siguientes:

ü       Centrar actividades para dar mayor valor a los clientes.

ü       Mejorar la calidad del servicio: Evitando el desperdicio (paperless).

ü       Reducir costos administrativos: disminuyendo actividades manuales (downsizing).

Este gran proyecto consta de 5 fases:

1.       Estado Actual.- Determinar lo que del Sistema actual no genera valor al afiliado.

2.       Eficiencia Interna.- Mejorar la base de datos.

3.       Movimientos Mediante Incidencias .- Cambiar el paradigma de recibir bimestralmente 77 mil movimientos de aportaciones, altas y cambios y recibir solo el 6por ciento de esos movimientos a través de únicamente incidencias.

4.       S2D (SEDARa Dependencias).- Automatizar totalmente la interacción entre elSEDAR y las Dependencias, eliminando desplazamientos físicos y minimizando la utilización de papel. Esto podrá hacerse por medio de un portal WEB Gobierno a Gobierno.

5.       S2A (SEDARa Afiliados).- Automatizar totalmente los trámites que realizan los afiliados, evitando la sujeción a un horario (atención de 24 horas por 7 días a la semana en cualquier lugar) y quitando la necesidad de desplazamientos físicos. Esto podrá hacerse por medio de un portal WEB Gobierno a Cliente o Ciudadano y de servicios telefónicos con contestadora automática.

Ahora el SEDAR cuenta con 64 dependencias adheridas que reflejan un total de 95 mil 731 cuentas individuales de servidores públicos, sumando recursos por más de $414’644,000.

En gran medida este incremento se logró gracias a la buena estrategia financiera de inversión que se estableció desde la fundación de este sistema de ahorro para el retiro, pues sus tasas reales de interés fueron de 12.3 por ciento.

Vivienda 

La vivienda es el lugar donde la familia consolida su patrimonio, establece mejores condiciones para su inserción en la sociedad, genera las bases para una emancipación individual y colectiva e inicia el desarrollo social sano de sus miembros.

Es por ello que la vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye el cimiento del patrimonio familiar y es, al mismo tiempo condición primordial para alcanzar niveles adicionales de desarrollo.

Con el Programa Sectorial de Vivienda como acuerdo nacional,  visión de conjunto y participación de los tres órdenes de gobierno, la Dirección de Pensiones del Estado contribuye con su Plan Maestro de Vivienda en el esfuerzo de proporcionar vivienda a sus afiliados,  trabajadores del Gobierno del Estado, mediante el otorgamiento de préstamos  hipotecarios.

 

Plan Maestro de Vivienda 

El Plan Maestro de Vivienda es un instrumento permanente que permite a la DIPE promover la construcción y venta de vivienda, tanto en terrenos propios  de la Institución como a través de convenios con promotores y constructores de desarrollos particulares, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda de los afiliados. 

Para la creación de este Plan se tomaron en cuenta los resultados de encuestas practicadas sobre 'Situación y Preferencias Actuales de Vivienda', que determinaron la demanda potencial de vivienda, tanto cuantitativa como cualitativa, el diagnóstico, la definición, por sus rangos de ingreso y necesidades geográficas, las características económicas y técnicas de las viviendas que se requieren para satisfacer esa demanda, sobretodo de los afiliados de menores ingresos. 

El Plan no sólo permite identificar las necesidades de vivienda de los afiliados, sino que permite planear, optimizar recursos, desarrollar y decidir los proyectos estratégicos, de inversión directa, coinversión o adquisición.

Con este criterio la Dirección de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria través de su área técnica; recibió, revisó y analizó 2 mil 761 viviendas de 23 promociones las cuales mediante un proceso de verificación y evaluación que fue presentado a la Comisión de Evaluación de Vivienda se aprobaron 1290 viviendas de 18 promociones, para ofertarlas a los afiliados beneficiados con un préstamo hipotecario. 

Dictaminación de Conjuntos Habitacionales (PH)  

Generación de Empleos

A través de la Dirección de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria, en aplicación de los procedimientos institucionales se apoyaron financieramente los siguientes conjuntos habitacionales; 14 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 2 en los Municipios del interior del Estado; con promoción y aprobación previa de los créditos hipotecarios, los cuales totalizan 235 viviendas, una inversión de $ 44,214,500 una generación de 297 empleos directos y 594 empleos indirectos.  

Promoción y venta de Viviendas. 

Se brindó atención a los afiliados en general que solicitaron información sobre viviendas que se evaluaron y aprobaron en la convocatoria a promotores y  fincas en donación en pago que estaban disponibles para su venta a los mismos, logrando vender 17 fincas en dación en pago lo cual significo un importe de recuperación de $ 2´453,000.00. 

Es preciso resaltar  que el programa de vivienda, correspondiente al ejercicio del año 2001 forma parte del Plan Maestro de Vivienda, que creó  la Dirección de Pensiones del Estado para dotar de vivienda digna en un plazo entre 15 a 20 años a más de 40,000 servidores públicos afiliados que carecen de ella.  

Igualmente permite adquirir nuevos terrenos, con miras a constituir reservas territoriales para los proyectos de vivienda y otros fines institucionales de mediano y largo plazo. 

El Plan Maestro de Vivienda de la DIPE promueve y apoya la adquisición de viviendas que, al ser asignadas a través de créditos hipotecarios a trabajadores de la Institución, coadyuva a mejorar la calidad de vida de los afiliados y a generar una mayor seguridad, integración y estabilidad familiar.

Servicios Médicos 

La Dirección de Pensiones del Estado tomó la decisión, el 1 de julio de 2000 de desincorporar a sus pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tres meses después tomó igual medida con su plantilla de personal para comenzar a brindar atención médica a través de un Sistema administrado y operado directamente por la Institución. 

Además la Institución, en su esfuerzo por asegurar la calidad de la atención médica a sus asegurados, ha conformado su propio Cuerpo Médico integrado por especialistas de todas las ramas de la salud, que es responsable de brindar atención de primer nivel. La atención de segundo y tercer nivel se presta a través de un servicio subrogado con varios hospitales.  

La atención médica de primer nivel, comprende: 

Consulta externa de medicina familiar.

Odontología.

Laboratorio, análisis  clínicos y rayos X.

Medicamentos.

Urgencias, cirugías menores.

Dictámenes médicos. 

Atención médica de segundo nivel:  

Consulta externa y hospitalización.

Cirugías y atención de las especialidades básicas como Gineco Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía General.

Laboratorio, análisis clínicos y rayos X.

Rehabilitación física.

Medicamentos.

Prótesis conforme al marco de nuestro reglamento de servicios médicos. 

Atención médica de tercer nivel:  

Consulta externa y Hospitalización.

Cirugías  y atención de las especialidades mayores.

Medicina nuclear.

Diálisis y Hemodiálisis.

Medicamentos.

Prótesis conforme al marco de nuestro reglamento de servicios médicos.

Cirugía reconstructiva por origen traumático o patológico.

 

Unidad Medica Familiar (UNIMEF) Javier Mina

El Lic. Francisco Ramírez Acuña, Gobernador Constitucional del Estado inauguró la UNIDAD MÉDICA FAMILIAR ‘JAVIER MINA’ (UNIMEF), ubicada en el cruce de las avenidas Javier Mina y Plutarco Elías Calles. 

Esta Unidad Médica Familiar-Javier Mina se  ofrece los servicios médicos de primer nivel: como son medicina general, Rayos X, laboratorio de análisis clínicos, ginecología, odontología, urgencias y farmacia,  que vendrán a mejorar la salud y la calidad de vida de los hombres y mujeres pensionados de la Institución que  viven en los sectores Libertad y Reforma. 

La Unidad se edificó en una superficie de 712 metros cuadrados y requirió de una inversión de  $7’650,000.  

Tanto las Unidades Médicas Familiares como el Centro de Atención y Desarrollo Integral del Pensionado (CADIP) y la Casa Hogar del Pensionado, forman parte del Sistema de Salud establecido por la Institución. 

El trabajo efectuado en la construcción de esta Unidad Médica Familiar, se suma a los esfuerzos realizados por la presente administración, para que todos los jaliscienses alcancen un desarrollo humano e integral sólo afiliados y trabajadores de la DIPE. 

Con ello se cumple con uno de los cinco compromisos asumidos por su gobierno. Desarrollo humano e integral para todos los jaliscienses”. 

La UNIMEF- Javier Mina, la segunda en su tipo (la otra UNIMEF-Federalismo) permite  a la Dirección de Pensiones del Estado administrar de manera directa el servicio médico para los pensionados y el personal de la Institución, dentro  de los avances que se registran en los sistemas de seguridad social en México. 

Para ello creó una infraestructura hospitalaria propia tomando los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que favorece la construcción de unidades pequeñas que brindan atención personalizada a sus derechohabientes.  

Las dos Unidades Médicas Familiares están integradas por equipos medico-humano de muy alta capacidad y tienen espacio y  equipamiento que permite atender en promedio 2 mil 500 consultas con alta resolutividad al mes en cada una.

En detalle cada una cuenta conlas siguientes instalaciones y servicios:

ü       8 consultorios médicos.

ü       2 estaciones de asistentes de médico.

ü       Área de laboratorio clínico y de R.X.

ü       Equipo de cómputo.

ü       Farmacia.

ü       Atención dental.

ü       Servicios de Ambulancia.  

Los servicios médicos de segundo y tercer nivel se brindan a través de hospitales particulares subrogados.  

En la UNIMEF-Federalismo se atienden a los pensionados y trabajadores que viven en los sectores Hidalgo y Juárez y en la UNIMEF-Javier Mina a los pensionados y trabajadores de la institución que viven en los sectores Reforma y Libertad. 

Brindamos servicios de salud a 4,350 pensionados radicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a sus 769 derechohabientes, así como a los 335 empleados de la Institución y  sus 840 dependientes económicos, lo que nos arroja un total de 6 mil 294 asegurados. 

Durante los ejercicios del 2000 y 2001 acudieron a consulta médica 2 mil 415 personas, quienes recibieron 13 mil 192 consultas médicas, un promedio de 5 consultas por persona. Cada médico familiar atiende 12 consultas al día en promedio de 6.5 horas. Los principales diagnósticos son hipertensión arterial, diabetes melitus, enfermedades cardiorrespiratorias, y enfermedades reumáticas. 

De cada 100, 12 requieren de servicio de análisis clínicos, 8 son canalizados a especialidades, intervención quirúrgica u hospitalización. Sólo 85 pacientes han sido canalizados para la atención psiquiátrica, por problemas depresivos y de auto estima. El resultado son 132 cirugías y 273 hospitalizaciones no quirúrgicas en los hospitales privados donde se colocaron 10 marcapasos y se realizaron cinco cateterismos cardiacos a igual número de pacientes en ambos casos.  

Durante el ejercicio 2001 en ambas Unidades Médicas se otorgaron 36 mil 231consultas.

La edad promedio de los pensionados y trabajadores de la Institución que acudieron a consulta fue de 69 años. Se enviaron un total de 3,378 interconsultas a segundo y tercer nivel.

Durante el mismo periodo se hospitalizaron 950 pacientes y se practicaron 372 cirugías.

El promedio de edad de los pacientes hospitalizados es de 65 años, y de 3.8 días cama por paciente, dato que refleja la oportunidad y eficiencia de la intervención médica.    

Mediante una estrategia integral del cuidado de la salud, las clínicas del Sistema de Salud de Pensiones del Estado se caracterizan por su alta resolutividad, pues se solucionan en el primer nivel de atención médica el 90 por ciento de los casos que se presentan. 

 

Servicios Médicos Subrogados

La Dirección de Pensiones del Estado, mediante un sistema de referencia y contra referencia, proporciona los servicios médicos de segundo y tercer nivel a través de hospitales subrogados.

La Institución maneja también con este mismo sistema servicios con diversas empresas, para instalar, unidades de servicio de hemodiálisis (en comodato) en la UNIMEF Federalismo y se realizaron en el año de 2001, 355 sesiones de hemodiálisis.

Asimismo, se emprendió el Programa deCuidados Integrales en Casapara los pacientes que requieren apoyos especiales en su propio domicilio. Con ello se evita que el pensionado en estado de salud frágil se desplacen a la UNIMEF a recibir servicios. 

Además la Institución, en su esfuerzo por asegurar la calidad de la atención médica a sus asegurados, ha formado un cuerpo de médicos (Cuerpo Médico DIPE), de diferentes especialidades y ubicados en la zona metropolitana, y que son la base de la atención de segundo y tercer nivel, con ello ahora se cuenta con un cuerpo colegiado de soporte para la mejor atención médica de los pensionados y sus beneficiarios.

Recursos Destinados para la Atención Médica  

En cuanto a los recursos destinados a la atención médica, durante 2001 fueron $44’948, 070.

La consolidación del Sistema de Salud ha sido posible gracias  a la política de seguridad social emprendida por la administración del Lic. Francisco Ramírez Acuña, gobernador del Estado, plasmada como compromiso de gobierno precisamente en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 el cual es base para un Estado más justo y equitativo.

En este Plan de gobierno se definen los cinco compromisos fundamentales.  

1.- Oportunidades para todos.

2.- Gobierno cercano y transparente.

3.- Desarrollo humano e integral para todos los jaliscienses.

4.- Combate frontal contra la delincuencia.

5.- Desarrollo equilibrado y sustentable para todos los municipios y regiones.

6.-Programa de Servicios Médicos.  

 

CADIP  

El Centro de Atención y Desarrollo Integral del Pensionado (CADIP), que entró en servicio el primero de marzo de 2001, es un espacio que contribuye a que nuestros pensionados tengan una vida digna, plena y productiva en el retiro. Es una de las obras más importantes realizadas durante la presente gestión.  

Se edificó en una superficie de  9,417 metros cuadrados y requirió de una inversión de  $25’736,923. 

En este Centro se fomenta la reintegración al núcleo familiar de los pensionados; se ponen a su alcance los medios para el incremento del nivel y su calidad de vida, y se facilita la convivencia y desarrollo integral de la comunidad pensionada. 

El CADIP cuenta con tres áreas de servicio. 

La primera de ellas, en la quese atienden a  4 mil 978 pensionados, se refiere al Desarrollo Integral y coordina los servicios de rehabilitación física, psicológica y los diversos programas formativos, productivos, recreativos, culturales y sociales, bajo el siguiente esquema:  

1)      Gerontología.

2)      Dictámenes médicos.

3)      Rehabilitación física.

4)      Salud mental.

5)      Medicina Preventiva.

6)      Apoyo asistencial e higiene personal.

7)      Capacitación.

8)       Actividades productivas, sociales, culturalesy recreativas.  

Sabemos que el centro de Desarrollo Integral es la “casa de día” de nuestros pensionados a donde concurren en busca de apoyo solidario e institucional y a través de la convivencia con otros pensionados logran alcanzar su propio bienestar y superación individual.

 

Casa Hogar 

Dentro del CADIP, se tiene la Casa Hogar Del Pensionado que alberga a los pensionados que habiendo cubierto los requisitos y el perfil establecido, se encuentren  frágiles, y en un estado de abandono y discapacidad total o parcial. 

Las instalaciones de la Casa Hogar  cuenta  con  50  habitaciones  con  capacidad  para  89 residentes y están divididas en 3 secciones, correspondiendo una de ellas a enfermos crónicos que son atendidos con equipo médico especializado. 

Estos son  los servicios que proporcionan:  

¨       Hospedaje en forma individual o compartida de acuerdo al resultado de los estudios realizados.

¨       Alimentación balanceada.

¨       Rehabilitación física y psicológica.

¨       Terapias ocupacionales.

¨       Atención médica de primer nivel.

¨       Recreación, meditación recogimiento en jardines, áreas de  esparcimiento y servicios religiosos. 

Con estos servicios médicos han disminuido las enfermedades en la población pensionada lo que propicia la reintegración de muchos pensionados al núcleo familiar; se reconoce su dignidad humana y mejora su calidad de vida.

En la Casa Hogar, se siente de manera directa la nueva forma de vida que han encontrado los pensionados.

Sabemos que el trabajo de los médicos, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y todo el personal, han contribuido a que nuestros internos recobren el gusto por la vida; se hayan encontrado consigo mismos, con su yo interno, con su fe y desde luego con algunos miembros de su familia.

Cada habitación  consta de cama, baño, closet, luz de cabecera con sistema de llamado a la central de enfermeras, cableado para televisión, teléfono y contactos para aparatos eléctricos y de cómputo.

En cuanto a los recursos destinados para la operación de la Casa Hogar, para actividades sociales y culturales y en general para toda la operación del CADIP, en el ejercicio 2001 se destinaron $25’309,000.

Para poder ingresar a la Casa Hogar es requisito  ser pensionado por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, ser mayor de 60 años, hallarse en un estado de desamparo parcial o total y cuyo gasto mensual de alimentación sea superior al 50 por ciento o más de su ingreso personal.

Se tienen pacientes discapacitados que requieren apoyo de enfermería, que consiste en el baño diario, cambio de ropa, uso de sillas de ruedas, alimentación en la boca, cambio de pañal, apoyo al levantarlos, traslados al comedor, cambio de cama y servicio médico.  

Área de Desarrollo Integral

Mediante este Programa, que es permanente, se realiza una evaluación socioeconómica a los pensionados más necesitados o que sufren desamparo de familiares, para determinar los apoyos que requieren.

El programa incluye visitas domiciliarias en las que personal de Trabajo Social brinda a los pensionados apoyo psicológico, medicinas, despensas y otras asistencias. Estas visitas son simultáneas a las que realiza  las Brigadas de Pensionados en apoyo a sus compañeros enfermos, minusválidos y desamparados.

Durante el año 2001 el área de Trabajo Social realizó acciones particulares para brindar a los pensionados apoyo moral y psíquico y en otros casos apoyo material proporcionándoles medicinas, despensas, regalos y lentes, o llevarles sus pagos o realizar la supervivencia.

Otros tipos de ayuda consistieron en dar asistencia y orientación en trámites diversos como: bonificación de pagos en el SIAPA o Catastro, tramitación de credenciales del INSEN, entrega de cheques a incapacitados, trámites ante DIF, Cáritas u otros organismos diversos.

Año 2002 

La Institución cuenta al cierre del año con un total de 97 mil 224 servidores públicos afiliados. Los afiliados citados, son la base sobre la que se reciben aportaciones 5 por ciento del sueldo base de cotización del servidor público y 8 por ciento por parte de la entidad pública empleadora (del cual 3 por ciento es destinado para vivienda), para sumar un total de 13 por ciento sobre el sueldo base de cotización, que traducido a recursos financieros equivalen $866’224,000, cantidad superior en 16.6 por ciento con respecto a lo aportado el año anterior. 

El total de aportaciones se desglosan de la siguiente manera: $334’600,000 deaportación del servidor público, $334’600,000 aportación patronal y $197’024,000 aportación patronal para prestaciones de vivienda de los servidores públicos. La correcta administración de estos recursos ha hecho posible la consolidación financiera de la Institución y la acumulación de reservas que serán fundamentales en el futuro para asegurar el pago de las obligaciones, ahora sólo vistas como contingencia, pero que se tendrán que cubrir en el futuro.

Prestaciones Económicas 

En el 2002, se otorgaron un total de 63,696 préstamos a corto y mediano plazo,lo que implica que 65.5por ciento de la población afiliada obtuvo el beneficio de estas prestaciones económicas; nominalmente el número de beneficiados se incrementó en 15,930 con respecto al ejercicio anterior. Con respecto a los recursos, este año se destinó un total de $1,156,360,000 a este programa,cantidad superior en 33.4por ciento con respecto al ejercicio anterior. 

Derrama Económica

Si se toman en cuenta los recursos destinados a las acciones de vivienda y se agrega lo ejercido en el programa de prestaciones económicas, la derrama económica generada en el Estado asciende a $1,405’153,500. Esta cantidad se convierte en un detonador de la actividad económica del Estado, beneficiando a muy diversos sectores de la sociedad.

Pensiones 

En los últimos años el crecimiento en el número de pensionados ha sido constante y para Diciembre de 2002, el número de pensionados se incrementó en 12.5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que ahora la Institución cuenta con un total de 6 mil 636 pensionados y derechohabientes. 

Los recursos financieros canalizados al pago de la nómina de pensionados (incluyendo aguinaldo) ascendió a $279’380,000, esta cantidad es superior en 39 por ciento a los recursos destinados en el 2001 por este mismo concepto

Es notorio el incremento superior en monto de recursos destinados a pago de nómina visto contra el incremento en el número de pensionados, este efecto se traduce en el incremento de la pensión, que a Diciembre de 2002 fue por un promedio de $3 mil 762 (3.1 veces el salario mínimo mensual de la Zona Metropolitana de Guadalajara) contra $3 mil 045 del año pasado, lo que implica un incremento nominal de 23.6 por ciento

Programa de auxilio póstumo  

Este beneficio lo reciben tanto los beneficiarios de los pensionados fallecidos, como los de los servidores públicos fallecidos. Para el caso de los pensionados, el beneficio de la prestación es equivalente a un mes de pensión para pago de marcha. En 2002 se otorgó esta prestación a un total de 162 beneficiarios de pensionados fallecidos y los recursos destinados para ello fueron por $375,944. Para los familiares de fallecidos en activo, la prestación equivale a 20 salarios mínimos mensuales de la Zona de Guadalajara, habiendo fallecido ese año 157; por lo que el pago de la prestación significó 3’ 598,000.00.

 

SEDAR

En el 2002  

Al cierre de ese año, el SEDAR cuenta con 68 dependencias adheridas que reflejan un total de 108,452 cuentas individuales de servidores públicos. Es importante destacar que el patrimonio fideicomitido al cierre del 2002 suma la cantidad de $786’421,287 y su inversión ha logrado obtener un rendimiento real por encima de la inflación de 3.5 por ciento.

Con plena estabilidad en su proceso y con una dinámica de mejora continua el SEDAR avanza al iniciar el año con toda su  documentación  registrada  bajo  los  parámetros  definidos  por ISO-9000 y habiendo aprobado las 2 auditorías internas realizadas por el Comité ISO instaurado por la Dirección General de la DIPE. Quedando en espera de obtener la certificación por una empresa externa.

En abril se inicio la entrega diaria de los retiros solicitados por los afiliados o sus beneficiarios. Este trámite hasta esa fecha se realizaba una vez al mes. Con este avance extraordinario en la agilidad para culminar una solicitud fue el resultado de una encuesta realizada del 11 al 15 de marzo de 2002 a los asistentes al Centro de Atención del SEDAR y, enseguida, se realizó un análisis QFD de los datos obtenidos. El resultado muestra una prioridad alta a la entrega pronta y ágil de los recursos solicitados.

Una vez más con este avance dimos respuesta positiva a las expectativas de nuestros afiliados.

Del 17 de enero al 8 de febrero se realizó la segunda Encuesta sobre la Calidad en el Servicio proporcionada en el SEDAR , dando los siguientes resultados:

Ø      Tiempo de espera para ser atendido:

q      59 por ciento inmediato.

q      31 por ciento menos de 5 minutos.

 

Ø      Calidad de la atención:

q      84 por ciento excelente

q      11 por ciento bueno

Los participantes fueron 80 y es conveniente resaltar que una observación de mejora recurrente en los encuestados es la ubicación y señalización del área de atención de afiliados.

Al cierre de 2002, el SEDAR registra las siguientes estadísticas:

1.      68 Dependencias Públicas adheridas.

2.      109,245 afiliados.

3.      Aportación de $233

4.      Rendimiento de $87.

5.      Comisión de $3.86.

6.      Saldo de $7,513.

7.      2,671 retiros de cuentas individuales por un total de $20’738,059

8.      Patrimonio fideicomitido de $786’421,287.

9.      Relación gasto/ingreso de 0.72 por ciento.

La inversión del fondo total ha logrado un rendimiento real por encima de la inflación de 3.5 por ciento.

 

En el 2003

Del 25 de agosto al 5 de septiembre se realizó la tercera Encuesta sobre la Calidad en el Servicio proporcionada en el SEDAR , dando los siguientes resultados:

Ø      Tiempo de espera para ser atendido:

q      87 por ciento inmediato.

q      13 por ciento menos de 5 minutos.

 

Ø      Calidad de la atención:

q      89.9 por ciento excelente.

q      10 por ciento bueno.

Los participantes fueron 51 y es alta y positiva la diferencia entre la encuesta anterior y la actual, en ambos conceptos se obtuvo mejora al disminuir el tiempo de espera y al aumentar la calidad en la atención.

En febrero iniciamos el envío de 12,415 cartas a los afiliados que tienen más de un año sin cotizar al SEDAR , el propósito es darles a conocer su Estado de Cuenta y conocer su situación laboral, para si ésta es de cesantía comunicarles que pueden retirar su fondo acumulado una vez cumpliendo los requisitos de Ley, los cuales se les explicaban a detalle en la misiva. La respuesta a la fecha fue de 3 mil personas que han retiraron cerca de $13’000,000 entre todas.

También como resultado de este comunicado enviado vía correo se efectuaron retiros del fondo por el tipo de Transferencia de Fondos a través de realizar los depósitos en la cuenta individual de AFORE a nombre de cada solicitante. Este tipo de retiro igualmente tuvo una gran demanda de aquellos ex-servidores públicos que actualmente están cotizando al IMSS.

Al cierre de 2003, el SEDAR registra las siguientes estadísticas:

1.       71 Dependencias Públicas adheridas.

2.       116 mil 038 afiliados.

3.       Aportación de $243

4.       Rendimiento de $127.

5.       Comisión de $3.92.

6.       Saldo de $8 mil 530.

7.       7 mil 189 retiros de cuentas individuales por un total de $39’023,410

8.       Patrimonio fideicomitido de $931’511,179.

9.       Relación gasto/ingreso de 0.87 por ciento

 

Vivienda 

Con el inicio del 2001 inició el nuevo esquema para el otorgamiento de préstamos hipotecarios, consistente en una convocatoria anual en la que los afiliados interesados hacen llegar a la Institución una presolicitud manifestando su deseo de obtener un préstamo hipotecario, la asignación de los préstamos hipotecarios fue otorgada preferentemente a aquellos servidores públicos afiliados, que con requisitos cubiertos, tuvieran mayor antigüedad en el servicio. Además, se asignó una partida para redención de hipotecas y los casos de mayor urgencia y necesidad.

El presupuesto asignado en 2002 fue de $248’793,500 que equivalen a 1,316 acciones de vivienda a favor de otras tantas familias de servidores públicos, a los cuales se les otorgó un plazo de hasta un año para que lo ejerzan eligiendo la vivienda que mejor convenga a sus necesidades e intereses.

Adicionalmente en 2002 se proporcionó el servicio de renta de vivienda a cerca de 1000 familias de servidores públicos afiliados, a precios subsidiados en un monto de $23’590,000. 

 

Servicios Médicos 

Actualmente, la atención médica de primer nivel se otorga en nuestras dos unidades médicas, la primera se ubicada en Av. Federalismo norte No. 1903 y la segunda, ubicada en Javier Mina(Plutarco Elías Calles # 143 Esq. Av. Javier Mina).  

Durante el ejercicio fueron administradas 50 mil 697 consultas; la edad promedio de nuestros pensionados que acudieron a consulta fue de 59años; se canalizaron un total de 6 mil 125 interconsultas a segundo y tercer nivel. En el mismo periodo se hospitalizaron 1,181 pacientes, 593 de ellos para tratamiento médico hospitalario y 588 para tratamiento quirúrgico.  

Además la Institución, en su esfuerzo por asegurar la calidad de la atención médica a sus afiliados, ha formado un cuerpo de médicos (Cuerpo Médico DIPE), de diferentes especialidades y ubicados a lo largo de la Zona Metropolitana, y que son la base de la atención de segundo y tercer nivel, para beneficio de los mismos.

En cuanto a los recursos destinados a la atención médica, durante 2002 se erogó un total de $58’499,930.

CADIP 

La Casa-Hogar tiene como función albergar y hospedar a los pensionados de la institución, que se encuentren frágiles y en un estado de desamparo y discapacidad total o parcial. Esta Casa Hogar actualmente cuenta con 47 residentes permanentes. El área de desarrollo integral coordina los servicios de rehabilitación física, psicológica y las actividades recreativas, culturales y sociales.

En cuanto a los recursos destinados para la operación del CADIP en el ejercicio 2002 se erogaron $7’673,002.

 

[7] El Sistema de Salud consiste en el otorgamiento por medio de dos Unidades Médicas Familiares, de la atención del primer nivel a los pensionados de la zona metropolitana de Guadalajara,a los empleados de la Dirección de Pensiones y a los beneficiarios de ambos; para segundo y tercer nivel existe convenio con hospitales particulares. A los pensionados del interior del Estado, se les brinda la atención médica a través del IMSS.

 

Logros Principales 2001-2003

 

UNIDAD MÉDICA FAMILIAR JAVIER MINA (2001)  

Construcción y puesta en operación de la Unidad Médica Familiar Javier Mina (UNIMEF). Inició sus operaciones el 11 de Septiembre del 2001 y fue inaugurada el 7 de Septiembre del 2001 por el Sr. Gobernador, Lic. Francisco Ramírez Acuña. Con ello son dos las unidades médicas en operación al servicio de los pensionados.

PRESTACIONES ECONÓMICAS Y DE VIVIENDA (2003) 

En 2003 se logró una cobertura de 75 por ciento de la población afiliada que se benefició con alguno de los cuatro préstamos que otorga la Institución: corto plazo, mediano plazo, de liquidez a mediano plazo o hipotecario. La cantidad total de préstamos otorgados asciende a 75 mil 767. Los recursos otorgados totales que la Institución canalizó para préstamos ascienden a $1,765’259,000 cantidad que convertida en consumo e inversión y que se traduce en detonante de la actividad económica en el Estado. En general, las solicitudes de préstamo de corto plazo, se resuelven a más tardar en 3 días.  

ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LAS AMÉRICAS (2003) 

Se continuó con la estrategia de diversificación de inversiones productivas de la institución y como parte de la misma, se firmó un Convenio con el Ayuntamiento de Zapopan para construir y operar un estacionamiento subterráneo en la Plaza de las Américas, junto a la Basílica de Zapopan, para satisfacer la demanda de estacionamiento en el centro histórico de ese municipio. El estacionamiento público en cuestión tiene una capacidad de 730 cajones en dos niveles subterráneos en 29 mil m2 de construcción. 

PENSIONADOS  

El importe destinado para pagos de pensión ascendió durante 2003 a $339’268,000 con lo cual se cubrieron los beneficios que les concede la Ley a 7 mil 511 pensionados por años de servicio, edad avanzada, invalidez; así como aquellos derechohabientes de pensionados fallecidos. El promedio de la pensión mensual se incrementó de $3,762 a $4,589, importe que equivale a 3.6 salarios mínimos mensuales contra 3.2 de 2002. Este indicador muestra el incremento en el poder adquisitivo de las pensiones otorgadas en el periodo, efecto del mejor salario percibido por los servidores públicos en activo que se traduce en una mayor pensión.

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